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La vertiginosa caída de Carlos Rosenkrantz

INTERVENCIONES PETROLERAS

El haber intervenido en recursos de queja presentados por petroleras es causal de mal desempeño que justificaría el juicio político. Rosenkrantz tuvo una intervención decisiva en 2017 y recién se excusó hace cinco días, cuando el escándalo era incontenible.
POR HORACIO VERBITSKY

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, sigue en caída libre, debido a su intervención en causas que llevaron al tribunal las dos grandes petroleras clientes del estudio que compartió con Gabriel Bouzat.
El haber intervenido en sendos recursos de queja presentados por las petroleras Esso (hoy Axxion) contra la municipalidad de Quilmes, e YPF contra la intendencia de La Matanza es causal de mal desempeño que justificaría el juicio político. Rosenkrantz tuvo una intervención decisiva en la causa desde el 18 de diciembre de 2017 y recién se excusó hace cinco días, el 9 de abril de 2019, cuando el escándalo era incontenible. Pero lo hizo sin expresar que tanto Esso como YPF fueron sus clientes, sino sólo invocando motivos de «delicadeza» (sic). Los otros jueces aceptaron su excusación invocando los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial, que son precisamente los que regulan las causales de excusación.
Cuando Rosenkrantz fue designado en comisión como ministro de la Corte, la nómina de sus clientes desapareció de la página del estudio. Al iniciarse el procedimiento de confirmación en el Senado, una vez que el presidente Maurizio Macrì comprendió que de otro modo padecería una temprana confrontación con la mayoría opositora del Senado, Rosenkrantz brindó una lista incompleta de sus clientes.

David y Goliat.
Esso inició la causa en 2003 ante la Suprema Corte provincial, dado que aún no existía el fuero contencioso administrativo. La Suprema reconoció el derecho de la Municipalidad de Quilmes a cobrar la tasa por inspección de seguridad e higiene como un porcentaje sobre los ingresos brutos generados en toda la provincia y no sólo por las dos estaciones de servicio que Esso tenía en ese partido. Es obvio que ese resultado importa a todas las empresas y a todos los municipios.
Cuando Axxion llegó en queja a la Corte Suprema Federal, en 2017, la secretaría judicial N° 7 proyectó un rechazo sin fundamentos, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, de dudosa constitucionalidad pero de uso constante por el tribunal, versión subamericana del writ of certiorari sajón.
Quien impidió que el juicio se cerrara con el 280 fue Rosenkrantz. Su vocalía 4 fue la primera en recibir el recurso. En apenas 24 horas, del 18 al 19 de diciembre de 2017, el ex abogado de Esso propició pedir el expediente completo a la Suprema Corte Bonaerense y solicitar opinión a la Procuración General de la Nación. Los recursos de hecho llegan a la Corte sólo con la fundamentación de quien se queja por el fallo del tribunal superior de la causa. Su escrito debe ser autosuficiente para que la Corte se forme una opinión y está regulada hasta en la medida del papel y la cantidad de renglones admisibles para comodidad de los supremos. El 1° y el 23 de febrero de 2018 quienes por entonces eran presidente y vice del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, adhirieron a esa opinión de Rosenkrantz. A raíz de ello, el 20 de marzo de 2018 se solicitaron los autos principales a la corte bonaerense y se pidió la opinión del Ministerio Público. Todo ello está consignado en el programa interno de la Corte LEX 100 que permite a las vocalías conocer todo el giro del expediente. Capturas de pantalla.
Un abogado que aprendió a desplazarse sin resbalones en los lustrosos mosaicos de la República Autónoma del Cuarto Piso explica que «pedir los autos para que sean girados a la Procuración General no es una resolución de mero trámite sino una sentencia interlocutoria». El artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación afirma que «incurrirá en la causal de ‘mal desempeño’, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite». Además de promover su juicio político, Rosenkrantz podría ser denunciado ante la justicia por el posible delito de prevaricato.
La Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti dictaminó en favor de la empresa, por revocar la sentencia del tribunal bonaerense, lo cual provocó conmoción entre los municipios de todos los colores políticos. Quedó configurada así una causa de ostensible relevancia económica pero también política: un Goliat multinacional que se niega a sostener con las tasas por inspección de seguridad e higiene el funcionamiento del empobrecido David municipal.

Audiencia con los intendentes.
Rosenkrantz volvió a intervenir en noviembre de 2018, al conceder una audiencia a una delegación de intendentes, interesados en hacer oír su opinión al tribunal. De esta movida participaron intendentes de las distintas ramas peronistas (Martín Insaurralde, Juanchi Zavaleta, Andrés Watson, Alberto Descalzo, Mariano Cascallares, Gustavo Arrieta, Hernán Bertellys); de la UCR (Gustavo Posse, Raúl Sala, Claudio Rossi, Jorge Etcheverry, Esteban Reino); vecinalistas (Darío Kubar), e incluso del PRO (Jorge Macrì, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, con el apoyo explícito de la gobernadora María E. Vidal).
El 20 de diciembre 37 intendentes firmaron el amicus curiae acordado con Rosenkrantz. Los patrocinó, entre otros el convencional constituyente y candidato a la vicepresidencia por la UCR Antonio María Hernández, La Tuta. El 1° de febrero se sumó, con otro escrito, el presidente del justicialismo provincial, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.
Los municipios calcularon en el amicus curiae que si la Corte siguiera el dictamen de La Procuración y si las demás empresas se acogieran a la misma resolución, perderían en promedio el 34% del total de su recaudación o unos 15.000 millones de pesos. Una catástrofe.

También YPF.
La Corte Suprema de Justicia dio ingreso a una causa similar, que identificó como «CSJ 2283/2018 RH1 YPF S.A c/ de La Matanza s/demanda contencioso administrativa». También en ese caso Rosenkrantz intervino, pese a que YPF fue su cliente, propuso solicitar los autos principales y dar vista a la Procuración General. En este caso, además, Ronsekrantz mantiene relación social con el actual presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, uno de sus contertulios en la fiesta de casamiento de una hija de Fabián Rodríguez Simón, el asesor presidencial que propuso que su amigo de toda la vida Rosenkrantz avanzara en comisión sobre la Corte Suprema.
La publicación en el blog de Irina Hauser, además de Gutiérrez mostró la relación social del presidente de la Corte con la diputada cívica libertadora Mariana Zuvic; el secretario de fortalecimiento institucional de la jefatura de gabinete, Fernando Sánchez; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías; el asesor presidencial José Torello, entre otros.
Saravia Frías fue sindicado por la fiscal general Gabriela Boquín como uno de los funcionarios que entorpecieron la causa del Estado contra el Correo Argentino, de la familia presidencial. Fue designado Procurador del Tesoro luego de la remoción del anterior, el radical decente Carlos Balbín, quien había preparado un pronunciamiento favorable al interés público y adverso al del presidente. El último dictamen de Boquín también menciona en el mismo rol entorpecedor del interés público a Juan Lahitou, quien fue el subprocurador de Saravia Frías hasta que Rosenkrantz lo llevó a la Corte Suprema, como segundo en la secretaría de Desarrollo Institucional de Valentin Thury Cornejo. Ambos fueron editores del blog Todo sobre la Corte.

La Cocina de Rosenkrantz.
Otro episodio que alimenta el vértigo de Rosenkrantz es la contratación directa que intentó para rediseñar el sitio de noticias del tribunal, el CIJ. Los responsables de la contratación directa fueron dos colaboradores directos que el presidente llevó consigo a la Corte, cuando creyó que lo habían designado emperador: el secretario de Desarrollo Institucional Valentín Thury Cornejo (300.000 pesos mensuales, rango equivalente a camarista) y el director de Comunicación y Gobierno Abierto, Ariel Alberto Neuman (200.000 pesos mensuales, rango de juez de primera instancia).
Creado como parte de la política de transparencia que dispuso el juez Enrique Petracchi durante su presidencia de la Corte, Lorenzetti convirtió el CIJ en un instrumento de promoción personal, y Rosenkrantz lo redujo a la insignificancia, de acuerdo con su concepción minimalista (salvo en la remuneración y los gastos de boato de su vocalía y sus colaboradores).
El 18 de febrero, Thury Cornejo y Neuman solicitaron a la directora de administración de la Corte, contadora Carmen María Odasso, que iniciara los trámites para la contratación directa, ya que «el diseño actual presenta una disociación notoria respecto de la imagen y el diseño que utiliza la Corte». Esto «genera confusión entre los distintos públicos, dado que el estilo visual del CIJ lo asemeja a un medio independiente o un órgano autónomo».
Como pararrayos contra las denuncias de la heroína radical Elisa Carrió, Lorenzetti firmó un convenio con el entonces titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, íntimo amigo de la diputada pero con una visión algo más institucionalista. El Reglamento de Contrataciones que elaboró la AGN sostiene que cuando sea necesario recurrir a «empresas, artistas o especialistas que sean los únicos» que puedan llevar a cabo las «obras científicas, técnicas o artísticas» necesarias, «se deberá fundar la necesidad de requerir los servicios de la persona física o jurídica» a contratar, bajo responsabilidad del contratante. El texto de Thury y Neumann sólo dice que es necesario contratar una empresa de diseño de primera línea, con probada experiencia y antecedentes en el diseño de marcas. «Habiendo realizado consultas con algunas de las principales firmas nacionales dedicadas a ello [que no menciona] se advirtió un conocimiento profundo y experiencia en el tema por parte de la firma denominada la Cocina», dirigida por el magister Carlos Avalos, autor del libro Lealtad a la Marca. Cómo convertir a sus clientes en fanáticos. No es para menos: Tito Avalos es compañero de docencia y amigo de Neuman, que por eso lo conoce bien.
Apenas dos días después, la subdirectora de compras de la Corte, Guillermina Iascula solicitó presupuesto a La Cocina, que en apenas 24 horas envió el proyecto en seis pantallas de powerpoint, cotizando 150.000 pesos al contado. La contadora Odasso objetó que el presupuesto enumerara conceptos NO incluidos y que «serán facturados por separado» y no contemplara impuestos, por lo que es necesario «obtener un presupuesto final que contemple la totalidad de las condiciones». Añadió que se debe «documentar fundadamente la necesidad de especialización y los antecedentes que acrediten una notoria capacidad técnica o artística de la firma. Neuman responde que los conceptos no incluidos en los honorarios no serán solicitados y se remite a lo poco ya dicho sobre la especialización y antecedentes. Al responder al pedido de presupuesto total con IVA, La Cocina elevó la suma a 181.500 pesos. El presupuesto llegó el 20 de marzo, cuando aún reverberaba la indignación de los otros cuatro jueces por el discurso que Rosenkrantz les descerrajó el día anterior, en la inauguración del año judicial. El obispo de Rafaela hacía y deshacía a su gusto, pero cubría las formas y nunca dejó de circular entre sus colegas las homilías que pronunciaba desde el púlpito de la Corte. Sin previa consulta, Rosenkrantz dijo el 19 de marzo que «la desconfianza creciente de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Que no nos servimos del derecho sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho».
En el primer acuerdo de la semana siguiente, el desplazado presidente Lorenzetti, el aspirante a serlo Horacio Rosatti y el contemplativo Pato Maqueda le hicieron entender que desde entonces Rosenkrantz sería la minoría automática de la Corte, le quitaron el manejo del CIJ, decidieron anular la contratación directa del amigo de Neuman y designaron al frente a quien fue el segundo de María Bourdin en el equipo de Lorenzetti, Pablo Méndez.

Paño de lágrimas.
Entre la contratación directa de Thury Cornejo y Neuman y la intervención de Rosenkrantz en causas de interés de dos de sus clientes, el clima de la Corte no tiene nada que envidiarle al de Comodoro Py, donde el doctor Glock teme que la investigación de Dolores, que ya arruinó la carrera del fiscal Carlos Stornelli, llegue a su despacho, y procura contragolpear contra Alejo Ramos Padilla, sirviéndose para ello de la denuncia de una conspiración de los presos kirchneristas presentada por las diputadas cívicas libertadoras Mariana Zuvic y Paula Oliveto, por orden de su jefa, Elisa Carrió. La semana pasada Ariel Lijo, Javier Leal de Ibarra y Tomás Rodríguez Ponte usaron como paño de lágrimas el áspero saco de tweed de Martín Irurzun, quien junto con ellos podría ser investigado por la filtración de las escuchas que manejan para la Corte Suprema.

Ataque de pánico.
La ampliación del procesamiento y la prisión preventiva de Marcelo Sebastián D’Alessio, Hugo Rolo Barreiro, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi firmada por Ramos Padilla provocó un ataque de pánico en una decena de oficiales bonaerenses de la Superintendencia de Inteligencia Criminal. El principal temor es que Bogoliuk se vea tentado de arrepentirse y arrastre en su caída a los oficiales en actividad que le proveían información. Tirando de allí puede remontarse la cadena de mandos, pasando por la Superintendencia de Inteligencia Criminal (a cargo del Subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación, Vicente Ventura Barreiro, quien ama jugar al policía) hasta llegar al mismo ministro Cristian Ritondo.
Los nervios se perciben también en los medios oficialistas que durante años consideraron normal el contubernio con servicios de informaciones, jueces y fiscales para perseguir a sus adversarios políticos e ideológicos. Uno de los más connotados, La Nación, acaba de cometer un revelador furcio de antología. En la edición en papel de una nota sobre la pelotera en la Cámara de Casación, donde salió empatada 6 a 6 la votación para remover de la presidencia al juez Juan Carlos Gemignani, se afirmó que la causa por espionaje que instruye Ramos Padilla en Dolores (y cuya competencia intentan arrebatarle desde las fortalezas de Comodoro Py) quedó en la sala de Slokar, Jacobucci y Ledesma. No le gustó a Gustavo Arribas, jefe de la AFI, que había pedido estar presente en el sorteo. No lo esperaron y por eso pidió la nulidad del sorteo». La versión on line corrigió un pequeño detalle que en papel ya no había forma de enmendar. El texto es idéntico, pero quien se disgustó, en la pantalla fue el abogado del fiscal Stornelli, Roberto Ribas.
Lo más probable es que el redactor haya recibido la información de palabra y entendido Arribas en vez de Ribas, que suenan muy parecido. Lo notable es que le haya parecido verosímil y normal que fuera el jefe de los espías quien supervisara el sorteo de una causa en la que la AFI no es aún parte. Es la misma afinidad que lleva a mencionar la sede de los tribunales de Retiro como Inodoro Py.
El otro operador judicial de Macrì, es Daniel Angelici, quien no fue fotografiado en el feliz acontecimiento de la familia Rodríguez Simón. En cambio sí lo mencionó el juez de Lanús Luis Carzoglio, suspendido en su cargo después de revelar que los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, vinculados con Angelici, lo visitaron para transmitirle que Macrì deseaba la detención de Hugo y Pablo Moyano y que dos horas después de la visita un mensajero le entregó en sobre cerrado la sentencia que debía firmar ya redactada. En una entrevista para una señal de cable del Grupo Clarín, los interrogadores Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli, acosaron a Carzoglio para que dijera cómo le constaba que la orden era de Macrì. Seguramente esa única voz que ayuda a que se escuchen con mayor claridad las elocuciones de Héctor Magnetto ignoraba que en su visita a la comisión bicameral fiscalizadora de los organismos de inteligencia Gustavo Arribas admitió que la AFI había enviado a esos dos funcionarios a interesarse ante Carzoglio por la detención de los Moyano. Solo hubo un matiz de diferencia, de escasa importancia. El juez dijo que le pidieron la detención, Arribas que le preguntaron si la dispondría. Supongo que Alfano y Bonelli saben que Arribas depende en forma directa de su amigo el presidente.
Antes de Carzoglio, la causa estuvo a cargo del juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, quien también fue informado acerca del disgusto presidencial por la libertad ambulatoria de la familia camionera. Se la quitaron y la remitieron a Avellaneda, al día siguiente de que también él se negara a suscribir un texto que le acercó el operador de la AFI, Fernando Chino Corres, que unificaba siete causas sobre pequeños negocios de barras brava de Independiente (repartidas entre el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella, el de Lomas de Federico Villena, la encuadernadora del doctor Glock, un juzgado federal de Morón y uno penal económico de la Ciudad Autónoma) en una megacausa contra los Moyano por lavado de activos y extorsión.
En los tribunales de Lomas de Zamora, es conocido que a Vitale no lo apretó sólo la AFI, sino también la Ministra de Seguridad Federal, Patricia Bullrich; su segundo Gerardo Milman (quien fue candidato a intendente de Avellaneda), y el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand, quien coordina acciones más de lo que se sabe con Cali Bullrich.
La causa contra los barra bravas sufrió un giro en diciembre de 2018, cuando la oposición de los camioneros a la reforma previsional (que se votó en víspera de Navdiad en medio de una batahola en la Plaza Congreso) y a la reforma laboral, que no llegó a tratarse, pero de la que el gobierno no desiste hasta ahora, rompió el idilio político de Macrì con Moyano. La fiscal Viviana Giorgi y el fiscal general subrogante Sebastián Scalera fueron la polea de transmisión del malhumor del Poder Ejecutivo. El Chino Cornes le transmitió a Vitale que Patricia Bullrich quería hablar con él. La reunión se realizó en el Ministerio de Seguridad, y además de Cornes y Milman participó el abogado defensor de represores de la dictadura Pablo Nocetti, principal asesor de Cali‚ la ex montonera con fantasías vicepresidenciales.
Lo que muy poca gente sabe es que antes de ser designado en Seguridad, Milman atendía su estudio jurídico junto con Rubén Reznik, el abogado defensor de Pablo Alvarez, el Bebote, que de jefe de la barrabrava de Independiente pasó a acusador de Pablo Moyano, en otra oportuna operación como las de Glock y Stornelli. Reznik también fue asesor de Milman cuando se desempeñó como legislador. Antes de apuntar a Moyano, la causa que se inició por una denuncia de Juan Manuel Lugones, el titular del organismo provincial contra la violencia deportiva (Aprevide) enfocaba al empresario Christian Bragarnik, un traficante de personas con pantalón corto, igual que Arribas, pero muy próximo a Angelici.
Al comenzar la reunión en la AFI, Gustavo Arribas pasó a saludar al juez Vitale, y luego lo dejó con el experto en finanzas Fernando Efectividades Conducentes Di Pasquale. Con el Procurador Conte Grand el contacto fue telefónico, pero coincidente: le anunció a Vitale que el ministerio público presentaría una solicitud de detención importante.

Cambio de Eje.
En cualquier momento, Macrì hará eje de su campaña proselitista en la inflación y el dólar, para desviar la atención de la gangrena institucional de Comodoro Py, la AFI, los medios bien pagos y la propia Corte Suprema.