Ley de Plaguicidas: ¿quién debe pagar?

La nueva Ley de Plaguicidas presenta un cuello de botella que podría dificultar su implementación. Los intendentes de varias localidades pampeanas advirtieron que no están en condiciones de afrontar los costos de contratación de los profesionales que deben inspeccionar las tareas de aplicación de los agroquímicos en los establecimientos agropecuarios bajo su jurisdicción.
En declaraciones a este diario un intendente fue muy claro al respecto. El tema se debatió días atrás en una reunión realizada en General Pico de la que participaron jefes comunales y funcionarios de Salud, Ambiente y Asuntos Municipales. El planteo es concreto y pone de manifiesto un aspecto que parece no haber sido desarrollado en profundidad por los redactores de la ley.
Ante esta situación surge una pregunta elemental: ¿por qué el costo de los controles tiene que ser afrontado por el Estado, que a su vez le cobra a los contribuyentes, cuando los que se benefician con la utilización de los agroquímicos son empresas que ganan mucho dinero? Los fabricantes de esos productos son grandes laboratorios nacionales y extranjeros, y quienes los usan son productores agropecuarios que desarrollan una lucrativa actividad económica, y que obtienen un beneficio adicional con el uso de estos insumos químicos que incrementan los niveles de productividad.
Las tareas de control son imprescindibles ya que se vienen generando graves problemas de contaminación -de suelos, aguas subterráneas e incluso de zonas urbanas- por causa del mal uso de estos productos que poseen una elevada toxicidad. En el largo debate en la Legislatura se escucharon muchas voces calificadas que advirtieron sobre el alto riesgo de no controlar esta actividad. En otras provincias se han registrado gravísimos procesos de contaminación ambiental, calamidad que se quiere evitar aquí.
Un antecedente no muy lejano podría ayudar a encontrar una salida. Hace algo más de dos décadas, tuvo lugar una discusión en el seno del Coirco a partir de la contaminación del río Colorado por parte de las empresas petroleras. Entonces se planteó por qué las cinco provincias integrantes del comité de cuenca tenían que aumentar sus pagos para solventar la tarea de los inspectores, cuando el daño es causado por las compañías. Fue así que se decidió que ese costo comience a ser afrontado por las empresas que operaban en el área las que, desde luego, no aceptaron el cambio sin protestar. Las empresas, es sabido, se especializan en maximizar las ganancias y nunca quieren ceder, pero los Estados provinciales se pusieron firmes y lograron modificar las cosas. El razonamiento que primó en ese momento era de una lógica irrefutable: el que contamina, paga.
El caso es perfectamente asimilable a lo que está sucediendo en nuestros días con los plaguicidas y muestra un camino hacia la solución. Sería a todas luces muy injusto que los contribuyentes pampeanos, a través del Estado, deban afrontar un gasto adicional para controlar que no se contamine el ambiente por las malas prácticas de quienes, precisamente, obtienen un rédito con la venta y la aplicación de estos productos.