Libertad de prensa y nuevos desafíos

El fallo de la Corte Suprema rechazando una demanda por daños y perjuicios contra este diario, del que se informara la edición de ayer, nos transporta -como un túnel del tiempo- a una época sombría de la República, en la cual los funcionarios públicos tenían garantizada, además de las prebendas propias del cargo, una virtual inmunidad contra la crítica de sus actos.
El juicio que concluyó este mes demoró 17 años en tener sentencia definitiva, lo cual, desde la perspectiva de la corte internacional que se ocupa de estos casos, constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos. En buena medida la responsabilidad por esa demora les cabe a los jueces pampeanos de todas las instancias que sostuvieron posturas contrarias a la libertad de expresión, esto es, contrarias a la República.
En 2002, cuando se publicó la noticia que motivó el juicio, regían los principios sentados por la infame corte nacional instaurada en la década de los años noventa, con su "mayoría automática" y su sistemática actitud reticente en la lucha contra la corrupción en la esfera pública.
No es un dato menor que buena parte de los ministros de aquel tribunal fueran destituidos por mal desempeño en sus funciones, lo que también ocurrió, entre nosotros, con el presidente del Tribunal de Cuentas pampeano, cuya conducta se criticaba severamente en el artículo periodístico que sirvió de base a este juicio.
Con posterioridad, una nueva Corte Suprema, integrada por jueces probos e independientes, adoptó decididamente la doctrina de la "real malicia", que básicamente limita la posibilidad de demandar a la prensa cuando publica informaciones de interés público, salvo para el caso de falsedades publicadas intencionalmente o con una notoria liviandad.
Es bueno comprobar que, casi dos décadas después, la jurisprudencia local ha variado sustancialmente, y ya no se registra el espectáculo obsceno de funcionarios de dudosa transparencia, enriqueciéndose a costa de la prensa, precisamente por haber sido desnudados en su conducta reprochable. Los jueces, por su parte, aparecen menos proclives a proteger a funcionarios corruptos, aunque en este terreno se observen notorias sobreactuaciones, y una lamentable tendencia a desempeñarse según los vientos políticos en boga.
Hoy la libertad de expresión enfrenta desafíos diferentes. La irrupción de internet y sus redes sociales permite la producción horizontal de información, que, sin el filtro que representa el rigor del periodismo profesional, resulta un caldo de cultivo para noticias falsas y operaciones políticas de todo tipo.
En algunos casos, además, se ha comprobado cómo llegan a desdibujarse los roles de la prensa -que debe informar y opinar- y los magistrados judiciales -que deben aplicar la ley- en un contubernio en el cual, para colmo de males, intervienen servicios de inteligencia más o menos formales, cuando no, directamente, estafadores profesionales.
Pero acaso el peligro más grave para la libre expresión, en nuestros días, sea su secuestro por parte de medios periodísticos monopólicos, que lejos de estar interesados en la difusión de información de calidad, operan para imponer una agenda política y para favorecer negocios que en muchos casos nada tienen que ver con el periodismo. El cinismo de estas corporaciones es tal que les permite apañar a periodistas acusados de delitos comunes, mientras ignoran los verdaderos ataques ilegales sufridos por otros comunicadores independientes.
La libertad de pensamiento y de expresión son derechos humanos básicos, y no sólo ello: son también un elemento esencial para la vigencia de la República. Pero, tal como se ve, su vigencia nunca está garantizada, y requiere una lucha incesante por parte de todos. Porque las fuerzas que se le oponen, como un animal mitológico, pueden perder algunos de sus tentáculos opresores, pero siempre logran generar otros nuevos.