Las resonancias de un asesinato

El género literario conocido como "novela negra" remite a una ficción policial en donde el caso no se circunscribe solo a un estrecho escenario en donde se desenvuelven víctima y victimario, ni su resolución es obra únicamente de la mente iluminada de un detective privado o policía que, por un complejo juego de deducciones, termina descubriendo el móvil del crimen, tal como ocurre en la típica novela policial inglesa.
No. La "novela negra" es un policial "sucio", cultivado con maestría por autores norteamericanos como Dashiell Hamet -no en vano perseguido por el macartismo en los EE.UU. de posguerra- o Raymond Chandler. Aquí el protagonista que va a resolver el enigma del homicidio debe meter las manos en el barro de la sociedad y va a encontrarse con una trama compleja de intereses personales sí, pero también políticos, sociales y económicos que finalmente terminan explicando las causas del asesinato.
Entre la asepsia del policial inglés y la "mugre" de la novela negra está la diferencia que hoy la propia realidad nos muestra en nuestros días en esta pequeña provincia argentina.
El crimen de Carla Figueroa, que ha conmocionado no sólo a General Pico sino a La Pampa toda, vino a sacar a la luz una cantidad de elementos "ajenos" (así, entre comillas) que se conjugaron para que la tragedia se desatara en la modesta casa de barrio en donde sucedieron las brutales once puñaladas.
Desde una figura penal anacrónica, como el "avenimiento", que debió haber sido desterrada del Código Penal hace tiempo, como lo están señalando los especialistas, hasta el incumplimiento de leyes, por parte del Estado, destinadas a dar amparo a las víctimas de violencia doméstica. Desde la cobertura escandalosa que busca exacerbar el morbo de los televidentes a fin de lograr un punto más de rating, hasta la seria crítica al aparato judicial por carecer de una perspectiva de género a la hora de analizar y resolver sobre casos de violencia familiar.
En la Cámara de Diputados y en la calle el horrendo crimen también imprime su huella adquiriendo dimensión política. En el primer caso con el pedido de un jury para investigar la decisión de los jueces de liberar al homicida cuando todo indicaba que así se dejaba indefensa a quien fue, finalmente, la víctima. Y en el segundo con una movilización de organizaciones de mujeres que cuestionan la decisión judicial y piden la remoción de los magistrados.
Hasta se podría decir -con un poco de audacia, probablemente- que el nuevo caso de violencia de género que se suscitó, a pocas horas del primero, en Santa Rosa, cuando un hombre baleó en la cabeza a su ex esposa dejándola en estado crítico con un diagnóstico de muerte cerebral, podría haber sido instigado por los oscuros ecos del primero.
El asesinato de General Pico, cometido con un nivel de salvajismo estremecedor, va dejando su marca en todo el cuerpo social -a la manera en que plantea sus casos la novela negra- y tiñe todo discurso público desnudando su motivación y concepción política y moral.
Pero estas consideraciones, que ponen el acento en las resonancias sociales del crimen, no deben impedir ver una circunstancia de peso decisivo: es el Estado, con sus tres poderes, el que hoy queda expuesto como el gran deudor ante la sociedad. Por no actualizar el Código Penal tal como lo vienen recomendando la experiencia y los especialistas; por no poner en práctica la legislación ya aprobada y destinada a dar protección a las personas que con mayor frecuencia son víctimas de la violencia familiar -mujeres y niños-; y por carecer de una mirada de género a la hora de las sentencias judiciales.