Ley de medios, antimonopólica, bajo intenso fuego macrista

SE QUITO AUTARQUIA, SE INTERVINO A LA AFSCA Y ALLANO SU EDIFICIO

Por más que al “gran público” cautivo de Clarín y el periodismo amarillo pueda no importarle, es muy grave lo sucedido con la ley de servicios audiovisuales. En los hechos se la está derogando sin ningún debate parlamentario.
EMILIO MARIN
La ley de servicios audiovisuales fue estigmatizada por Clarín como “ley K”. Incluso algunos de los adversarios de Héctor Magnetto, como Daniel Vila, del grupo Uno-América, dijo en 2012 que “es una pésima ley, es de lo peor que he conocido”. En 2009, cuando la aprobación de la norma tenía opiniones peores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que calificaba como una virtual dictadura. La nonagenaria Mirtha Legrand debe haberlo tenido como fuente pues dijo barbaridades similares.
En cuanto a la génesis de la ley, los sectores monopólicos afectados estaban ocultando la historia. Ya en 2004 un conjunto de entidades democráticas, gremios, intelectuales y periodistas elaboraron pautas para acometer una deuda pendiente de la democracia: cambiar la vieja ley de radiodifusión de la dictadura.
Y así surgieron los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, como el soporte ideológico de lo que debería ser una ley de la democracia. Fueron 21 puntos porque en 2004 habían transcurrido 21 años desde la recuperación de la democracia y la maldita herencia del Proceso no había sido removida.
Con ese programa, la Coalición batalló varios años hasta que determinadas circunstancias políticas (la ruptura entre Clarín y el gobierno), generaron una coyuntura favorable para el debate nacional y su tratamiento en el ámbito parlamentario. Ya había pasado el cierto romance entre Néstor Kirchner y los monopolios del rubro, patentizado en 2005 con la prórroga por diez años de sus licencias audiovisuales.
Con mucho empuje desde abajo y participación en los foros y audiencias públicas en todo el país, más el debate en el Congreso, al final la norma fue aprobada el 10 de octubre de 2009. La habían votado 146 diputados y 44 senadores, incluso algunos que militaban en la oposición, como Pino Solanas, Claudio Lozano y los socialistas de Rubén Giustiniani.
Fue promulgada como ley 26522 y comenzó entonces un largo proceso de puesta en funciones de sus órganos de aplicación, como la presidencia y directorio de 7 miembros de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales). La presidencia quedó para un aliado del kirchnerismo, Martín Sabbatella, y los asientos de la oposición para Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Millman (Frente Amplio Progresista).
También se fue completando el Consejo Federal (Confeca), con participación de las provincias, universidades, medios públicos, privados y cooperativas, y trabajadores del área audiovisual.

Toque de Clarín.
La ley significaba un gran avance y así lo reconocieron los especialistas de las Naciones Unidas y la OEA, que vinieron para dar fe de ello. Sus objetivos de limitar los monopolios provocaron las mayores objeciones de Clarín, que acudió a la justicia para pedir cautelares, para que no ser alcanzado por la norma y también para tacharla de inconstitucional.
Esa táctica de chicanas logró una victoria, al frustrar con una medida judicial a su favor lo que los defensores de la ley, gobierno incluido, pensaban celebrar como la vigencia plena de la 26522: el 7 de diciembre de 2012. El 7D fue anulado por la corporación judicial de vínculos muy espesos con Clarín.
De todos modos la pulseada continuó y a fines de agosto de 2013 el Estado y el grupo de Magnetto, fueron citados por la Corte Suprema a exponer sus argumentos y contestar preguntas del tribunal, ante el que habían llegado apelaciones varias por fallos de instancias inferiores.
Los caros abogados de Clarín se centraron en atacar cuatro artículos de la ley: el 41 que prohíbe la venta de licencias de medios audiovisuales, el 45 que pone límites a la cantidad de licencias, el 48 que no permite argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanción de la ley, y el 161, que otorga un año de plazo desde la vigencia de la ley para adecuarse a sus requisitos.
El corazón de la 26522 era y es ponerle límites al monopolio, para asegurar la pluralidad de voces. Por eso el meollo estaba y está en el artículo 45, que fija los límites de cantidad de licencias. En sencillo: hasta 10 licencias de radio o televisión a nivel nacional, por aire; y hasta 24 por cable. Y no se puede tener más del 35 por ciento del total del mercado.
La norma pone un tope de 34 licencias a nivel nacional y era lo que el toque de Clarinete no admitía. ¿Por qué? Por que estaba largamente excedido. En la audiencia ante la Corte Suprema la Afsca afirmó que ese multimedios tenía 237 licencias, frente a 49 de su segundo competidor, en tanto había 650 licenciatarios con una sola licencia de cable.
Lo positivo de la audiencia fue que el tribunal falló en octubre de 2013 que la ley era constitucional así como los artículos impugnados por el único grupo que se había negado a presentar un plan de adecuación voluntaria. Lo hizo al mes siguiente, cuando había quedado en alevoso offside pues Telefónica, Telecentro (Pierri), América (Vila-Manzano), Cadena 3 (Mario Pereyra), Grupo Prisa (Radio Continental) y Grupo Índalo (Cristóbal López) ya habían presentado los suyos.

Ni voluntaria ni de oficio.
El proyecto de Clarín de subdividirse en seis grupos supuestamente independientes entre sí entró a la Afsca en noviembre de 2013, tras el fallo de la Corte. Parecía que el 2014 sería de aceleramiento en la aplicación de la ley, pues como gesto positivo el díscolo conglomerado empresarial empezó a cumplir con su deber de subir a la grilla analógica de canales de Cablevisión a Paka Paka, Incaa y Telesur, y a modificar el orden numérico. Todo Negativo pasó al canal 7 y la Televisión Pública al 14, por ejemplo, pero por el final de la historia podrá deducirse que eran meros cambios cosméticos.
Es que Sabbatella descubrió, ya avanzado el 2014, que el esquema de división en seis grupos independientes no era tal. Era falso, según la Afsca, que presentó pruebas de que varios de los sectores compartían directores, domicilios, estudios de abogados, etc. Los tentáculos seguirían operando para un mismo pulpo. Dio por caída la adecuación voluntaria y abrió el expediente de la adecuación forzosa, por el Estado.
Pero ya las condiciones políticas en 2014 no eran tan buenas ni favorables como lo habían sido antes. La economía daba muestras de estancamiento. Hubo una devaluación kirchnerista del 22 por ciento. Las internas del FPV empezaban a recalentarse, hacia lo que serían las PASO de agosto de 2015. La justicia corporativa seguía más fuerte que antes, teniendo en cuenta el fracaso en que había terminado el módico proyecto democratizador plasmado en seis leyes de 2013 fulminadas por la Corte de Lorenzetti.
La voltereta de un magistrado que entendió en la causa lo grafica. El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso había sido de los primeros de rechazar una cautelar de Clarín pero al final aprobó una cautelar de ese grupo, en noviembre 2014, en contra de la adecuación de oficio de Sabbatella. Esa cautelar tiene vigencia hasta el 14 de enero de 2016 y fue posiblemente el motivo de tanta necesidad y urgencia con la que actuaron Mauricio Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad en el atropello contra Afsca de fin de año. Querían asegurar a Clarín que después de ese 14E no recibiría ninguna noticia adversa.

Final anunciado.
Se sabe que por decreto de necesidad y urgencia, el 13, la Afsca y Aftic fueron privadas de autarquía y colocadas en la órbita del ministerio de Comunicaciones bajo la batuta del “milico” Aguad. Luego otro decreto, el 236, intervino ambas dependencias. Finalmente, con la justicia adicta (fiscal Stornelli y juez Ercolini), allanaron las sedes y pusieron la faja de clausura en Suipacha al 700.
La película de Clarín versus ley de medios tuvo un final anunciado. En los diarios de ayer esa empresa publicó la convocatoria a asamblea “con instrucción al Directorio para que analice, proponga y someta a consideración de la Asamblea, un Plan de Adecuación modificado, que consultando los mejores intereses de la Sociedad, refleje todos y cada uno de los criterios aplicados por la Afsca, siempre bajo la explícita reserva de su ulterior modificación si se alterase el marco legal o se volviera a dar tratamiento más favorable a otro sujeto obligados bajo la Ley 26522”.
Aclaraciones al lector. Donde dice “mejores intereses de la Sociedad” no se refiere a la argentina sino a la Sociedad Anónima de Clarín. Donde dice “todos y cada uno de los criterios aplicados por la Afsca” no está rindiendo un postrer homenaje a Sabbatella sino reclamando para sí lo que se hubiera dado a Índalo o Telefónica, o que se dé más adelante a otra firma.
No tiene desperdicio su “explícita reserva de su ulterior modificación si se alterase el marco legal”. Están advirtiendo que presionan por una alteración del “marco legal” actual. La ley de servicios audiovisuales nunca fue del agrado del monopolio. Quiere otro marco normativo y con Macri y Alfonso Prat Gay está seguro que va a lograrlo. Ya lo blanqueó Aguad al poner el epitafio en la mañana del 24 de diciembre: “la ley no se toca, por ahora”. Casi se le escapa “se tocará cuando Magnetto lo disponga”.