viernes, 24 septiembre 2021
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Las aguas siguen bajando turbias

Un tanto opacado por el vértigo de las recientes elecciones el viernes pasado tuvo lugar el inicio de un período, fundamental para la economía del país: la nueva etapa para la gestión de la hidrovía del río Paraná. Tendrá una duración de doce meses durante los cuales el gobierno nacional y las provincias condóminas trabajarán en la elaboración de un nuevo pliego licitatorio para la concesión de las operaciones en ese recurso fluvial.
Esta columna se ha ocupado en varias oportunidades del tema ya que las condiciones en que se encontraba la administración de la hidrovía eran lamentables y francamente contrarias al interés nacional, además de vergonzosas para la economía del país. Por esa vía sale aproximadamente el 80 por ciento de la producción agropecuaria nacional a través de varios puertos, y también por ella ingresa el mayor volumen de contrabando -droga incluida- a nuestro territorio.
Las grandes empresas concesionarias, tanto de los puertos como de las tareas de balizamiento y dragado del curso del río, son extranjeras o con muy alta participación de capitales foráneos. Los impuestos y tasas que pagan son, en la práctica, fijados por ellas mismas por increíble que parezca.
Esas concesiones fueron otorgadas durante el menemismo y prorrogadas por los gobiernos que lo sucedieron. Son tan elevados los recursos económicos puestos en juego que algunos expertos han afirmado que con las rentas devenidas de un manejo correcto de la hidrovía en muy pocos años se podría pagar buena parte de la deuda externa que agobia a nuestro país.
La actual gestión oficial viene acumulando críticas por el perfil de quienes la llevan a cabo. El gobierno había transferido el manejo de la hidrovía del ineficiente sector privado al control estatal, medida que fuera saludada por muchas organizaciones que vienen siguiendo de cerca la evolución de las tratativas y descreen del cuento de la «ineficiencia del Estado»; pero en los días que siguieron a esa medida a casi nadie conformó la vuelta a una licitación, por más que el futuro adjudicatario privado sea controlado por el gobierno. Además se hicieron públicos fundados recelos por la participación en el proceso de alguno de los más influyentes funcionarios del organismo que controla el trámite en virtud de sus estrechos vínculos con las firmas antaño concesionarias.
Si el control privado se mostró oscuro e ineficiente y en el núcleo de esta actividad se destacan los intereses de la geopolítica regional, por qué, se preguntan muchos, regresar a un sistema de concesión de particulares y por plazos tan extendidos.
Por de pronto se sabe que el administrador general de Puertos y el Ministerio de Transportes «resistieron de modo diplomático» la idea de una reestatización, con un argumento central: el Estado no puede «improvisar y hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río, ya que no posee ni la maquinaria ni la experiencia necesaria para hacerlo de inmediato». Sin embargo las entidades que agrupan a profesionales y técnicos están muy lejos de compartir esa opinión.