La deuda con La Pampa es mucho más que solo plata

LA SEMANA PAMPEANA

I – Las negociaciones políticas para que la Nación reconozca y pague la deuda que mantiene con La Pampa por los incumplimientos que en materia previsional se acumularon desde hace años, parecieron encontrar en la semana una vía de resolución que evite el juicio prometido por las actuales autoridades provinciales. El propio gobernador encabeza las negociaciones con las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación adónde reclama se reconozcan las acreencias y comiencen a ser normalizadas. Esos fondos, advierte el mandatario, deben llegar con urgencia pues el déficit previsional de la provincia aumenta año a año y distrae recursos propios que, necesariamente, se restan al desarrollo social y económico de La Pampa.

II – En ese juego político de reclamar deudas a Nación, Carlos Verna tiene un argumento adicional. Exige deudas con la autoridad que le da concurrir como jefe político de una provincia que tiene sus cuentas ordenadas a diferencia de la mayoría de otros estados provinciales que golpean las mismas puertas pero para pedir auxilio por sus números en rojo. Al sentarse en la mesa a reclamar esa deuda, tiene también la autoridad de ser un mandatario que, mientras pide “hacia arriba” que se paguen las deudas nacionales con La Pampa, puede mostrar internamente la autoridad de un jefe político que ha asumido como tarea pagar las deudas “hacia abajo” al anticipar que concurrirá en ayuda de los municipios que tienen sus números en rojo como Santa Rosa o 25 de Mayo. en este pago de deudas, el gobierno ha incorporado también las que considera “deudas históricas” más intangibles pero igualmente reales. Lo hizo al prometer dotar a la capital provincial de infraestructura sanitaria y al lanzar en General Pico un plan para la reactivación del sector apícola, dándole impulso a una actividad que decayó por falta de una plan estratégico que desde el Estado promocione e incentive el crecimiento de emprendimientos y de la producción.

III – Es tal vez en ése punto, en la admisión de la existencia de deudas históricas, donde el gobernador puede llegar a los despachos del Ministerio de Economía de la Nación y de la Presidencia con otro pedido que excede los números de los cálculos monetarios de la deuda previsional. La Pampa, que ha sido tratada como el patio trasero de las provincias que la rodean al norte y al este, y como el zaguán de las que la limitan al sur, tiene derecho hoy a pedir una reparación histórica que la compense de tantos años de maltrato político, económico y estratégico. Marginada en la cuestión hídrica nacional con dos de sus ríos cortados aguas arriba, excluida de la promoción industrial que durante años engordó a sus vecinas, sin beneficios regionales de los que gozan otros estados, es tratada como si fuera una extensión de la Pampa Húmeda que siempre tiene sus cuentas en orden y nunca levanta su voz porque es conciente de su escaso peso político.

IV – Un vecino denunció que fue amenazado, golpeado, esposado y detenido cuando quiso interceder para que un grupo de exaltados policías dejara de golpear y patear a dos jóvenes esposados y tirados en el piso. Se trata de un empleado legislativo, ex dirigente de ATE y sin ningún antecedente policial ni judicial, que utilizó la redes sociales para dar a conocer el caso y fue a la justicia a denunciar el hecho. Ahora afronta una causa por resistencia a la autoridad. ¿Fué un episodio aislado o es la liberación de fuerzas violentas en el interior de la policía contenidas durante años y que emergen ahora creyendo que contarán, como en otras épocas, con cobertura política? Es difícil saberlo, el tiempo lo dirá. Pero está claro que el hecho vuelve a la memoria de los pampeanos el descontrol en los casos de apremios que sufrió la provincia años atrás, cuando detentaba el control político de la fuerza armada provincial el ahora nuevamente designado. En aquéllos años una parte de la policía tomó el equivocado camino de justificar violentos e ilegales métodos de persecución y detención de sospechosos en el control de delitos e infracciones. Fue una política de seguridad que buscaba el control social a cualquier precio, evitando los límites que la Constitución y la ley imponen a quienes detentan el monopolio de la fuerza y la coacción. El caso que ahora se denuncia será, sin dudas, el testigo que indique si esos temores son o no infundados. La justicia, la policía y el propio poder político dirán con su acción u omisión si se trata de una anomalía, de un exceso o si es, por el contrario, la punta de un iceberg. (LVS)