Lo temido llegó, y fue por decreto

Pese al explícito rechazo de todos los organismos defensores de los derechos humanos, de prácticamente todo el arco político opositor y de una amplia mayoría de los ciudadanos el presidente de la Nación aprobó por decreto el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la seguridad interior. Lo hizo sin darle participación al Congreso de la Nación de donde surgieron las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior e Inteligencia que rigen en el país desde los momentos iniciales de la recuperación democrática.
Todos los especialistas coinciden en que si hay una cuestión en Argentina que reúne un acuerdo sólido de casi todas las fuerzas partidarias, y una doctrina que puede denominarse como producto de una política de Estado, ésa es la que establece la separación tajante de los militares de las tareas propias de la seguridad interior. Las fuerzas políticas mayoritarias -básicamente el peronismo y el radicalismo- y el resto del abanico con representación en el Parlamento construyeron un consenso que hasta hoy no había sufrido cuestionamientos.
Las excepciones provienen de algunos partidos minúsculos, de ideología reaccionaria, que reivindican el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura pese a que los procesos judiciales lograron probar el genocidio que cometieron durante los años en que pusieron al país bajo el imperio del terrorismo de Estado.
Con este “decretazo”, el macrismo le da la espalda a las expresiones mayoritarias de la sociedad y se alinea con esos grupos de la derecha más retrógrada. Todavía más, se permite desdeñar la trágica experiencia histórica de nuestro país y de todo el continente latinoamericano. Aún hoy, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior sigue mostrando fracasos estrepitosos -con baños de sangre incluidos- en naciones como México, Colombia y Brasil.
En México se da la paradoja de que los altos mandos militares le reprochan al poder político haberlos involucrado en acciones para las cuales no estaban preparados como la lucha contra el narcotráfico. Cuando habilitó la intervención armada lo único que logró el gobierno mexicano fue empeorar la situación, favorecer la proliferación de masacres y violaciones a los derechos humanos a escala nunca vista y generar un clima de violencia general insoportable en todo el país. ¿Eso es lo que quiere para Argentina el macrismo? ¿Hasta este extremo está dispuesto a seguir la línea intervencionista que promueve Estados Unidos para la región a pesar de experiencias tan traumáticas?
El Congreso de la Nación es el único poder de Estado con atribuciones para introducir un cambio tan drástico en una cuestión de semejante relevancia institucional. Pretender esquivar este paso es peligroso para la democracia pues abre una puerta que puede facilitar el ingreso de desviaciones autoritarias. La historia de nuestro país debería ser la mejor aliada para prevenirlas.
Resolver por decreto en cuestiones estratégicas que conciernen a la seguridad y los derechos humanos de los habitantes de este país, no es propio de un gobierno que se dice republicano.