Inicio Opinion Los condicionantes de la deuda externa

Los condicionantes de la deuda externa

LA PESADA HERENCIA QUE DEJA EL MACRISMO

La abultada deuda externa ya no solo condiciona las medidas para salir de la crisis sino que tiene también una evidente dimensión geopolítica.
EDUARDO LUCITA*
Suele decirse que el tipo de cambio es el termómetro de la crisis y que la inflación es la variable que desmadra al resto de las variables macroeconómicas, pero la deuda está en el centro de la crisis.
La coyuntura que atravesamos expone sin tapujos los desequilibrios estructurales que han sido exacerbados por los cuatro años del modelo mercadocéntrico del gobierno de Mauricio Macri. Espiral inflacionaria, desequilibrios fiscales, restricción externa… El resultado no podía ser otro que recesión, pérdida de empleos y caída salarial más precarización, su consecuencia lógica: aumento de la pobreza y la indigencia. El estado de devaluación permanente que vivimos desde abril del año pasado, ha puesto el foco de atención en una deuda pública impagable y viciada de nulidad. Argentina es hoy un país sin moneda; está al borde de la hiperinflación y tiene un endeudamiento que la ha puesto al límite de la cesación de pagos.

Dimensión geopolítica.
Las urgencias económicas condicionan también la política exterior. El reciente llamado telefónico de Donald Trump a Alberto Fernández -que pareciera fue gestionado por su núcleo íntimo ante la Embajada norteamericana- no fue solo cumplir con la formalidad de felicitar a un presidente electo. Que lo haya llamado cuando Fernández estaba casi con un pie en la escalerilla del avión para su viaje a México no es pura casualidad, tampoco que le haya dicho que esperaba alcanzar una «cooperación bilateral positiva» en cuestiones económicas, democráticas y de seguridad.
Desde que asumiera como presidente de los EEUU la política internacional de Trump se ha caracterizado por utilizar lo comercial-financiero como mecanismo de presión para lograr objetivos más políticos. Así ha sido hasta ahora en sus encontronazos con China, que en realidad ocultan que la verdadera disputa es por quién liderará el proceso tecnológico a futuro; así lo fue para reformular el tratado de libre comercio (NAFTA) con México y Canadá, y así lo es ahora con Argentina, utilizando al FMI como herramienta de presión.
Es un secreto a voces que el cuantioso préstamo que el Fondo concedió a nuestro país -aún a sabiendas que no podía cumplir con los requisitos de rigor- fue por la presión que el gobierno estadounidense hizo sobre el directorio del organismo. Trump estaba jugado a la reelección del presidente, Mauricio Macri -el plan de desembolsos se ajustaba perfectamente al cronograma electoral- no le fue bien, Macri no fue reelecto. Ahora EEUU redirecciona su política hacia el presidente electo. A rey muerto, rey puesto.
Dice Trump en otra parte de su conversación telefónica con Fernández: «he instruido al FMI para trabajar con usted no dude en llamarme». Otra vez la utilización del organismo.
¿A cambio de qué? La cooperación bilateral positiva incluye no solo la economía, sino también lo político, y aquí entra Venezuela, lo cual implica evitar que el próximo gobierno retire a nuestro país del grupo Lima -aun aceptando que tenga una participación light como México y Uruguay- buscando debilitar todo intento de integración política con independencia de EEUU. Y está también la cooperación en términos de seguridad, aquí entran la lucha contra el narcotráfico y el remanido tema de la Triple Frontera. La agenda de Trump es amplia e incluye poner límites a la expansión de China en la región.

El estado de la deuda.
Tomados en conjunto los desequilibrios estructurales semejan una madeja difícil de desenredar con el agravante que apenas se tira de la punta del ovillo aparece el condicionante de la deuda, que para más está también en el núcleo de esa madeja.
Lo hemos dicho pero conviene reiterarlo. Tributario de las concepciones neoclásicas propias del neoliberalismo el gobierno de Macri eliminó todos los controles y regulaciones a los flujos financieros y movimientos del capital, extendió a diez años el plazo para que los exportadores liquidaran las divisas, abrió las importaciones, eliminó los máximos para las compras de divisas, quitó los controles de precios y devaluó. En paralelo facilitó el ingreso de capitales especulativos, garantizando grandes tasas de ganancias y salida de capitales cuando quisieran. Todo lo financió con endeudamiento, iniciando así un nuevo ciclo, que por su velocidad y magnitud es inédito.
Distintas estimaciones dan cuenta de que a fines de este año la deuda total del Estado nacional, sin computar la de provincias y organismos descentralizados, será del orden de los 307.000 millones de dólares -entre 75 y 95 por ciento del PBI, según qué tipo de cambio se estime a fines de diciembre- cuando en el 2015 era del 37 por ciento. Un 34 por ciento de la deuda fue colocada en organismos estatales, el 42 por ciento está expresada en bonos e instrumentos monetarios, el resto corresponde a préstamos de organismos internacionales.

¿Qué hacer?
El país está nuevamente en default, por ahora selectivo. Con la particularidad que el que no puede pagar es el mismo gobierno que tomó la deuda. Lo que está al borde de la cesación de pagos es tanto la contraída con el FMI como la emitida en bonos en los mercados «voluntarios» de crédito y la que se expresa en distintas letras e instrumentos monetarios.
Esta posibilidad muy concreta de default se muestra en la actual crisis de liquidez, no se cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de aquí a fin de año, estimados en unos 4.300 millones de dólares en bonos, más los vencimientos del Banco Central y el Tesoro. Pero también una crisis de solvencia, no tiene capacidad de repago frente a obligaciones que vencen en el 2020, unos 25.000 millones de dólares, de ellos unos 20.000 en el primer semestre.
Reperfilamiento, plan de facilidades extendidas o nuevo stand by con el FMI; estiramiento de los plazos con los acreedores privados con sin quita de capital y reducción de intereses. Son las opciones que están en discusión. ¿Por qué no analizar la suspensión o cesación de pagos y hacer una auditoria de los pasivos contraídos por el gobierno que se va? ¿Porqué no incorporar la categoría de deuda odiosa? Son preguntas incómodas pero que bien vale la pena hacerse cuando la situación es tan crítica.

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).