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Las acechanzas al 2021

¿FELIZ AÑO NUEVO?

Si a la sanción de las leyes en el Congreso de la Nación se suman el comienzo de la vacunación contra la pandemia y el feliz desenlace de la huelga de los obreros aceiteros, el peor año terminó de la mejor manera para el movimiento popular.

Por Horacio Verbitsky

Pocas veces un fin de año legislativo tuvo la intensidad de 2020, el más atípico y menos previsible. Si alguien dijo que lo previó, es sólo para arrancar sonrisas. El martes 29 de diciembre sesionaron las dos cámaras del Congreso. En Diputados, el proyecto con media sanción del Senado que modificó la fórmula de actualización previsional. Del otro lado, el proyecto con media sanción de Diputados que puso fin a la clandestinidad y represión de la antiquísima práctica del aborto voluntario en las primeras 14 semanas de la preñez.

Verdolagas.

La primera sesión comenzó a mediodía, y poco después de las diez de la noche había concluido. Luego de festejar un resultado más cómodo de lo previsto (132 a 119, cuando el bloque del Frente de Todos sólo tiene 117 integrantes) el presidente de la Cámara, Sergio Tomás Massa, y el jefe de la bancada, Máximo Kirchner, se acercaron al recinto donde debatían los senadores. Vestida de verde hasta los pies, Malena Galmarini se ubicó en un palco junto con su esposo, quien había jugado un rol activo para la aprobación en Diputados, «porque si no la petisa me cambia la cerradura de casa».
Galmarini fue parte de la sororidad transversal o la transversalidad sorora (los machos hetero cis tenemos que aprender a escribir de nuevo, entre otras cosas) que, junto con Silvia Lospennato, Guadalupe Tagliaferri, Laura Rodríguez Machado, Anabel Fernández Sagasti, Vilma Ibarra, Eli Gómez Alcorta, Carla Vizzotti y Dora Barrancos, hicieron posible que fuera ley.
Kirchner se acomodó en el palco más próximo, junto a Barrancos, Vizzotti, Gómez Alcorta e Ibarra. Ya habían pasado las 4 de la mañana del miércoles 30, cuando el tablero con los resultados de la votación encendió los festejos: 38 a 29, una diferencia mucho más holgada de lo que se esperaba, porque esa confabulación femenil había conseguido esconder el juego y plantear un escenario de paridad, con el doble propósito de que nadie bajara la guardia hasta último momento y de desviar las presiones (a menudo muy violentas) sobre quienes aún no habían revelado el sentido de su voto.

El abrazo del oso.

Es necesario abordar una cuestión, marginal pero no menor: el relajamiento de los cuidados para impedir la propagación de la peste. Dentro del recinto y en la calle, en la Ciudad Autónoma y en otras del país, la cercanía de los cuerpos y la efusividad de los festejos hacen temer por la magnitud del rebrote o de la segunda ola, con todas sus consecuencias.
La cuarentena y las medidas estrictas de aislamiento social fueron el frente de ataque elegido por la oposición para vulnerar a un gobierno cuyo manejo de la pandemia había merecido los márgenes de aprobación más altos desde la finalización de la última dictadura militar-empresarial-eclesiástica. Entre mayo y septiembre, los banderazos impulsados por el ex Presidente Maurizio Macrì y la aspirante a sucederlo, Patricia Bullrich, aparentaron una fortaleza opositora y un aislamiento del gobierno.

Terraplanismo y diseño inteligente.

Esta sensación fue amplificada por la repercusión mediática que, en algunos casos respondió a una inspiración ideológica, pero que en otros tributó a la lógica interna del sistema audiovisual realmente existente.
La televisión ama la estridencia y la pugnacidad, el insulto y, de ser posible, la violencia física. Así disminuye el debate político al nivel del terraplanismo y el diseño inteligente, prearistotélico y antidarwinista, y no se resiste a las más disparatadas teorías conspirativas, dentro de lo posible con un matiz antisemita.
El gobierno parecía paralizado, porque su discurso sobre el cuidado lo inhibía de responder en el mismo terreno, frente a una presencia opositora cada vez más provocativa, que llegó a poner sitio a la residencia presidencial.

El contraataque.

La respuesta provino del sindicalismo: la CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Corriente Federal, algunos movimientos sociales, es decir los sectores que en 2018 y 2019 habían sostenido la confrontación con el gobierno de la segunda alianza, colmando varias veces la ancha avenida 9 de julio. La CGT, que había adherido a un documento programático del más reaccionario de los agrupamientos patronales, la Asociación Empresarial AEA, imaginó un atajo: una celebración Hi-Tech del 17 de octubre, con un programa que representaría a millones de personas como avatares en una plaza virtual.
Pero el sistema se colgó a la hora señalada y tanto Cristina como los camioneros de Pablo y Hugo Moyano rehusaron sumarse a esa imaginada ceremonia de la unidad en la sede de la calle Azopardo. Camiones y colectivos recorrieron en caravana el centro de la ciudad, y a ellos se sumaron miles de coches particulares, que obraron como un golpe en la mesa, redimensionando los banderazos macristas. Esto se repitió diez días después, en el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y el 17 de noviembre, en el Día de la Militancia Peronista y en apoyo al tratamiento en la Cámara de Diputados de la contribución extraordinaria a las mayores fortunas. Cuando terminaba noviembre, la muerte de Diego Maradona dio lugar a una concentración masiva de los más humildes del Conurbano, que marcharon hacia la Casa de Gobierno, esta vez a pie, cuerpo contra cuerpo. El 10 de diciembre, verdes y celestes se repartieron las avenidas vecinas al Congreso, cuando los diputados trataron el aborto.
Estas expresiones populares dejaron a la vista la verdadera relación de fuerzas, agudizaron las contradicciones internas de Juntos por el Cambio y dieron paso a renovadas manifestaciones de unidad del Frente de Todos, con los actos de Alberto y Cristina, en la EXMA el 10 de diciembre, y en el estadio único de La Plata el 18. Pero tampoco es posible desconocer la incidencia que tuvieron en la interrupción del descenso de la curva de contagios, cuya ominosa proyección ensombrece cualquier perspectiva futura.Si a la sanción de ambas leyes se suman el comienzo de la vacunación contra la pandemia y el feliz desenlace de la huelga de los obreros aceiteros, el peor año terminó de la mejor manera para el movimiento popular. Por primera vez en una misma acción la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Demotadores de Algodón y Afines; la Unión de Recibidores de Granos y Anexos y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, Santa Fe, pudieron doblarle el brazo al lobby exportador agroindustrial, que es el núcleo duro de la confrontación con el gobierno. El resultado electoral podrá acentuar estas tendencias, acercando al gobierno a la mayoría propia en la Cámara de Diputados, donde la oposición pone en juego su mejor cosecha previa, la de 2017.

Acechanzas.

Pero sería necio ignorar las acechanzas por las cuales no es inevitable que 2021 sea un feliz año nuevo. Estas son tanto económicas como políticas, sociales, judiciales e internacionales. Por ejemplo: la escalada de los precios; la presión por sustanciales incrementos en los servicios públicos; las negociaciones con el FMI; la decisión judicial de devolver a la cárcel al ex Vicepresidente Amado Boudou; la continuidad del hostigamiento tribunalicio contra Cristina; las provocativas decisiones del aún presidente de YPF, Guillermo Nielsen, contra la educación pública en el Conurbano.
Frente a los aumentos de precios de artículos de primera necesidad, se abren dos opciones: el control estatal estricto o la confianza en los mecanismos de mercado. Hasta ahora el gobierno no ha definido una posición excluyente, pero los tiempos se acortan y la cuestión urge. Los niveles de oligopolización de la producción, la distribución y la comercialización desaconsejan una visión ingenua del problema, lo cual no quiere decir que el control sea simple de instrumentar y sus consecuencias sólo positivas, como aprendió el país desde las campañas del primer peronismo contra lo que entonces se llamaba el agio y la especulación. Tal como adelantó El Cohete hace una semana, el Ministro de agricultura Luis Basterra cumplió con el ultimátum presidencial y, al no llegar a un acuerdo con los productores de maíz, cerró hasta marzo las exportaciones, para que no flaquee el abastecimiento interno de un insumo básico de la cadena alimentaria. Desde luego, esto ha puesto en pie de guerra a diversas cámaras patronales, que se preparan para duras confrontaciones al estilo de 2008.
Las tarifas de los servicios públicos son otro componente decisivo para el bolsillo popular y también escenario de una batalla entre las patronales y el Estado. Todavía no está claro cómo incidirá en este contexto la anunciada venta de Edenor del grupo Mindlin-Pampa Energía, a un consorcio integrado por el epítome del transformismo argentino, José Luis Manzano, asociado con Daniel Villa y Mauricio Filiberti, el principal productor de cloro del país. El gobierno negó haber intervenido en apoyo de la operación, como afirmó Clarín, pero el pago de 100 millones de dólares y la absorción de una deuda de la misma magnitud constituyen una ganga que bien podría aprovechar el Estado para controlar la principal distribuidora de energía, sin necesidad de expropiar. La información que maneja el gobierno indica que desde la asunción de Macrì en diciembre de 2015, hasta abril de 2020, el grupo Pampa Energía y sus principales accionistas y directores transfirieron a cuentas propias en el exterior más de 1.100 millones de dólares. Sólo una parte de ellos puede considerarse fuga, pero de todos modos da una idea de la envergadura del negocio.
Las contradicciones internas están a la vista y reflejan cómo está conformada la coalición gobernante. En la última semana del año viejo dos medidas de alta impopularidad fueron revisadas por el propio gobierno. Una fue la venta de un predio de YPF que utilizaba la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela. Dispuesta por Nielsen, fue deshecha luego de la denuncia de la universidad, de la que se hizo eco la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. Más llamativa fue la publicación de una edición extra del Boletín oficial, el 31 de diciembre, anulando el aumento del 7% a las empresas de medicina prepaga, que el propio gobierno había autorizado el día anterior. La resolución consigna que fue adoptada por «expresa decisión» del Presidente Fernández, quien también había aprobado el aumento, complementario y acumulativo del admitido un mes atrás, por otro 10%. Las empresas ya se habían quejado por el 10% del 1° de diciembre y por el 7% del 30 de diciembre. Ahora vaticinan un colapso del sistema.

Lo que sí y lo que no.

El gobierno piensa que en los próximos cien días podrá alcanzar un acuerdo con el FMI, por el que no debería realizar pagos durante lo que le resta de mandato. Confía, además, en su capacidad para resistir las presiones por un ajuste laboral y previsional, para lo cual cuenta con una media palabra de la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, y un respaldo social no desdeñable. La deuda argentina con el Fondo es tan monstruosa (y fue concedida tan a contramano de las propias reglamentaciones del organismo) que asume vigencia el aforismo que postula que cuando se llega a esa magnitud el problema lo tiene el acreedor. El único punto en el que no se admiten concesiones versa en torno de las medidas para enfrentar la corrupción y el lavado de dinero, por supuesto tal como se definen en el hemisferio norte. Esto es así porque esa es la denominación que le han dado a las herramientas empleadas para intervenir contra las medidas que llaman populistas. La asunción del Presidente Joe Biden, que debería producirse dentro de 17 días, no mejora el esquema. Son justamente los demócratas, más vinculados que los republicanos con las grandes finanzas internacionales, quienes mejor expresan esa lógica.

De Boudou a Cristina.

Que el 30 de diciembre cerca de la medianoche un juez ordenara el regreso a prisión de Boudou no puede desvincularse de este marco. El propio Boudou dijo que a partir del mes próximo la ofensiva judicial apuntará directamente a Cristina. La posibilidad de que se ordene la detención de la Vicepresidenta debe descartarse. No hay ninguna prueba seria en su contra y tampoco habría margen político para ensayar semejante jugada, cuyas consecuencias serían no positivas para quienes la intentaran, por decirlo con vaselina cuyana. Pero, igual que en 2017, el plan es sentarla en el banquillo de los acusados mientras se desarrolla la campaña electoral.
Nunca se insistirá lo suficiente que la ofensiva judicial contra ella y los funcionarios de su gobierno no comenzó con Macrì sino mucho antes. El poder financiero internacional decidió acabar con CFK a partir de 2013, con la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Ese es el sentido de la infundada denuncia del fiscal general Natalio A. Nisman, cuya información provenía de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, intermediados por la SIDE. Nisman terminaba citado como fuente autorizada por los efectores de aquellos mismos servicios.
Su poder es tal, que llegaron a sentar en el Congreso de los Estados Unidos al premier israelí Biniamin Netanyahu, quien pronunció un explosivo discurso contra el Presidente Obama, quien procuraba una solución pacífica al conflicto con la república islámica. Esto ocurrió en marzo de 2015, al mismo tiempo que aquí se procuraba implicar a Cristina en la muerte violenta de Nisman, con el aval del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Tampoco hay que olvidar que Sheldon Adelson, socio principal de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot, financió a Nisman en la Argentina, a Netanyahu en Israel y a Donald Trump en Estados Unidos. Durante su primera visita a Israel, en 2014, Macrì anunció el pago al contado de todo lo que reclamaban los buitres, en caso de llegar al gobierno.

Un corte a la Corte.

Cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández espera enviar dos proyectos de ley: uno sobre el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la Corte emplea con la mayor discrecionalidad y sin fundamentarlo, para aceptar o rechazar recursos, como el de Amado Boudou. Otro, creando un tribunal supremo (no intermedio, como se informó hasta ahora), cuya materia no sea constitucional sino de arbitrariedad, una idea de Fernández perfeccionada con el asesoramiento de Enrique Bacigalupo, quien conoce desde adentro el funcionamiento de esa institución en España, donde la integró, y en Alemania, donde obtuvo uno de sus doctorados. En esos modelos, el litigante con una sentencia adversa debe escoger a qué tribunal dirigirse: uno por arbitrariedad, otro por inconstitucionalidad. Y ambas son vías finales, sin apelación posible.

El barquichuelo de Infoemba y Clarín.

El año terminó con una nueva operación desinformativa. Infoemba y Clarín afirmaron que el buque patrullero Uscgc Stone de clase Legend comenzará a operar en el Atlántico Sur, en asociación con la Argentina, Brasil, Guyana, Uruguay y Portugal para contrarrestar la pesca ilegal, como parte de la Operación Cruz del Sur, en conjunto con el Comando Sur, contra la penetración china.
En septiembre de 2020 la Guardia Costera de Estados Unidos publicó un documento de estrategia sobre el combate a la pesca ilegal, no regulada y no declarada, el último invento de su gobierno para justificar la intervención en asuntos internos de los países marítimos del mundo. La Argentina es uno de los que poseen la costa más extensa. Según la declaración estratégica del almirante Karl Schultz, esta «amenaza a la estabilidad geopolítica del mundo» exige el «esfuerzo global para proteger nuestro interés nacional». La Guardia Costera depende del Ministerio de Seguridad Nacional de su país y ofrece su liderazgo, según el modelo desarrollado en el último cuarto de siglo en el Atlántico Norte. «Pero no tendremos éxito solos», por lo que buscan trabajar «con socios internacionales e intergubernamentales, en una coalición para confrontar con actividades coercitivas enemigas y afirmar nuestros compartidos valores pacíficos y humanitarios». El enfrentamiento contra esa pesca no es sólo una misión económica o de conservación «sino de importancia estratégica nacional» ya que «organizaciones criminales suelen usar las mismas rutas comerciales, sitios de atraque y navíos para «traficar armas, migrantes, drogas y otros contrabandos». Schultz añade que la operación se realiza en forma cooperativa con el Comando Sur, según la habitual confusión entre Seguridad y Defensa, que la Argentina no acepta.
El buque acaba de salir del astillero y zarpó el 27 de diciembre desde la Florida. Clarín adujo que «la patrulla estadounidense contará con un alto nivel de cooperación del gobierno de Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic -quien maneja la Prefectura y por lo tanto sus vínculos-, en actividades que contrariamente se habían suspendido o habían mermado durante la gestión de la ex Presidenta Cristina Kirchner a raíz de los conflictos -hiper ideologizados- con Washington que habían afectado el intercambio en Defensa y Seguridad».
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que en sus intercambios y los del Ministerio de Seguridad con la embajada, no se habló «de las actividades que pueda o no tener prevista la mencionada nave» ni «de aquellas que pueda haber acordado llevar a cabo en el espacio de otros países sudamericanos», que requerirían «una autorización especial del Congreso de la Nación».
Por supuesto, ni Infoemba ni Clarín publicaron la declaración ni aclararon que el barquichuelo no patrulla las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de la Argentina ni tiene autoridad alguna para hacerlo en aguas internacionales. El uso del nombre «Operación Cruz del Sur» tiende a confundir con el que se utiliza en las acciones conjuntas con la armada chilena.
El objetivo obvio es traer la guerra con China a la milla 201. Tampoco se hicieron eco de la lavada declaración que emitió la embajada a solicitud del gobierno nacional. «Hemos discutido con la Cancillería y el Ministerio de Seguridad las posibilidades que abre una histórica visita a puerto de la nave de la Guardia Costera Stone a la Argentina durante la cual la Prefectura puede ofrecer una ceremonia de bienvenida a su contraparte, en ocasión de la conclusión de su viaje inaugural. Esperamos poder concluir la planificación logística y de salud pública para esa ocasión en las próximas semanas», afirma. Ceremonial y protocolo y no más.
Los recelos entre ministerios locales favorecen este operativo de oscurecimiento con tinta de calamar. Para el ministerio de Seguridad, hay que preguntarle a la Cancillería. El de Relaciones Exteriores afirma que es un tema de Seguridad. La presencia de embarcaciones chinas en la zona económica exclusiva se hace con aviso previo de tránsito a las autoridades argentinas. En aguas internacionales la depredación de la biomasa se realiza con buques de España, Taiwan, Corea y Japón que, a veces, se cuelan adentro (mucho menos de lo que se piensa y dice, según la Cancillería). Una medida del daño causado es el lamento español por el acuerdo post Brexit entre Europa y Gran Bretaña, que impedirá a sus buques seguir depredando el calamar en torno de las islas Malvinas, por valor de 180 millones de libras en 2019.
Pero agitar el peligro chino es más rentable políticamente.

Rumbo a las urnas.

En Córdoba, la última semana de 2020 se anunció el acuerdo entre el delasotismo, liderado por el senador nacional Carlos Caserio, y el kirchnerismo, que en la provincia representan Gaby Estevez, Pablo Carro y el contador Eduardo Fernández, para enfrentar en las urnas al gobernador Juan Schiaretti, quien en 2015 y 2017 respaldó el proyecto presidencial de Macrì. Al mismo tiempo, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires firmaron una declaración adhiriendo al reclamo presidencial para que en marzo se elija la nueva conducción partidaria: Alberto al frente del PJ nacional, Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Como era de prever el disgusto de Fernando Grey se diluyó en un refunfuño personal, sin consecuencias políticas.
Es posible que este realineamiento haya terminado de decidir al Hada Buena, quien no está dispuesta a enfrentar otra derrota, que sería el fin de su breve y fulgurante tránsito bonaerense. Por eso decidió refugiarse en la Ciudad Autónoma, donde fue vicejefa de Macrì y aspira a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Quien correría el riesgo en la provincia sería Martín Lousteau, si es que lograra prevalecer sobre Jorge Macrì y Diego Santilli. Es improbable que Elisa Carrió accediera a participar en una interna con ellos, aunque podría decorar alguna de las eventuales listas. Con cualquier nombre, las chances de la segunda alianza son mínimas ante un peronismo unido. Del encuentro de los intendentes con Alberto en José C. Paz participó incluso Sergio Massa, cuyo Frente Renovador no es parte del PJ, como tampoco lo es la Unidad Ciudadana creada por Cristina para la elección de 2017, donde, aun perdiendo, ganó.

Los sacristanes.

Con buen conocimiento del paño el ministro Ginés González García y la ministra Gómez Alcorta anunciaron que se están preparando para librar las batallas próximas, para lograr la aplicación real de la ley que votó el Congreso, porque prevén todo tipo de obstrucciones. La primera provino de Salta, donde ya se presentó una solicitud de inconstitucionalidad. Entre los firmantes están la ex diputada del Frente Renovador María Cristina Fiore Viñuales, cuya especialidad son las cuestiones de seguridad y penitenciarias; Carlos Elbio Alderete, quien en 1989 integró una de las comisiones convocadas por Menem para apurar la privatización de los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba); el comisario Miguel Armando Miranda y el ingeniero René Luis Castellón (cofundadores del partido Salta por la Vida y la Familia), y los legisladora provinciales del PRO, Pichona Moisés y Andrés Suriani. Los patrocinan el ex secretario de obras públicas, y en comisión en la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Carlos Barra, hijo del comisario Antonio Barra, que propuso el ascenso de López Rega de cabo a comisario general; el camaleón Jorge Reinaldo Vanidossi; el voluntario de La Merced Vida y columnista de Infoemba, José Eduardo Durand Mendioroz y el consitucionalista del Colegio de Abogados de Buenos Aires City Alberto B. Bianchi. No podía faltar un Sacristán: Estela Beatriz, una administrativista de la Universidad del Museo Social, capacitada en el United States Judiciary Training Program, del Federal Judicial Center de Washington. Si no fuera por la aborrecida ideología de género debería llamarse Sacristana, como Dios manda.