La siempre polémica elección de los jueces

La elección de los jueces ganó esta semana un buen espacio en el debate político. Primero con la saludable invitación al público a presenciar las entrevistas en el Consejo de la Magistratura; luego con la circulación de un texto en el que, presumiblemente, se anticipaban las preguntas y respuestas a los postulantes; después con la desmentida del presidente del Superior Tribunal asegurando que no había cuestionarios previos y, por último, con el llamativo faltazo de diputados de la oposición a las entrevistas junto a un reiterado reclamo de un legislador radical cuestionando la ausencia de integrantes no oficialistas en el seno del cuerpo que tiene a su cargo tan delicada tarea.
Hace muchos años que esta cuestión, el sistema de elección de los jueces y fiscales del Poder Judicial, forma parte de uno de los principales debates institucionales en la provincia sin que se hayan logrado cambios sustanciales. Es un tema complejo, arduo pero de extraordinario interés porque define nada menos que a los miembros de uno de los tres poderes del Estado.
La integración del Consejo de la Magistratura es uno de los puntos centrales en este debate porque la Constitución provincial no contempla expresamente la presencia de las fuerzas políticas opositoras. La CP ordena que haya un representante de cada uno de los poderes del Estado y uno de los abogados de la matrícula, por lo tanto es imposible pensar que en la Legislatura los oficialismos cedan ese lugar estratégico sin una norma que los obligue. Además, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de elegir cualquiera de los integrantes de la terna que surja del Consejo de la Magistratura.
Ese enorme peso del Ejecutivo y del oficialismo -que tanto cuestiona, y con razón, la oposición política pampeana- no es igual en todos lados. Hay países -como Estados Unidos, entre otros- en donde los fiscales se eligen por el voto popular. En varias naciones europeas son los parlamentos, sin ninguna ingerencia de los Ejecutivos, los que eligen a los magistrados. Sin ir más lejos, en Argentina, la reforma judicial que sancionó el Congreso de la Nación en 2013 contemplaba la elección por voto popular del Consejo de la Magistratura y la ampliación de sus miembros. La Corte Suprema demolió ese cambio en un fallo cargado de resonancias ideológicas. Son muy fuertes e influyentes los sectores conservadores que en el seno del Poder Judicial prefieren mantener la mayor distancia posible entre los sillones de sus señorías y cualquier atisbo de soberanía popular. La “independencia del poder político” es el principal argumento que ensayan esos círculos que no ponen el mismo énfasis cuando se habla del “poder económico” o el “poder real” que no plebiscita su permanencia cada cuatro años. La proliferación de apellidos ilustres, de “familias judiciales” en toda la estructura tribunalicia del país -con mayor o menor énfasis de acuerdo a cada jurisdicción- desnuda la presencia de una aristocracia que prospera a sus anchas en el poder de Estado que menos “contaminación” muestra de la aborrecida política.
Que los jueces -a diferencia de los funcionarios de los otros dos poderes- ejerzan su función en forma vitalicia, que gocen de los sueldos más altos de la administración pública y encima no tributen Ganancias constituye un plexo de privilegios para nada ajenos a la arquitectura institucional del Poder Judicial. La mayor distancia posible con el “barro” de la política, que la corporación judicial siempre defendió con uñas y dientes, ha permitido que prosperen, con buena salud, los resabios monárquicos en los estrados judiciales.
En nuestra pequeña provincia, las dudas que nunca se disipan del todo acerca de la poca transparencia de los concursos para ingresar a la carrera judicial, no hacen más que aportar elementos de juicio que ratifican los recelos frente al poder del Estado más hermético a los aires de la democracia.