La reforma judicial… ¿llegará a La Pampa?

I – La reforma judicial que se debate en estos días en el Congreso de la Nación, y que ya tiene media sanción del Senado, dotará a nuestra provincia de dos nuevos juzgados federales y una Cámara de Apelaciones. La novedad tomó estado público en la semana y forma parte de los acuerdos que en la cámara alta tejió el oficialismo con los gobernadores para sumar apoyo a la iniciativa. La creación de estos juzgados en medio del debate nacional por la reforma llega a la provincia justo cuando aquí se discute también el rol de la justicia.
II – Pese a sus diferencias, ambas discusiones tienen algunas similitudes. La discusión nacional se tornó urgente luego de la escandalosa utilización política y mediática de Comodoro Py a través de la llamada «mesa judicial» donde el ex presidente daba órdenes a jueces y fiscales para que activaran causas contra líderes opositores. Esa acusación de utilización política tiene sólidas bases materiales, tanto en propias declaraciones del ex mandatario como en el direccionamiento de causas hacia juzgados adictos a Cambiemos o el ataque a los que se resistían.
III – El radicalismo pampeano lanzó en la semana una acusación similar de utilización política de la justicia aunque los hechos que pone como ejemplo no parecen ni cerca tan graves como los que complican al macrismo. Ha dicho que la justicia pampeana actúa más atenta al color político de los judiciables que a la objetividad de los hechos que investiga y juzga. Puso como ejemplo lo que considera es distinto tratamiento con las irregularidades producidas en las comunas peronistas con el reciente allanamiento a la comuna radical de Anguil por unas facturas de pago al comité partidario.
IV – Pero aquí, en La Pampa, la justicia lugareña no sólo está en la mira de la oposición. También lo está en la del oficialismo que ha denunciado penalmente a conspicuos integrantes de los tribunales por el caso conocido como la «cena judicial». Subyace detrás de esa denuncia el convencimiento en el gobierno provincial de la existencia en ese poder del Estado de una actitud corporativa que, de manera subterránea, influye más en las algunas decisiones judiciales que la propia ley o la jurisprudencia. Así, oficialismo y oposición, con distinto interés pero con idéntica desconfianza, miran al Poder Judicial como un conjunto de voluntades volubles al poder, en un caso, y encerradas en una lógica de conservación de privilegios y defensa de casta, en el otro.
V – Es posible que ambos tengan razón y que haya, efectivamente, quienes dentro de la justicia, no quieran malquistarse con el poder político-administrativo y fallen con mayor benevolencia cuando una de las partes sea el gobierno como también es posible que haya en algunos de sus integrantes un mayor apego al espíritu de cuerpo que al mandato legal al que deberían estar atados «con los ojos cerrados». Una y otra alteración en la misión de la justicia tienen, posiblemente, un único origen: la dudosa legitimidad que tienen los nombramientos a partir del momento que no son fruto de una decisión del soberano a través de una elección, sino de decisiones políticas cuando no de enjuagues o acuerdos no explicitados.
VI – No es un problema sólo pampeano. Es un mal de origen en las repúblicas democráticas que han naturalizado que el Poder Judicial que tiene la llave de interpretar la ley y la Constitución, y por lo tanto tiene supremacía política y poder de veto sobre los dos restantes, carezca de la única legitimidad que da independencia y libera de influencias extrañas a los representantes. Los jueces y funcionarios judiciales no son representantes del pueblo aunque tienen más poder para influir sobre sus vidas y haciendas que ningún otro. Su representación se la otorga la mediación de los otros poderes y entonces, casi fatalmente, pendulan entre responder con mayor o menor docilidad o automatismo a la presión de esos poderes, o abroquelarse en la conformación de una casta judicial que, con espíritu de cuerpo, hace frente a la influencia del poder político para negociar con ellos un cierto equilibrio.
VII – En qué estado de cosas está La Pampa es algo difícil de precisar. Cada observador interesado parece estar limitado por la información con la que cuente y por su punto de mira. Para la oposición la justicia beneficia al oficialismo y para el oficialismo ella actúa muchas veces más como una corporación que como un poder. Pero, más allá de unos y otros, la pregunta que los pampeanos de a pie deben hacerse es si alguien cortará alguna vez el nudo gordiano que devalúa la función judicial de tal manera. En otras palabras, si la reforma judicial dejará en La Pampa algo más que dos juzgados federales y una Cámara de Apelaciones. (LVS)