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Los cómplices de la Gestapo de Macri

El desfile de jueces, fiscales, dueños de grandes medios de comunicación y periodistas por la Quinta de Olivos quedó palmariamente establecido con la investigación que llevó adelante El Destape. Luego de solicitar, y obtener, el registro completo de ingresos a la residencia presidencial, como a la Casa Rosada, entre diciembre de 2015 y el mismo año de 2019, pudieron identificar día y hora de las reiteradas visitas «ilustres» que se habían ocultado hasta entonces. También pudieron determinar los periodistas de aquel sitio web que una ONG, Poder Ciudadano, había efectuado la misma consulta bajo el gobierno de Macri pero esa vez en la información brindada eliminaron los nombres de Héctor Magneto y Jorge Rendo, directivos del Grupo Clarín, como de periodistas de ese consorcio mediático y de magistrados.
Ahora que se conoce la información completa y saltaron los nombres omitidos se sabe también que esas visitas coincidían en el tiempo con resoluciones judiciales adversas a opositores políticos -en especial contra Cristina Kirchner- y con operaciones periodísticas dirigidas a justificar la persecución judicial y enlodar los nombres de las víctimas de un mecanismo tan perverso como antidemocrático.
Si a esta evidente conspiración político-judicial-mediática se le suma la tenebrosa red de espionaje ilegal que saltó con la detención del espía Marcelo D’Alessio y que involucró a la cúpula de la AFI, jueces, fiscales y periodistas se debe terminar de admitir que nunca la Argentina -bajo un gobierno electivo- padeció una degradación institucional tan profunda como la que le infligió el macrismo en el poder.
Es tan grave lo ocurrido y tan contundentes las evidencias que los dueños de los grandes medios involucrados, sus periodistas y los funcionarios judiciales no han podido balbucear defensa alguna. El silencio de los programas radiales y televisivos como de los medios gráficos corporativos resulta atronador. Solo la prensa no alineada con ellos ilustró a sus audiencias. De tal modo el debate político nacional no ha reflejado con la necesaria intensidad este escarnio al sistema democrático. El blindaje mediático, una vez más, sustrajo un tema crucial al interés ciudadano.
Que integrantes del máximo tribunal penal del país y que los propietarios y periodistas más conocidos de los medios hegemónicos se reunieran en secreto con los máximos funcionarios del Ejecutivo nacional -el propio presidente entre ellos- para pergeñar un plan de persecución política, judicial y mediática resultaba inconcebible en nuestro país bajo un gobierno constitucional. Tuvo que llegar Cambiemos al poder para hacer realidad semejante infamia que socava las bases de la convivencia democrática.
Es mucho más grave que lo que ocurrió en Brasil con la persecución -hoy desbaratada- contra Lula Da Silva. Allá solo estuvo involucrado un juez y un fiscal; aquí fueron muchos más. La propia Corte Suprema aparece en la mira pues convalidó, por acción u omisión, actos judiciales viciados de nulidad, como también tuvo a su cargo esos años el sistema de escuchas telefónicas que se puso a disposición de estas ominosas operaciones.