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Las fuentes del secreto

DOMINICALES

Finalmente esta semana se produjo la declaración indagatoria del periodista Daniel Santoro en el Juzgado Federal de Dolores, donde pudo defenderse de las acusaciones que pesan en su contra: integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, al armado de causas judiciales sobre pruebas falsas, y a la extorsión de personas involucradas en las mismas. Contra lo que preparó su estrategia defensiva -y suscribieron los firmantes de una solicitada corporativa en su apoyo- la cuestión de su ejercicio periodístico y, en particular, de sus fuentes de información, estuvo ausente del interrogatorio llevado adelante por el Juzgado.

#Santorono.
Lo que se le imputa a este laureado periodista del principal diario nacional no tiene nada que ver con su oficio. Los actos que lo incriminan incluyen usar sus influencias en favor de un falso abogado y supuesto agente de la DEA o la Embajada de EEUU, participar en las extorsiones armadas por éste, y hasta realizar actos de espionaje ilegal, tan luego, en perjuicio de algunos de sus colegas. Estas imputaciones se basan en pruebas concretas, obtenidas legítimamente en un allanamiento y en informes oficiales: en la causa no hay «arrepentidos» ni «delaciones premiadas» ni ninguno de estos artilugios extraños a nuestras tradiciones jurídicas que amenazan transformar a la justicia argentina en una cloaca.
La solidaridad que le demostraron algunos colegas tendrá origen en simpatías personales, pero en los hechos termina siendo una defensa corporativa, totalmente alejada de los principios republicanos que imponen respetar la independencia del Poder Judicial.
En nuestro medio, sin ir más lejos, dos periodistas fueron juzgados y condenados por ejercer actos de pedofilia en perjuicio de menores de edad. Y aún cuando para cometer esos delitos pudieron haber empleado influencias o conocimientos propios de su oficio periodístico, a ninguno de sus colegas se le ocurrió salir en su defensa en nombre del periodismo profesional. El caso de Santoro es exactamente igual.

Dos caballos.
Conviene recordar de qué hablamos cuando se habla de secreto profesional periodístico. Un artículo publicado esta semana por el medio en que trabaja el periodista imputado afirma -falsamente, una vez más- que se trata de un principio universalmente aceptado: nada más lejos de la realidad. En EEUU, sin ir más lejos, no existe ninguna garantía legal para los periodistas que deciden ocultar el nombre de sus fuentes en una investigación criminal. Si lo hacen, se exponen a ir presos, como le ocurrió recientemente a Judith Miller.
En Argentina, en tanto, este derecho constitucional no fue incorporado sino hasta la reforma constitucional de 1994, y con anterioridad un periodista que proteja el anonimato de sus fuentes se exponía a ser procesado por el delito de desobediencia.
Es lo que ocurrió en nuestro medio hace algo más de treinta años. El director de este diario, Raúl Isidoro D’Atri, se negó a revelar el nombre de un periodista y un fotógrafo responsables de sacar a la luz la situación de un conscripto mendocino que viajaba en tren, de paso por esta provincia, encerrado junto a dos caballos en un vagón de carga. En lugar de investigar ese hecho de evidente reducción a la servidumbre, los jueces actuantes, Jorge Bonvehí y luego Alfredo Zenobi, iniciaron una persecución contra el director de este diario y eventualmente lo condenaron por «desobediente».

Coordenadas.
Es curioso cómo estos hechos vienen a coincidir en esta semana ajetreada. No sólo se reaviva la cuestión del secreto profesional periodístico -que sólo gracias a la valiente actitud de D’Atri se incorporó a la agenda pública y eventualmente a la Constitución- sino que además en estos días se produjo un intento de reflotar, entre nosotros, una suerte de servicio militar como el que había llevado a la esclavitud a este muchacho. Y el que diez años más tarde llevó a la muerte al soldado Carrasco en Neuquén.
La ministra propulsora de este adefesio, dice creer que Gendarmería nacional es el ámbito adecuado para imbuir de «valores» a la juventud, ya que tendría más prestigio institucional que la propia escuela pública. Curiosa visión para una institución que ella misma se encargó de degradar, llevándola a ser responsable de dos muertes -por la que el país pagará, a no dudarlo, un alto costo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y de un acto de corrupción como fue la «pericia» en la causa que investiga la muerte de un fiscal federal en 2015.
En mayo pasado se cumplieron 25 años de la muerte de Raúl Isidoro D’Atri. Recordando su ejemplo y a la luz de estos hechos, qué lejos estamos de aquellos valores y de aquel periodismo profesional.

PETRONIO