Las mujeres insisten mientras el Congreso Nacional se resiste

GRITO GLOBAL POR EL ABORTO LEGAL

La marcha de miles de mujeres desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, puso nuevamente en la agenda de los y las representantes del pueblo un proyecto de ley que permita la interrupción del embarazo, tal como ya lo tiene Uruguay y se está discutiendo en Chile. No es un tema religioso, es una cuestión de salud pública.
IRINA SANTESTEBAN
El 28 de septiembre es el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, y para visibilizar esa fecha se realizaron la semana pasada distintas jornadas y actividades, que culminaron el viernes 29, en una masiva marcha hacia el Congreso, para la presentación, en un sexto intento, de un proyecto de ley que permita la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La organización de las jornadas estuvo a cargo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, colectivo que nació al calor de los Encuentros Nacionales de Mujeres, esas increíbles y masivas asambleas que se realizan todos los años, ininterrumpidamente, desde 1986, y que han puesto en la agenda política las demandas de las mujeres. Sin embargo, el tema del aborto sigue siendo “tabú” para la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Una deuda.
Para la periodista Luciana Peker, la sanción de una ley que despenalice el aborto es “una deuda de la democracia” (Página 12, suplemento Las 12, 7/07/2017), pues a pesar de los indiscutibles avances en diversos temas que preocupan y afectan a las mujeres (identidad de género, fertilidad asistida diversa, anticoncepción gratuita, ligadura de trompas y vasectomía, educación sexual integral, etcétera), la cuestión del aborto no logra ser siquiera debatida en el Congreso. Los proyectos presentados no son siquiera abordados en las comisiones, menos aún en el recinto.
La “defensa de la vida” que esgrime la Iglesia Católica, desnuda hipocresía, pues no se trata de una cuestión que deba ser abordada desde la fe o debatida bajo conceptos religiosos. La posibilidad de interrumpir un embarazo es un derecho que corresponde a las mujeres, porque somos las que padecemos las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la decisión que tomemos en tal situación.
Pero además, el aborto debe ser debatido bajo la óptica de una politica sanitaria, pues la realidad nos muestra que por año, se practican en nuestro país una cantidad aproximada de 500.000 abortos clandestinos, constituyendo un problema de tal envergadura, que obliga al Estado a adoptar medidas concretas, legislativas y de políticas públicas, para evitar muertes y lesiones gravísimas.
Peker menciona en el artículo citado, que hace 20 años la cifra de mortalidad materna era del 3,8 por cada 10.000 nacimientos; y que Argentina se había comprometido con Naciones Unidas a reducir un tercio de ese índice para el 2015. Sin embargo, ese año el porcentaje fue del 3,9.

Jóvenes y pobres.
Aunque los datos oficiales son escasos, a la hora de contar las víctimas de los abortos clandestinos, las mujeres jóvenes y de sectores vulnerables son las primeras de la lista.
Hace dos años, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento titulado “Diez razones para despenalizar y legalizar el aborto temprano”, en el que hacía directa referencia al “impacto diferenciado” que tiene una política punitiva del aborto, en las mujeres pobres y jóvenes.
Por ello no es casual que los índices más elevados de mortalidad por abortos clandestinos estén presentes en las provincias del Noreste y Noroeste de nuestro país, en los sectores más vulnerables. Según el CELS “en el año 2000, los hospitales públicos del país registraron casi 80.000 internaciones por aborto clandestino de mujeres jóvenes. Del total, 15% correspondieron a adolescentes y niñas menores de 20 años, y el 50% a mujeres de entre 20 y 29 años”.

Educación para prevenir.
El lema de la Campaña es “Educación sexual para prevenir; Anticonceptivos para no abortar; Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no Morir”; porque son tres pasos de una misma política, que desenmascara a quienes se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Los grupos antiabortistas, motorizados por la jerarquía de la Iglesia Católica, no sólo se oponen a la legalización del aborto; también combaten con tanta o más fuerza la educación sexual en las escuelas, y las políticas públicas que promueven el conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos.
En Salta, provincia que tiene un índice de mortalidad materna que duplica al nacional, se imparte la educación religiosa en las escuelas públicas con profesores egresados de institutos católicos, tal como quedó evidenciado en la reciente audiencia pública que se hizo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta audiencia fue el resultado de un amparo presentado por un grupo de madres salteñas, que se oponen a que sus hijos sean obligados a retirarse de las aulas porque no están de acuerdo con asistir a clases de religión, en las escuelas públicas.
El gobernador Urtubey defendió esa política, sostuvo que en esas clases se enseña “moral” más que religión y derivó la responsabilidad de la educación sexual en los padres. Sin embargo, es el Estado el que debe orientar la formación de docentes y estudiantes, y no las instituciones educativas de la Iglesia Católica, cuya doctrina sigue considerando a la sexualidad fuera del matrimonio como un pecado. Es evidente que en Salta, como en otras provincias con altos índices de embarazos adolescentes y muertes por abortos clandestinos, no se cumple con la ley de educación sexual.

Los encuentros.
Este año se realizará el Encuentro número 32 en Resistencia, Chaco, y como todos los años, decenas de miles de mujeres se organizan para viajar y congregarse en los 71 talleres que abordan una multiplicidad de temáticas que afectan a las mujeres. Considerados “el corazón de los Encuentros”, los talleres son espacios donde se debate de manera democrática y horizontal, en los que, desde sus inicios, se intentó romper con los patrones patriarcales de los espacios políticos tradicionales donde algunos hablan (generalmente varones) y otros (u otras) sólo escuchan.
La temática del aborto ha sido y es un tema de tensión y confrontación en los Encuentros, entre la militancia del movimiento de mujeres que enarbola la bandera de su despenalización, y los sectores antiabortistas que también participan de los talleres. De esta forma, como la metodología de los Encuentros es no votar sino arribar a conclusiones “por consenso”, resulta imposible adoptar una posición a favor de la ley para legalizar el aborto. Esto también es una deuda pendiente, no ya del sistema democrático, sino de los propios Encuentros de Mujeres.

Un proyecto necesario.
Los espacios #Niunamenos y #Vivasnosqueremos, fueron determinantes para visibilizar la violencia de género y los femicidios, logrando algunos cambios favorables en las materia de tipificación penal, de prevención y judiciales. Entre ellos, la creación de fiscalías especializadas, la calificación de los delitos por contexto de violencia de género, la implementación de medidas preventivas como el botón antipánico, etcétera.
El proyecto de ley para legalizar el aborto es una demanda legítima y el Congreso no puede seguir mirando para otro lado mientras miles de mujeres son obligadas a la práctica clandestina que favorece a quienes pueden acceder a ella con métodos seguros y se ensaña con las que no tienen esa posibiliad.
Seis veces se presentó esta iniciativa, ¿cuántas más serán necesarias?