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Los fondos, cada vez más buitres, siguen exigiendo más

EL GOBIERNO ARGENTINO SE ARRIMO MUCHISIMO A SUS DEMANDAS

El gobierno de Fernández se estiró al máximo y ofreció 53,5 centavos por dólar. Los tres grupos de bonistas acreedores, insaciables, exigieron 56,3. Parece poco pero es mucho.
SERGIO ORTIZ
El 6 de julio el gobierno argentino formalizó ante la SEC estadounidense su cuarta oferta de pago a los fondos acreedores de la deuda externa por 64.800 millones de dólares.
El 22 de abril, cuando formalizó la primera propuesta, se mostraba dispuesto a pagar 38 centavos de dólar, que fueron en aumento en mayo y otro tanto en junio. En ese cuarto intento Martín Guzmán -siguiendo órdenes de Alberto Fernández- llegó a ofrecerles 53,5 centavos.
Como en las oportunidades anteriores, sabiendo de las mayores exigencias de la contraparte liderada por BlackRock, el gobierno reiteró que era la «última oferta». Los acreedores debían entender que más no podía pagarles pues se pondría en riesgo la sustentabilidad de la deuda y la seguridad de los pagos.
Como esas advertencias se dieron en abril -en rigor antes-, es difícil creer que esta cuarta propuesta sea la definitiva. Debería serlo porque los 53,5 por dólar ya era una gravísima hipoteca que pesará sobre generaciones de argentines. ¿Será la última?
Con esos antecedentes de retrocesos, queda un margen de duda para determinar si esta oferta será o no la última. En su diálogo virtual con los representantes del capital financiero internacional agrupados en el Consejo de las Américas, Fernández les dijo el martes 21: «Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez».
Su expresión de que «no tengan dudas de que haremos todo el esfuerzo que podamos» podría interpretarse de dos maneras: que cumplirá con su propuesta de pago de 53,5 centavos, o que podría estirarse a pagar algún dólar más. En el curso de agosto, quizás antes del 4, habría un resultado final de la negociación que hoy no pinta como halagüeña.

Para atrás.
Las cuatro ofertas sucesivas del gobierno fueron aumentando los millones de dólares a pagar en esta reestructuración de la deuda. Entre el 22 de abril y el 6 de julio lo propuesto por Fernández-Guzmán supuso un beneficio extra a los acreedores de entre 13.800 y 15.000 millones de dólares extras.
Pese a la enormidad de esas sumas, sólo pudo seducir a un par de acreedores como Fintech y Gramercy que participaban de uno de los tres grupos conformados, el ACC (Argentina Creditor Committee).
Los otros dos fondos, Ad Hoc Group (BlackRock) y Exchange Bondholders Group (Monarch), venían reclamando más y más. Habían rechazado las ofertas argentinas de abril, mayo y junio, y reiteraron su oposición a la formulada el 6 de julio. La negativa de estos usureros primermundistas fue fundamentada por partida triple: querían 56 centavos de dólar, como mínimo; reclamaban condiciones contractuales más favorables para demandar a Argentina y embargar bienes en casos de incumplimiento, y acusaron a Guzmán (y por elevación al presidente) de no haber negociado de buena fe durante estos meses.
Las exigencias de los fondos, cada vez más buitres, fueron difundidas y defendidas por los amigos argentinos del capital concentrado, la derecha política y los medios monopólicos de incomunicación.
El 20 de julio los tres fondos de acreedores difundieron por todos esos canales amigos su respuesta negativa a la última oferta gubernamental. El agravante fue que el ACC, que en principio había manifestado su acuerdo con lo propuesto por Guzmán, también suscribió ese rechazo. Fintech y Gramercy, los más amigables, quedaron en minoría y abandonaron ACC, que orgánicamente se alineó con los otros dos más intransigentes y liderados por BlackRock.
De ese comunicado tripartito lo más preocupante para Fernández y Guzmán es que, además de reiterar sus demandas máximas disfrazadas de mínimas, es que les mostró sus músculos al aclarar que ellos tres tienen el 30 por ciento de los bonos que se están negociando. Con eso le dijeron al gobierno que su cuarta oferta no podrá lograr el 66 ni el 85 por ciento de aceptación de los acreedores (según corresponda a unos y otros títulos) como para poder obligar a todos los bonistas a aceptar la propuesta del Estado argentino.

Primero, auditoría.
Cada una de las partes embellece su programa. Según el gobierno argentino su propuesta de pago es muy exigente, pero resultaría compatible con pagar y volver a crecer, algo muy dudoso.
Por el lado de los fondos, aseguran que cobrarían 56,3 centavos, pero de todos modos el país pagaría 35.000 millones de dólares menos. Guzmán en cambio advirtió que «aceptar lo que ellos piden significa mas desempleo, tener que, por ejemplo, ajustar jubilaciones».
Todos esos números son ominosos por los graves sacrificios que implicarán para los argentines. Los 64.800 de dólares que se vienen negociando (más intereses devengados, 66.000 millones), implicarían en la oferta de Guzmán abonar 91.700 millones de dólares por capital e intereses hasta el año 2041. Los bonistas exigen 7.000 millones de dólares más que ese planteo gubernamental, o sea casi 99.000 millones.
Estos buitres alegan, mentirosos, que entre esos 99.000 millones que quieren cobrar y la deuda actual que se renegocia, 64.800 millones, ellos estarían «beneficiando» a Argentina en 35.000 millones de dólares menos. A esta falacia la difunden como verdad mediante Clarinete y Desinfobae.
Pagar hasta 2041 los 91.700 millones que ofertaron Fernández y Guzmán, o abonar en ese lapso 98.700 millones como quieren BlackRock, Monarch y demás buitres, no es lo mismo pero muy parecido. Del fondo del mar, 8.000 metros, quedaríamos mil metros más arriba, pero lejos de la superficie. Ahogados.
Y lo peor es que se acepta pagar este tramo (falta la deuda en dólares de tenedores locales, el fugado crédito macrista con el FMI, la deuda con el Club de París, etcétera) sin haber hecho una auditoría previa, para discernir qué es legal y qué no lo es.
Pagar a ciegas una factura en gran parte ilegítima es un acto de grave irresponsabilidad política. Lejos de desendeudamiento, esto implicará mayor deuda y pagos, con el agravante de reanudar esos giros en 2021 cuando la economía vaciada por Mauricio Macri y luego afectada por el Covid-19 (el PBI caería este año 12,5 por ciento) estará, en el mejor de los casos, como un débil enfermo en sala de terapia intermedia.
Fernández persiste en ese grave error. Y peor aún, busca aliados dentro del país, como los monopolios del G-6. Y en EEUU, a la administración Trump, el FMI, el Council of America, Chevron, General Motors, Pfizer y las mineras. ¡A buen monte vas por leña!