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Los agrotóxicos enferman y matan

VENENO EN EL AIRE, EL AGUA, LA TIERRA Y LAS PERSONAS

El caso de Fabián Tomasi, muerto el viernes tras larga agonía, luego de haber trabajado con pesticidas, muestra una de las caras más trágicas del modelo de los agronegocios.
IRINA SANTESTEBAN
Entre Ríos es la provincia que más uso intensivo hace de los pesticidas, para optimizar el rendimiento de la siembra y cosecha de granos, en su mayor parte destinados a la exportación con buenas ganancias a los grandes productores de soja y fabricantes de semillas transgénicas.
Los grupos ambientalistas y los defensores de una agricultura orgánica, denuncian hace años los efectos perjudiciales de estos productos químicos, fundamentales para el modelo de producción agrícola imperante en nuestro país desde hace más de 20 años, con alta rentabilidad para pocos, y enfermedades y muerte para los más humildes.

Distancia.
La web de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), muestra entre sus asociados a Monsanto, Bayer (que absorbió a la primera) y Syngenta, empresas que dominan el 80% del mercado de semillas y productos para el combate a las plagas. Casafe niega la toxicidad de los pesticidas que fabrican sus asociados. Para estas empresas sus productos no son peligrosos ni para las personas ni para el medioambiente, sólo aclaran que deben utilizarse de acuerdo a sus instrucciones y plantean el «uso responsable».
En sintonía, el gobierno de Cambiemos también niega la peligrosidad de los agrotóxicos, al no fijar distancias mínimas para su aplicación. Así lo expresaron en un informe que se presentó en julio en el Ministerio de Agroindustria, respecto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias, fruto de un trabajo interministerial de 90 días de las carteras de Salud, Ciencia, Medioambiente y Agroindustria (ninguna de las cuales son ya ministerios, sino secretarías).
Ese informe sería la base para una futura ley de aplicaciones, pero no establece distancias mínimas a respetar cuando se trata de zonas cercanas a poblaciones sino que lo deja librado a supuestas «buenas prácticas».

«En pata».
Sin embargo, la historia de Fabián Tomasi, muerto el pasado viernes 7 luego de una larga agonía, contradice estas conclusiones del gobierno nacional y las empresas de pesticidas.
Tomasi comenzó a trabajar como fumigador en 2005 en Basavilbaso, Entre Ríos, para una empresa de fumigación aérea y como resultado del contacto con agrotóxicos contrajo una enfermedad que los médicos diagnosticaron como polineuropatía tóxica metabólica severa, que le causó una severa disfunción de una parte de su sistema nervioso.
Tomasi se hizo muy conocido por su lucha contra el uso de agrotóxicos y el riesgo que implica su manipulación para quienes realizan ese trabajo y para los pobladores.
Su trabajo consistía en abrir los envases que contenían sustancias químicas -entre las que había glifosato-, volcadas en un recipiente de 200 litros de agua, y enviadas por una manguera hacia la avioneta para rociar los sembrados de soja.
Tomasi contó que en verano «trabajábamos en pata y sin remera, y comíamos sándwiches de miga debajo de la sombra del avión que era la única sombra que había en las pistas improvisadas en el medio del campo. La única instrucción que yo recibí fue hacerlo siempre en contra del viento, así los gases no me afectaban».
Tomasi es el protagonista del libro «Envenenados» del periodista Patricio Eleisegui, quien, al despedirlo tras su muerte, escribió en su cuenta de Twitter: «… los agrotóxicos minaron su salud hasta este final. Se va un símbolo de la lucha contra las fumigaciones. Alguien determinante a la hora de entender este modelo que mata».

Modelo asesino.
El herbicida más conocido es el glifosato, utilizado para los cultivos con semillas transgénicas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno. En Argentina el boom de la soja se dio a mediados de los años 90 y paulatinamente ese cultivo fue desplazando otras siembras y la cría de ganado.
A junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas, que rindieron una producción de 35,8 millones de toneladas y ubican a Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil. Como mínimo se usan diez litros de glifosato por hectárea, quiere decir que en un año se rociaron por lo menos 180 millones de litros de ese herbicida. Según las organizaciones defensoras del medioambiente, estas aplicaciones afectan a 12 millones de personas en todo el país, quienes reciben estos agroquímicos sobre sus casas, escuelas, pozos de agua, etc.
Los reclamos sobre las consecuencias en la salud empezaron a conocerse en 2005 en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Los sembradíos se extendían, rodeaban a pueblos y escuelas, y apenas los separaban de las casas los alambrados y calles angostas de tierra.
El médico Hugo Gómez Demaio, fallecido en julio de 2017, reconocido pediatra en el Hospital Provincial de Posadas, realizó un mapa con los niños que nacían con malformaciones, en particular mielomeningocele, un defecto del cierre del tubo neural que se da durante el primer mes del embarazo. Esa malformación puede provocar hidrocefalia, parálisis y daño neurológico en el bebé, casi siempre irreversibles.
Según Gómez Demaio, ese aumento en los casos de bebés con malformaciones de nacimiento, se producían en aquellas zonas expuestas al uso masivo de agrotóxicos.

A juicio por fumigar.
Hace 6 años, se realizó en Córdoba el primer juicio por contaminación en un barrio cuya población estuvo expuesta a fumigaciones. El proceso se realizó en la Cámara Primera del Crimen y fue la primera condena en Sudamérica por el delito de «contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud». El fiscal de la acusación, Carlos Matheu, logró que se condenara a 3 años de prisión en suspenso a un productor agropecuario y a un aerofumigador.
Ese juicio fue posible gracias a que un grupo de madres se organizó para denunciar los casos de cáncer y malformaciones que se daban en barrio Ituzaingó, en la zona sudeste. Sin embargo, las consecuencias para la salud de los pobladores, que se investiga en otro proceso, llamado «causa madre» todavía no ha llegado a la etapa de enjuiciamiento. Justicia lenta no es justicia…