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Las sinrazones de la Justicia

Parodiando el tan conocido axioma acaso podría decirse que «la justicia tiene razones que la razón no entiende». Tamaña afirmación puede basarse, por ejemplo, en el fallo que respaldó la cesantía de un trabajador que, como forma de protesta, maulló al paso del presidente Macri: ante el hecho un tribunal priorizó el «respeto a la investidura presidencial» por sobre el derecho de expresión.
Semejante postura parece haberse extendido por estas latitudes disimulada bajo formas de comprensión o diluidas con cierta ironía. El primer ejemplo es el de un rabioso funcionario del Senada quien, molesto por la profusión de carteles políticos opuestos a su pensamiento, no tuvo problema en amenazar con «cagar a tiros» a quienes se atrevieran a hacer lo mismo frente a su propiedad rural. Ante el hecho -que mereció al remoción al cargo que desempeñaba- la fiscalía general presentó una denuncia de oficio, la que fue rápidamente desestimada por el juez federal al señalar que «no se alteró de ninguna forma la paz pública ni nada por el estilo, se trató de un exabrupto de esta persona, la justicia penal no tiene que meterse en estas cuestiones».
Tan particular evaluación obliga a pensar cuáles son las cuestiones en las que debe meterse la justicia federal. No faltan ejemplos de quienes, al menos, recibieron un apercibimiento serio por palabras menos explicitas y amenazantes. La hilacha antidemocrática del exfuncionario quedó confirmada con el insulto violento con que cierra el furioso alegato, tan indulgentemente considerado por la justicia.
El otro ejemplo de estas cuestionables intervenciones en el ámbito judicial corre por cuenta del abogado defensor de Luis Enrique Baraldini, el exjefe de la Policía pampeana condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Como se recordará el inculpado gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en función de varias circunstancias, su salud la principal de ellas. Acaso confiado en los antecedentes -son varios centenares los represores que se vieron beneficiados con ese sistema de detención durante el macrismo- violó la disposición en forma manifiesta en Buenos Aires, donde fue fotografiado en la calle, lo que le costó la pérdida del beneficio carcelario.
Pero al margen de la gravedad del hecho, desde el enfoque jurídico aparecen como indignantes las expresiones públicas del abogado defensor. Bajo su particular interpretación, la violación de la prisión domiciliaria por parte del detenido fue apenas un «percance», y no conforme con la provocación se dirigió a los «muchachos de los derechos humanos» señalando que «solo ellos orinan agua bendita».
Subleva que semejantes palabras sean expresadas por alguien que, aun dentro de sus funciones, debe ceñirse a la ley. Quizás una respuesta adecuada a tamaño exabrupto sería recordarle que el que los muchachos y chicas que sufrieron el avasallamiento de sus derechos humanos evacúen agua bendita, es una presunción personal. En cambio está comprobado que orinaban sangre después de los tormentos que sufrían por parte de las patotas a las órdenes de su defendido.