Lejos todavía de la «noble igualdad»

Algunas de las instituciones policiales del norte del país parecen mantener la vieja y detestable tradición de «bravas», tal como se las conocía durante las primeras décadas del siglo pasado. Sobran los hechos que abonan esa idea: la policía jujeña reprimiendo con saña manifestaciones populares; la tucumana con la muerte a tiros de un niño de doce años y asesinando a un hombre y arrojando su cadáver en territorio catamarqueño. Y en estos días de enormes movilizaciones mundiales de protesta ante el racismo criminal de la policía de Estados Unidos, llega otro ejemplo ominoso: la violenta agresión de uniformados contra una familia de la etnia qom, en la provincia del Chaco.
Las características del suceso hacen que se lo incluya en una de las peores formas del racismo: allanamiento sin orden judicial, falsas imputaciones, maltratos a los más pequeños, golpes a las mujeres y después, consumados los arrestos y ya en la comisaría, torturas y abusos sexuales. Al margen del desprecio y la carga de racismo que contiene el suceso no se han encontrado hasta ahora las motivaciones que pudieran explicarlo. Un conocido periodista porteño sostuvo con toda razón: «en todos los episodios de abusos y apremios, siempre hay un sesgo de discriminación por su condición étnica.»
El hecho no es extraño para las comunidades originarias del país que, desde siempre, de uno u otro modo, han sido menospreciadas y violentadas con total desprecio por la ley. Las provincias del norte argentino, de tradición más conservadora, evidencian esa postergación en múltiples aspectos, algunos muy dolorosos como el reciente fallecimiento por deshidratación de varios niños de una comunidad wichi en Salta. Semejante negación a un grupo de seres humanos de un elemento tan primordial como el agua potable, es más elocuente que cualquier discurso. Para peor luego se supo que los recursos para disponer la provisión del recurso ya estaban listos desde hacía bastante tiempo.
Es cierto que gracias a los organismos defensores de los derechos humanos del Chaco, oficiales y privados, hay una investigación en marcha sobre el atropello a la familia qom cuyos resultados habrá que esperar, pero es innegable que en la memoria de las comunidades indígenas está muy presente el recuerdo de hechos atroces. Un ejemplo es el de la Masacre de Napalpí, cometida por la policía chaqueña y algunos sicarios en la que murieron dos centenares de aborígenes, con mayoría de ancianos, mujeres y niños. El hecho, del que se cumplirán 76 años en breve, ocurrió en la «Argentina moderna», bajo la presidencia de Marcelo de Alvear. Las víctimas pertenecían a las comunidades mocoví y qom.
El reciente suceso, que responde a la misma ideología que posibilitó aquella masacre, tuvo amplia difusión y fue coetáneo con el asesinato de afrodescendientes en Estados Unidos que sacudió al mundo. En nuestro país mereció un fuerte repudio que abarcó desde el presidente de la Nación hasta la asamblea de obispos católicos entre otras voces. En cambio el gobernador del Chaco todavía no dijo una palabra.
Ante semejantes llagas -pasadas y presentes- suena a dolorosa ironía la mención de aquellas estrofas del Himno Nacional que cantan loas a «la noble igualdad».