La SIP nunca apunta a la responsabilidad de Estados Unidos

POR ASESINATOS DE PERIODISTAS EN EL MUNDO

La SIP hará en octubre su 74° Asamblea, en Salta. Nunca acusa a EEUU de responsabilidad en muertes de periodistas. Siempre condena a Cuba y Venezuela.
EMILIO MARÍN
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presume de ser periodismo independiente, nuclear a 1.300 medios y tener su sede en Miami. Esto último es cierto, lo anterior debería verificarse y lo primero, sobre su alegada independencia, es falso. Es la expresión concentrada del periodismo empresario que sintoniza con el Departamento de Estado y su correa de transmisión regional, la OEA, alias “ministerio de colonias” según la llamó en los ´60 el canciller cubano, Raúl Roa.
La SIP hace dos asambleas cada año y emite comunicados políticos, redactados con una pluma burocrática, con el estilo de los “vistos y considerandos” y resoluciones seudo periodísticas.
La última, de medio año, fue en Medellín, Colombia, el 13 y 14 de abril, en paralelo a la VIII de las Américas que sesionó en Lima con el temario cínico de “lucha contra la corrupción” (el país anfitrión acababa de perder a su presidente PKK por el escándalo de coimas de Odebrecht).
La Asamblea Anual, número 74, será en octubre en Salta. La página web de SIP advierte que el hotel todavía está a designar. Es un dato esencial porque estos supuestos periodistas destinan buena parte de la estadía a turismo, comercio y diversiones. Los dramas de los trabajadores de la comunicación les pasan muy lejos.
Mientras tanto la estadística de periodistas asesinados sigue engrosando, pero la entidad se limita a emitir uno que otro comunicado, sin apuntar contra los regímenes políticos que están detrás de esos crímenes o son sus responsables de última instancia.
En la Asamblea de Medellín estaban frescos los asesinatos de los periodistas Leobardo Vázquez Atzin, Pamela Montenegro del Real, Carlos Domínguez y Gumaro Pérez Aguilando en México; Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en Ecuador; Jefferson Pureza Lopes y Ueliton Bayer Brizon en Brasil; Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Mirand en Guatemala; Carlos Oveniel Lara Domínguez en Honduras, Samuel Rivas en El Salvador; Efigenia Vásquez Astudillo y Elmer Agudelo Vidales, en Colombia; y la desaparición de Vladjimir Legagneur en Haití.
¿Qué hizo la reunión de empresarios? Emitió un parte de cuatro líneas: “insistir a los gobiernos y autoridades de México, Ecuador, Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Haití a que cumplan con su responsabilidad de investigar, identificar a los responsables materiales e intelectuales de estos delitos y aplicar las sanciones correspondientes a los involucrados en los crímenes contra periodistas en forma oportuna”. Nada más. Ya que sesionaban en Colombia y dos asesinados eran de ese país ¿no debían haber pedido una reunión urgente con el presidente Juan M. Santos para reclamar por esos casos y varios más de años anteriores? No lo hicieron. Eso suena a complicidad, soterramiento, ocultamiento o como quiera llamarse…

Pobre México, tan cerca.
Atento a las estadísticas de la Felap y otras entidades periodísticas, México es hoy el país más peligroso para el desempeño de esa profesión. En lo que va de 2018 han sido asesinados seis periodistas. El último fue Héctor González Antonio, corresponsal del periódico Excélsior, en el estado de Tamaulipas. El 15 de mayo fue asesinado en Villahermosa, Tabasco, Juan Carlos Huerta. Y unos días antes en la ciudad de Monterrey, la periodista Alicia Díaz González.
Por eso Reporteros Sin Fronteras pone a México, junto a Siria, en el podio mundial del riesgo para quienes ejercen el periodismo.
¿Qué es lo que tienen en común esos dos países? Sin descartar otras coincidencias, el común denominador es intromisión de la mano criminal del imperio.
Estados Unidos alentó desde 2011 una guerra en Siria, disfrazada como parte de la “primavera árabe”. Luego apoyó a los “luchadores por la libertad” que en rigor eran los grupos terroristas de Al Qaeda y brigada Al Nusra, con tal de tratar de derrocar al presidente Bashar al Assad. Y finalmente el Pentágono desembarcó tropas suyas de elite y bombardea periódicamente Siria, junto con Israel, obviamente sin pedir permiso a Al Assad. En consecuencia, las administraciones Obama y Trump tienen que ver con el medio millón de muertos en Siria, incluyendo un gran número de periodistas.
En México otro tanto. Sin menospreciar la responsabilidad de los sucesivos gobiernos, por ejemplo sólo en los dos últimos, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se estima las guerras de los narcos, policías y militares hubo 300.000 muertos. Washington tiene mucho que ver con eso: es el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, que alienta a los carteles criminales y blanquea sus capitales, y ha impulsado desde 2006 la participación de los militares mexicanos en el supuesto “combate antidrogas”, algo similar a lo que pergeña Mauricio Macri en Argentina.
Hasta hace unos años, antes de Siria y México, al tope del ranking de países muy riesgosos para la prensa estaba Irak. ¿Acaso por Saddam Hussein? No. Hubo 217 muertos desde la invasión norteamericana entre 2003 y 2008, según datos de Reporteros Sin Fronteras. En México los muertos fueron 26 en 2017, totalizando 45 en el sexenio de Peña Nieto, según Resumen Latinoamericano.
En vez de apuntar contra esos blancos (los criminales y los gobiernos responsables del drama), la SIP en Medellín emitió resoluciones especiales condenando a Cuba y Venezuela, donde no había sido muerto ni secuestrado ningún comunicador, y contra la ley Orgánica de Comunicación de Ecuador de tiempos de Rafael Correa. Para Macri, la SIP mandó afectuosos saludos y le dio el premio de la sede en Salta.