La Corte Suprema no hizo lugar al reclamo de ex combatientes

Mientras el presidente de la Corte Suprema afirmó ayer en su discurso que "hay que terminar con la impunidad", los
vejámenes sufridos por conscriptos durante el conflicto de 1982, quedarán impunes, porque así lo decidió la Corte.
IRINA SANTESTEBAN
El discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, era esperado con expectativa, porque se esperaba que contestara los duros cuestionamientos de la presidenta Cristina Fernández contra el accionar de sectores del Poder Judicial, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el pasado domingo. En esa oportunidad, la primera mandataria había increpado al Poder Judicial -y Lorenzetti estaba presente en el recinto- por la falta de juzgamiento en la causa por la voladura de la Embajada de Israel en 1992. Cuando algunos diputados nacionales levantaron carteles reclamando por la causa AMIA, les espetó que "apunten para otro lado, para éste no", en clara alusión de que ese reclamo debía hacerse ante la Corte Suprema y no ante el Poder Ejecutivo. Las cámaras de televisión mostraron, en ese instante, la cara de asombro de Lorenzetti.
Fiel a su estilo, Lorenzetti hizo referencia a cuestiones sentidas por el común de la gente, y en ese sentido hay que entender su frase: "es tiempo de terminar con la impunidad", pero sin hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe como máxima autoridad del Poder Judicial en la Argentina. Por ejemplo, cuando reclamó "terminar con esos procesos que no tienen resultados" y con "las investigaciones oscuras, que se traban", como si esos hechos no fueran achacables al sistema judicial del cual es su principal responsable.
Ninguna referencia hizo a los funcionarios judiciales que no investigan, o que dejan prescribir las causas, y se pronunció para que los jueces puedan "resolver sin presiones", pero no individualizó los sectores que influyen a los magistrados, dando a entender que esas presiones provienen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en algunas de las causas que duermen en los cajones de ciertos fiscales, los que presionan son poderosos grupos económicos que no quieren ser investigados.

 

¿Cuál impunidad?
El término impunidad se refiere a la falta de condena y castigo, para quienes cometen delitos. En Argentina hace más de 10 años que se comenzó a transitar un camino que reparó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar, e incluso antes. Por vigencia de leyes aprobadas durante la democracia (Punto Final y Obediencia Debida) y por los indultos dictados por un presidente elegido por el voto popular (Carlos Menem), centenares de militares y civiles, responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, no habían sido juzgados ni condenados.
A partir de 2003, gracias a la anulación de esas leyes, promovida por el ex presidente Néstor Kirchner y aprobada por el Congreso de la Nación, se inició un proceso, que hoy se encuentra en pleno desarrollo.
Según un informe dado a conocer por la Procuraduría sobre Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, el 2014 fue el noveno año consecutivo desde la reapertura de los juicios por los crímenes de la última dictadura. Desde 2006 finalizaron 134 juicios con 554 represores condenados, y se presentaron ante la Justicia, los casos de 12 mil víctimas para denunciar violaciones a los Derechos Humanos.
Durante 2014 concluyeron 21 juicios por delitos de lesa humanidad en los que fueron condenados 92 represores, encontrados responsables por los crímenes contra 558 personas. Hay además otros 15 que comenzaron en 2013 y 2014, y que todavía siguen en desarrollo. En esos juicios se investigan los casos de 2437 víctimas, por los que hay 282 imputados.
A estas cifras de 2014 se suman los juicios que vendrán: ya hay 142 causas elevadas a juicio oral, de las cuales seis comenzarán en los próximos meses, y otras 38 causas en las que la unidad fiscal pidió la elevación a juicio. De esta manera, son 180 los expedientes que están cerca del debate oral y hay otros 135 con personas procesadas que se encuentran en la etapa de instrucción.
Es decir que, en materia de impunidad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, la Argentina, como bien lo expresó la presidenta en el Congreso el pasado domingo, tiene mucho para decir y mostrar.

 

Impunidad.
Al referirse a la "impunidad", así, en general, Lorenzetti sabe que entronca con una parte de la sociedad y la oposición, para quienes esa palabra personifica la falta de juzgamiento y condena a funcionarios del gobierno nacional en sonados casos de corrupción. No parece ser lo que está sucediendo, si se repara en el procesamiento al vicepresidente Amado Boudou, o el juzgamiento del ex funcionario Ricardo Jaime.
Sin embargo, otras causas, que tocan poderosos intereses, duermen en algún cajón de los despachos de fiscales o jueces, algunos de los cuales convocaron a la marcha del 18 F. Como la de Papel Prensa, que no avanza desde hace más de tres años, y que tiene a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, entre sus acusados. O la causa por la denuncia formulada por el ex vicepresidente de la banca JP Morgan, Hernán Arbizu, por la supuesta fuga de capitales por 400 millones de dólares, entre los años 2006 y 2008 y en la que se encuentran acusados poderosos empresarios. Lorenzetti debería exigir a funcionarios y jueces que esas causas terminen y "con resultados", pues son ellos los encargados de investigar, juzgar y condenar, sin presiones de ningún tipo.

 

Soldados sin justicia.
En relación a la impunidad, Lorenzetti debería revisar su propia actuación y la de la Corte Suprema que preside desde hace ya bastante tiempo, porque cada año es re-electo en ese carácter, sin impedimentos de ningún tipo.
Es que al día siguiente de la marcha del 18F, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, firmó una resolución por la cual declaró "inadmisible" el recurso de queja interpuesto por ex combatientes de Malvinas, en la causa por los vejámenes sufridos a manos de oficiales y suboficiales del Ejército argentino, y en la cual reclaman que los mismos sean considerados delitos de lesa humanidad, y por ende, imprescriptibles.
En 2009, la jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Liliana Herraez, les dio la razón y aseguró que los crímenes investigados "son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van mas allá de los limites de lo tolerable para la comunidad internacional. Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima".
La resolución de Herraez fue en el marco de un incidente planteado por el subteniente Jorge Taranto, aduciendo incompetencia en razón de la materia y prescripción (por haber transcurrido el tiempo máximo previsto para promover la denuncia).
Sin embargo, los delitos de lesa humanidad se consideran imprescriptibles, por eso la importancia de que sean definidos como tales, para que esos oficiales puedan ser juzgados, y eventualmente condenados por los malos tratos que propinaron contra sus propios soldados.

 

Dos fallos favorables.
La causa promovida por los ex combatientes, tuvo dos fallos favorables, el de la jueza Herraez de Tierra del Fuego, y el de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó el planteo de prescripción interpuesto por Taranto.
Son más de 70 los oficiales y suboficiales del Ejército que están implicados y que si se hubiera aceptado lo argumentado por los denunciantes, hoy deberían afrontar una investigación criminal, que los podría llevar a juicio oral por la comisión de torturas y otros vejámenes. Estos hechos, según lo fija la Cámara Federal en su fallo, habrían consistido en "estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación-, proferidas por personal superior de las Fuerzas Armadas a los soldados conscriptos que participaron en la contienda del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982".
La decisión judicial, que fue adoptada en fallo dividido dictado en septiembre de 2009, expresó que "los elementos obrantes en la causa permiten al momento señalar que la aplicación de sufrimientos, consistente en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes a los integrantes de la propia tropa, habría sido una práctica corriente realizada por el personal superior durante la guerra del Atlántico Sur. Hechos estos que por su presumible generalización merecen ser categorizados prima facie como crímenes de lesa humanidad".
"En el caso las acciones degradantes contra los conscriptos habrían sido deliberadamente perpetradas y bajo el amparo de cargos oficiales que otorgaban superioridad, transgrediendo de este modo normas universalmente aceptadas por el Derecho Internacional".

 

El no de casación.
Luego de los dos fallos favorables para el reclamo de los ex combatientes, y ante el recurso de casación presentado por la defensa de los acusados, entre ellos el subteniente Jorge Taranto y el capitán Daniel Polano, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y consideró que los vejámenes y torturas sufridos por los soldados en el conflicto de Malvinas no son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, las acciones penales para que esos se investiguen y juzguen, están prescriptas.
Ante este fallo adverso, los denunciantes recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace unos días resolvió declarar "no admisible" la cuestión, y por lo tanto aquel fallo de la Cámara de Casación Penal queda firme.
De esta forma, el reclamo de esos ex soldados, que combatieron en condiciones durísimas y que fueron maltratados por sus propios superiores, queda impune por decisión del Tribunal que preside Lorenzetti, quien ayer reclamó "terminar con la impunidad".
La jueza María Laura Garrigós de Rébori, integrante de la Cámara de Casación Penal y titular de la agrupación "Justicia Legítima", dijo que era "preocupante" que la Corte Suprema haya tomado esa decisión sin explicar las razones por las cuales desestimó la denuncia por las torturas en Malvinas.
Garrigós reconoció que "no es tan fácil afirmar que el maltrato que recibieron en Malvinas es un crimen de lesa humanidad", pero que tratándose de una causa de esa trascendencia, la Corte Suprema debió haber explicado por qué tomó esa decisión.
Para la magistrada, sería "mucho más democrático explicar por qué, no debería haber nada sobreentendido".

 

El reclamo sigue.
Los ex combatientes han manifestado que están evaluando la posibilidad de presentar un "recurso de revocatoria y aclaración de la resolución", por ante la misma Corte Suprema, y no descartan la presentación de un recurso en fueros internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La presidenta Cristina Fernández, en su discurso del pasado domingo, al referirse al reclamo de los ex combatientes, expresó su apoyo a esta eventual iniciativa.
Es que, tal como afirman los denunciantes, esta causa no puede ser analizada si no es en el contexto actual del Poder Judicial, donde la muerte del fiscal Nisman reveló con crudeza la relación entre algunos funcionarios judiciales y los servicios de inteligencia. Según han manifestado los ex combatientes, algunos de los acusados pasaron a actuar en esos organismos de inteligencia, con llegada a los pasillos de Tribunales.
Ninguno de estos temas, tan graves y preocupantes, mereció siquiera un párrafo en el discurso del presidente de la Corte Suprema.