La uva más cara está en la Argentina

Un debate que viene de hace años se reavivó en los últimos días, tanto a nivel provincial como nacional. Se trata de la Unidad de Valor Adquisitivo, conocida por sus siglas como UVA, componente principal de una fórmula de ajuste que ha traído dolores de cabeza a quienes optaron por tomar un crédito para vivienda con ese índice de ajuste.
Se trata de un cálculo que eleva mes a mes la cuota a pagar, ideado durante la gestión macrista, con su óptica de capitalismo salvaje en el que siempre se pensó más en todo lo que sirviera para optimizar la ganancia de los poderosos y hacer sufrir hasta lo impensado a los más débiles.
Con el paso de los años, lo que a simple vista parecía una pequeña diferencia entre esta fórmula y la aplicada en la anterior gestión de gobierno, obviamente más benévola y amigable con las clases sociales bajas y medias, empezó a dispararse y se terminó por tornar impagable. Además, la nueva fórmula también desnudó la injusticia de hacer abonar hasta el triple de valor a adjudicatarios distintos de un bien similar, con la única diferencia del momento en que tomaron el crédito. Y a la vez, la operatoria también mostró otro problema, imputable a las dos gestiones: no contemplar los graves inconvenientes que surgen cuando una familia beneficiaria compuesta por una pareja aportante se separa y por lo general deja a la mujer con sus hijos en situación de indefensión y sin poder afrontar el resto del pago del crédito. Los casos que se han hecho públicos desde hace un tiempo, en el Desarrollo Urbanístico de Santa Rosa, son claros ejemplos, pero no son los únicos. Hay situaciones parecidas en otros puntos del país y diariamente los medios se encargan de dar a conocer, con distintos matices, desesperantes casos que agobian a los adjudicatarios.

Amenaza sin solución.

La amenaza latente es dejar sin techo a numerosas e ilusionadas familias, algunas de las cuales ya han anunciado su decisión de vender y volver a empezar de cero si no se encuentra una solución en el corto plazo.
En el medio, aparecen los que critican a los adjudicatarios imputando desde ingenuidad hasta especulación. Suena a análisis canallesco, porque parece imposible que una familia pueda pensar en firmar un compromiso con la ilusión de la casa propia sin creer que va a poder honrar esa deuda con su trabajo. El problema es que la fórmula de cálculo llevó las cuotas a montos insospechados.
Ahora, cuando empezaron a sonar todas las alarmas y advertencias sobre un ajuste que se torna muy difícil de pagar, se empiezan a buscar iniciativas para resolver el caso. Se arman comisiones, se redactan proyectos de ley y se organizan debates por plataformas virtuales para ver cómo se resuelve la cuestión y allí se vuelve a hablar de congelamientos y nuevas cláusulas, siempre desde la óptica el problema de los damnificados para pagar, pero poco se habla de quienes están del otro lado de la ventanilla, de los que cobran las cuotas.

«Siempre gana».

Y los que están del otro lado son los que cuando tiran la perinola les sale «Siempre gana». Son los bancos, los mismos que terminan en todas las ocasiones bien parados, con una gestión y con otra. Ganaron con los créditos hipotecarios antes y ahora. Y son los mismos que con esta operatoria están ganando más que con la anterior y en el medio del conflicto se hacen los distraídos y miran para otro lado. Y son todas las entidades financieras, las públicas, las mixtas y las privadas.
Con un poco de sentido común, la solución no parece tan complicada. Así como se dice que a igual trabajo corresponde igual remuneración, en este caso habría que tener en cuenta que a igual préstamo para comprar, ampliar o refaccionar una propiedad debería aplicarse igual operatoria crediticia, con los mismos ajustes que tenía la anterior. Porque si ni los adjudicatarios ni los bancos se quejaron de los programas hipotecarios otorgados hasta el 2015, se supone que la vinculación resultó beneficiosa para ambas partes. Y si ahora una de las partes alza su voz para quejarse, con idéntico problema a lo largo y a lo ancho del país, está más que claro quienes son los que se están quedando con una ganancia «extra» y quienes son los que están perdiendo. Y encima, los beneficiados son los que siempre ganan, los mismos que lo hicieron, por citar solo un hito en la historia bancaria argentina, antes, durante y después del recordado «corralito» que encerró ahorros e ilusiones de miles de argentinos.
Entonces, el poder político deberá poner en este caso un freno, como por ejemplo se lo tuvo que poner el gobernador pampeano Sergio Ziliotto en el inicio de la pandemia, cuando pidió un aporte solidario para enfrentar la crisis derivada del Covid-19. La banca privada miró para otro lado y entonces la invitación se debió transformar en obligación impositiva. Y tras una tibia amenaza de retiro de la provincia, todas las entidades financieras terminaron pagando una suba de la alícuota de Ingresos Brutos de 9 a 14 por ciento mientras dure la pandemia del coronavirus, mostrando que a toda la banca le convenía seguir manteniendo sus negocios en La Pampa.
Ahora debería pasar lo mismo. Como no van a disponer igualdad de condiciones con créditos anteriores por su propia cuenta, habrá que obligarlos, con una ley o con un Decreto de Necesidad y Urgencia. De un lado hay familias que temen perder su techo y del otro lado están los poderosos bancos, los que sin ponerse colorados te muestran que la UVA más cara está en Argentina.
DANIEL ESPOSITO