Las condiciones que busca imponer Pfizer

Pfizer exige a los gobiernos utilizar activos soberanos como garantía para el acuerdo a fin de abastecer su vacuna. El desbalance del poder económico frente al político.
Pfizer ha sido acusado de «intimidar» a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra el Covid-19, y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales, revela la investigación liderada por el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres y el apoyo del medio de investigación Ojo Público desde Perú.
En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional. Mientras que en Perú, Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos.
Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.
Situación similar ocurrió en Perú. En las negociaciones, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que advirtió que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.

Poder abusivo.
«Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios», dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global. La protección contra la responsabilidad no debe usarse como «la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada», agregó.
Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos.
La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas de los que compran. Esto significa que un ciudadano que sufre un evento adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación.
Esto es bastante típico de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los eventos adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos, y solo se hacen evidentes una vez que cientos de miles de personas han recibido la vacuna. Debido a que los fabricantes han desarrollado vacunas rápidamente y porque protegen a todos en la sociedad, los gobiernos a menudo aceptan cubrir el costo de la compensación.
Sin embargo, los funcionarios del Gobierno de Argentina señalaron que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, quien también exige sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes.

Fondos estatales.
Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.
El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.
BioNTech, socio de Pfizer, recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi 2.000 millones de dólares, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de 15 mil millones de dólares en 2021.
En opinión de Eccleston-Turner, pareciera que Pfizer «está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento. Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo».

Idas y vueltas en Perú.
A pesar de que Pfizer era la primera opción, su vacuna no fue la primera comprada por Perú. Las conversaciones formales con esta farmacéutica iniciaron en agosto, cuando el Gobierno peruano firmó un acuerdo de confidencialidad. Luego, en setiembre, se firmó un «pliego de condiciones vinculantes», que detallaba los compromisos preliminares de ambas partes, y establecía la compra de 9,9 millones de dosis por 118,8 millones de dólares, es decir, 12 dólares por dosis, 24 por cada vacuna completa.
Para dicho mes, sin embargo, el Perú no tenía un marco regulatorio que le permitiera comprar medicamentos en desarrollo. El Ministerio de Salud de Perú planteó una iniciativa legislativa para acelerar dicho proceso. La norma se aprobó recién en diciembre de 2020.
A la par de esta iniciativa legal, el 1 de diciembre de 2020, el gabinete del nuevo Presidente del Perú, Francisco Sagasti, emitió un decreto que expresaba el compromiso del Perú a someterse a arbitrajes internacionales, ante controversias que surgieran en los contratos para la compra de vacunas. La norma también precisó que el Perú renunciaba «a la inmunidad soberana del Estado para la ejecución de una decisión arbitral». (Extractado de Ojo Público. Perú).