Los cambios que molestan a Cambiemos

Los exfuncionarios macristas y sus aliados mediáticos no quieren que los más ricos paguen más impuestos, por eso tergiversan los hechos cuando hablan de «ajuste».
CARLOS HELLER
Según Juntos por el Cambio nos dejaron un país muy ordenado. Por eso es esencial discutir lo que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos: Una caída del PBI per cápita del 9 por ciento en cuatro años, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al de 2006. Se cerraron más de 20 mil empresas, de ellas, más de 4.200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15 y el 20 por ciento, similar a la pérdida de los salarios.
Nos enfrentamos a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecería que se está diciendo lo obvio. Pero es necesario insistir, pues hay una gran tergiversación desde los exfuncionarios (que además hablan como si no hubieran gobernado) y desde los grandes medios de comunicación.

Tergiversaciones.
Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros.
Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más.
Hay hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica.
No soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos a partir de una mayor actividad.

La redistribución.
Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70 por ciento de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30 por ciento a la vivienda social.
En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67 por ciento a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3 por ciento a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30 por ciento restante se destinaría a rentas generales. Además, se establecen «mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas». Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan.
La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble de la tasa más elevada (que es del 1,75 por ciento) pero en la medida que repatrien sus activos financieros este plus puede bajar. También se imponen tributos a los autos, embarcaciones, aeronaves, orientados a recaudar más, así como a fomentar la industria automotriz nacional.

Del techo al piso.
La idea es generar un shock de consumo que tendrá impacto en la producción y, seguramente, en la mejora del empleo. Abonan a este propósito los aumentos especiales a los jubilados que cobran la mínima, de 5.000 pesos en enero y febrero, más la baja de las tasas de interés de los créditos de la Anses y la prórroga de las cuotas de enero a marzo. También los aumentos de salarios que determinará el gobierno y que le pondrán un piso a las paritarias. Para resaltar: en el gobierno de Macri le ponían techo a las paritarias y ahora el gobierno de Fernández les pone un piso. Además suman la tarjeta alimentaria, los ingresos adicionales para la AUH y Precios Cuidados hechos con verdadero entusiasmo, entre otras medidas.
Lo esencial es el cambio de modelo y de filosofía, para pasar de la meritocracia, del «sálvese quien pueda», al concepto de solidaridad en la emergencia. De pasar del Estado canchero a un Estado activo, que interviene en la puja distributiva y en la regulación de los mercados. Conjuntamente con otros cambios importantes en las políticas de salud, de seguridad, de género. (Extractado de Tiempo Argentino).