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La regulación del precio de la tierra

LA SEMANA PAMPEANA

I – El gobernador Carlos Verna parece empeñado en dejar, antes de irse, las herramientas legales necesarias para recuperar, en el menor tiempo posible, el atraso al que se vio sometida la provincia en materia de viviendas por el boicot que el macrismo le impuso a La Pampa. El gobierno derrotado en las urnas, que se va con el triste record de ser el primer presidente que aspira y no logra su reelección, fue más retrógrado en materia de viviendas que la dictadura cívico militar al eliminar de un plumazo la intervención estatal en el acceso constitucional de los pampeanos a la vivienda dejando sin recursos a las provincias.

II – El Fonavi fue creado por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en 1970 pero no fue sino hasta 1977, en la dictadura de Jorge Rafael Videla, que se lo dotó de los fondos necesarios para iniciar su ambicioso plan de construcción de viviendas. En La Pampa, la operatoria la administró desde 1978 el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) y fue el principal instrumento para combatir el endémico déficit habitacional. Desde ese año y hasta la llegada al poder del macrismo, en La Pampa el IPAV construyó con fondos nacionales a razón de más de mil viviendas por año. A esa operatoria, que apuntaba a los sectores de menores recursos se sumó, en los últimos años del kirchnerismo, una fuerte política de subsidios para el acceso de las clases medias a la propiedad de la vivienda familiar. Esos subsidios a la clase media se instrumentaron a través de tasas preferenciales para créditos hipotecarios y del programa Procrear.

III – A los miles de hogares de bajos recursos beneficiarios del plan Fonavi, se sumaron miles de familias de clase media que accedieron a sus viviendas por los subsidios estatales hipotecarios y del Procrear. Pero con la llegada de Mauricio Macri al poder, la promesa de «no quitarle nada» a los ciudadanos duró lo que un flato en el agua. En La Pampa el castigo a la sociedad fue la lisa eliminación de nuevos planes de viviendas Fonavi. Los únicos que se entregaron fueron los que ya se construían cuando el macrismo llegó al poder. Con el Procrear sucedió algo parecido. Se terminó, lentamente, el mega proyecto del kirchnerismo en Santa Rosa pero, a la hora de aplicar el subsidio que hacía accesible a los salarios la adquisición de su vivienda, se le aplicó el perverso sistema de actualización por UVA, una verdadera trampa en la que cayeron los que creyeron otra de las mentiras de Macri: que la inflación no iba a ser un problema y que sería eliminada del diccionario argentino con las medidas económicas del «mejor equipo».

IV – La realidad fue que la política habitacional de Cambiemos castigó por igual a los sectores bajos y medios. A los primeros los condenó a un aumento del déficit habitacional al negarle el acceso a la vivienda. A los segundos, a la clase media de donde salen la mayoría de los votantes del «cambio», les quitó el acceso al crédito hipotecario subsidiado y se lo cambió por la trampa del UVA. En la semana, y luego de sufrir en silencio largos meses, las víctimas del Procrear macrista que pagan UVA revelaron que en un año la cuota se duplicó y hoy abonan, en algunos casos, más de 20.000 pesos por mes mientras que los del Procrear «kirchnerista» pagan 6.500.

V – Los dos proyectos que presenta el gobernador le dan al IPAV una herramienta fundamental: la posibilidad legal de expropiar las tierras urbanas aptas para la construcción de planes de viviendas. Esta ley tiene honda raigambre constitucional en La Pampa al recoger la voluntad de los convencionales constituyentes que escribieron en 1960, y ratificaron en1994, que «la expropiación, fundada en el interés social, deber ser autorizada por ley y previamente indemnizada, beneficiando a la comunidad el mayor valor del suelo que no sea producto del esfuerzo personal o de la actividad económica del propietario». De esta forma se dota al IPAV de un instrumento de política de vivienda que facilita y abarata los costos de los planes de viviendas. Pero además le da al IPAV el papel de regulador del precio urbano de la tierra, muchas veces exorbitante, al abrirse la posibilidad, que la ley debiera contemplar, que pueda expropiar terrenos para fraccionarlos y venderlos a precios accesibles a las familias que, sin ser beneficiarias de planes estatales de viviendas, quieran construir por su cuenta o con créditos hipotecarios. (LVS)