Legislación para ampliar derechos en clave de género

Una actividad legislativa que repara en el género como factor que entorpece el ejercicio de derechos evidencia un
pueblo en proceso de deconstrucción que, a través de sus representantes, delibera y gobierna de manera inclusiva
VICTORIA SANTESTEBAN*
La actividad legislativa en clave de género arrojó dos buenas nuevas la semana pasada: es ley la equidad de género en los medios de comunicación y la ley de cupo trans travesti ya tiene media sanción en diputados. En una Argentina prolífica en la promulgación de normativas de avanzada en materia de derechos humanos y a pesar de los obstáculos pragmáticos para cumplirlas, siempre son motivo de celebración los pasos que desarticulan al machismo, en el camino hacia la igualdad.

Equidad de género.
El proyecto presentado por la senadora Norma Durango es ley desde el jueves y se suma a la legislación de una Argentina pionera en materia de derechos humanos: no existe otro país que cuente con disposición semejante. La ley establece la «equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual» en los medios de comunicación y contempla un cupo para personas travestis y trans del 1 por ciento. Establece un régimen de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública e incentivos para que el sector privado adhiera, a partir de beneficios en el acceso a la pauta oficial. Esto es decir, los medios que demuestren avances en equidad de género, tienen premio. La ley prevé el otorgamiento de «certificados de equidad» para las empresas de medios que implementen procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras; salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil; uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación y protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género.

Deconstruir los medios.
La ley apela a la deconstrucción de prácticas automatizadas que deben su formación a la escuela patriarcal que exige a mujeres la belleza hegemónica, racista, clasista y gordofóbica para aparecer en los medios, que aborda la violencia de género desde el sensacionalismo y la mercantilización de las noticias -revictimizando a niñas, adolescentes y mujeres- que indaga en qué habrán hecho esas mujeres para ser violentadas y hace periodismo de investigación sobre sus vidas para que su ropa, su frecuencia sexual y su historia libren de culpas al varón violento. La ley exhorta también a que esos estudios y redacciones históricamente atestados de varones den lugar a mujeres, trans y travestis: no ya como secretarias, correctoras o chicas del clima sino como verdaderas compañeras que escriben y opinan de política, economía y fútbol. La ley insiste además en el uso del tan resistido lenguaje inclusivo, para que todas las personas queden dentro del universo comunicacional, este universo que ahora admite y visibiliza múltiples géneros en calidad de receptores y emisores. Para que nadie quede afuera, el lenguaje inclusivo invita a escuchar, leer, a escribir y contar con palabras que democratizan y abrazan sobre todo a quienes han estado siempre al margen de las páginas. De esta forma, y contra sus detractores, la ley de equidad de género en los medios no es ideología ni adoctrinamiento, ni es restricción a la libertad de expresión: es política pública para posibilitar el ejercicio de derechos, que hasta nuestros días han sido privilegios de los siempre favorecidos.

Cupo laboral.
La otra noticia legislativa digna de festejo fue la media sanción a la ley de cupo trans y travesti en el mercado laboral, que busca, entre tantos anhelos, que el futuro deje su obsesión por los géneros, la genitalidad y la orientación sexual al momento del ejercicio de derechos, en este caso, laborales. El proyecto hace mella en la empatía necesaria para ponerse en los zapatos gastados de quien vive y sobrevive en un mundo que nunca le hizo lugar, siquiera para ejercer su derecho al nombre. En donde las escuelas, los hospitales, los hogares cierran las puertas y queda la calle fría y caliente jugando las veces de casa y trabajo. Contra esta exclusión ensimismada con quien sale del binarismo patriarcal, el proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti trans propone que un porcentaje mínimo de empleos públicos sea destinado a personas travestis y trans e incentivos para las empresas privadas que las contraten. Como con toda adopción de acciones afirmativas que revelan un Estado dispuesto a trabajar en las desigualdades estructurales que excluyen y arrojan al vacío existencial a los grupos vulnerados, habrá que hacer frente a quienes esbocen nociones cómodas de meritocracia para rechazar los cupos. Tamaña tarea pedagógica explicar, las veces que sean necesarias, que la igualdad incluye la de oportunidades, y sin la mano del Estado que ahora compensa sus años de ausencia, sólo existiría la igualdad formal de las declaraciones universalizantes.

En clave de género.
Una actividad legislativa que repara en el género como factor que entorpece el ejercicio de derechos evidencia un pueblo en proceso de deconstrucción que, a través de sus representantes, delibera y gobierna de manera inclusiva. Evidencia un Estado que hace mea culpa por la ausencia y busca la reparación a partir de una presencialidad bien tangible. Ese Estado que se arremanga y tiende manos, pone hombros y todo el cuerpo para sacar del margen a quienes nunca salían en la foto, es el que posibilita el empoderamiento.

*Abogada, magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.