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La ruta de la verdad histórica

DOMINICALES

A estar por el relato monocorde de los principales medios de comunicación del país, el gobierno nacional estaría ejecutando un plan destinado a garantizar la impunidad por supuestos delitos cometidos durante la anterior gestión de esa misma fuerza política. Es interesante analizar cómo extreman los límites del lenguaje y la argumentación para sostener esa tesis, incluso cuando los hechos la desmienten.

La ruta.
Esto viene a cuento de la noticia aparecida esta semana, según la cual, la Oficina Anticorrupción solicitó fuertes penas de prisión para un empresario santacruceño que lleva cuatro años en prisión preventiva, por delitos vinculados al lavado de dinero. No sólo pidieron que se lo condene a más de ocho años de prisión, y al pago de una multa sideral, sino que se pidieron severas penas también para otros integrantes de su familia y de su grupo económico.
Curiosamente, al reproducir esta noticia, los llamados «medios hegemónicos» no se privaron de reincidir en calificar a esta causa como «la ruta del dinero K», una expresión acuñada por un periodista célebre, actualmente procesado por el delito de extorsión, y por integrar una banda dedicada al espionaje ilegal.
Si realmente existe un plan de impunidad, ¿cómo es que funcionarios designados por esta administración están defendiendo los derechos del fisco contra un grupo empresario al que se vincula con supuestos dineros mal habidos por la actual vicepresidenta?

El fiscal.
La verdad parece ser más sencilla. El actual titular de la OA -ente que, desde diciembre pasado, ya no depende del Poder Ejecutivo- es un ex fiscal de amplia trayectoria y notoria solvencia profesional. De hecho, el sólo hecho de que se haya nombrado en el puesto a un abogado, representa un importante salto de calidad institucional, si tenemos en cuenta que la anterior ocupante de ese cargo carecía de este mínimo requisito legal.
Cabría recordar, respecto de esta funcional ex-funcionaria, que durante su gestión no sólo omitió por completo querellar a funcionarios de su gobierno, sino que hasta se jactaba de ello. Y no paraba allí su actitud genuflexa: en sus dictámenes, además, instruía a los funcionarios del gobierno para indicarles de qué manera podían evitar caer en conflictos de intereses, por ejemplo, delegando la firma de resoluciones polémicas en otros funcionarios de menor rango.
Todo parece indicar que, por el contrario, el actual funcionario está simplemente cumpliendo con su deber, persiguiendo a un empresario que habría cometido maniobras de lavado y evasión fiscal que, por otra parte, no constituyen ninguna originalidad en el gran empresariado argentino, si nos llevamos por los datos oficiales que surgen del mega-blanqueo facilitado por la anterior gestión a estos evasores.

Depuración.
Es más que saludable que se investigue y critique la gestión de cualquier gobierno, y el actual no es una excepción. Sin embargo, atribuirle maniobras tendientes a la impunidad de sus funcionarios, sencillamente no aparece respaldado por la evidencia histórica.
Durante la anterior gestión de esta fuerza política, por ejemplo, se separó de su cargo, y se llevó a la justicia, donde fue luego condenada, una ministra de economía en cuyo despacho fue encontrado un bolso con dinero cuyo origen no pudo explicar.
Durante la misma gestión, se produjo la destitución y posterior procesamiento y condena por delitos de corrupción de quien fuera secretario de transportes desde 2003 a 2009. Cabe recordar que en ese caso la OA intervino activamente como querellante.
Otro ocupante de la misma cartera fue también condenado, durante la vigencia de la administración que lo designara, por su responsabilidad funcional en el accidente ferroviario conocido como «Tragedia de Once».
Paralelamente, durante la gestión que culminara en diciembre pasado, no se produjo ningún procesamiento, ni renuncia, ni destitución de funcionario alguno, pese a darse varios casos graves de conflictos de intereses y hechos de corrupción que recién ahora comienzan a investigarse. Por mencionar sólo algunos: el ministro de energía que contrató, como funcionario, a una multinacional de la que era accionista y había sido funcionario; o el aumento de tarifas en los peajes, para luego vender la empresa concesionaria… propiedad del grupo empresario del ex presidente.
De hecho, resulta inaudito cómo se ha naturalizado que la impunidad de delitos de corrupción depende de la voluntad del gobierno de turno. La verdad es que, en este tema -como en tantos otros- la mirada y las exigencias deberían estar puestas en el Poder Judicial, cuya morosidad e ineficiencia conspiran contra el interés público. Pero claro, cada vez que se habla de reformar la justicia, los «adalides anticorrupción» son los primeros en oponerse.

PETRONIO