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La reforma y la «familia judicial»

La presentación del proyecto de reforma judicial realizada este miércoles por el Presidente de la Nación implica el cumplimiento de una promesa formulada en la campaña electoral del año pasado. El actual jefe de gobierno, surgido en los comicios de octubre, reforzó su compromiso durante el discurso ante la Asamblea Legislativa pronunciado el 1º de marzo de este año. En esa oportunidad anunció que presentaría la iniciativa durante al actual período de sesiones del Congreso.
Ahora materializó su promesa, explicó sus propósitos y presentó en público al Consejo Consultivo -integrado por once reconocidos juristas de las más variadas corrientes ideológicas- que designó para que analice, debata y eleve propuestas al Poder Ejecutivo con vistas a incorporar otras modificaciones que tornen más eficiente y transparente el funcionamiento del Poder Judicial.
Que el Poder Judicial requiere cambios y actualizaciones es una realidad que nadie niega a esta altura. Y que la oposición de derecha se opone porque el proyecto no nació de un gobierno de su palo, también. Por otro lado, se escucharon voces que señalan que el proyecto del Presidente es demasiado moderado y que hacen falta medidas de corte más radical.
Una de esas voces proviene de un reconocido jurista -docente, investigador con dos doctorados en ciencias penales- quien se expresó en un diario porteño sobre el tema apuntando no pocas falencias que caracterizan al Poder Judicial. Entre ellas destacó: «el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la resistencia al cambio, el machismo, la reticencia al examen, al control del desempeño, a la rendición de cuentas, el verticalismo y el apego a los privilegios» y muchas otras que por razones de espacio no se pueden citar aquí.
Y en La Pampa, ¿cómo andamos? ¿Está nuestra Justicia provincial libre de problemas o de vicios? Desde luego que estamos muy lejos del lodazal en que se han convertido buena parte de los tribunales federales porteños. Pero ¿se puede afirmar sin rubor que en la Justicia pampeana no hay nada por hacer?
Por estas horas acabamos de recibir un ejemplo que nos pone en autos. Un fiscal general se acaba de excusar de investigar a un par alegando una relación de amistad. El caso reviste gran importancia porque también hay dos jueces involucrados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Todos ellos fueron denunciados por violación de la cuarentena en una reunión por el día del amigo.
El funcionario del Poder Ejecutivo fue despedido de inmediato por el gobernador, en tanto todavía no se conoce ninguna acción adoptada en el seno del Poder Judicial con respecto a los jueces y el fiscal. La imputación es exactamente la misma pero los procedimientos, como se puede apreciar, son muy diferentes.
Nadie pide un linchamiento ni abolir el derecho a defensa, pero este suceso nos muestra -una vez más- la distinta vara que rige en la administración pública. Por no hablar de los cargos vitalicios, las exenciones impositivas o las retribuciones más altas de la administración pública con que se premia a los integrantes de este poder del Estado que, como dice el jurista citado, se resiste al control del desempeño y se apega a los privilegios.