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Los gobernadores marcan la cancha

El fuerte reclamo a la Nación que unificó a diecinueve provincias es una muestra muy clara de lo mal que cayó entre los gobernadores la decisión «inconsulta» y «unilateral» de la Casa Rosada de hacer política electoral con dinero ajeno. En la larga historia de las peleas entre el interior del país y el puerto no se registran demasiados antecedentes de un número tan elevado de jefes de Estado provinciales que se pongan de acuerdo para pintarse la cara e ir todos juntos en malón contra el gobierno nacional.
Este hecho singular da una idea cabal del malestar que reina entre los gobernadores a partir de ver la tajada que les quitaron con la afectación de los principales impuestos coparticipables. La Pampa tuvo una actuación destacada en el encuentro al punto de ser su jefe de gobierno el que dio la cara ante el periodismo porteño para comunicar el resultado de la reunión. Seguramente que habrá pesado un desaire adicional que sufrió por estas horas nuestra provincia: no haber sido invitada a un encuentro de jurisdicciones productoras de hidrocarburos, una torpeza muy difícil de disimular aunque, a esta altura, digna de los antecedentes de un gobierno que siempre mostró los dientes a la hora de negociar con los gobernadores que no figuran en el lote de los aliados.
En el documento que hicieron público, los líderes provinciales no ocultaron el malestar que les provocó la decisión presidencial de birlarles recursos económicos en un momento de fuerte crisis socioeconómica. En el texto le enrostran al Ejecutivo nacional su responsabilidad por el descalabro que afecta al país y le advierten que como autor del desastre debe hacerse cargo de encontrar las soluciones pero sin afectar las ya exhaustas arcas provinciales.
«Estamos en grave peligro de no cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social», dice con justificado dramatismo el documento firmado por las diecinueve provincias, y añade que al verse privadas de ingresos «que por la ley en vigencia nos corresponden» se enfrentan al riesgo de enfrentar «una grave crisis que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional».
Como saben que las palabras pueden ser llevadas por el viento macrista los gobernadores anticiparon que el lunes próximo irán ante la Corte Suprema de Justicia con una acción de amparo para frenar las consecuencias del úkase porteño. Es decir, decidieron curarse en salud y no confiar únicamente en la respuesta política de un gobierno que ha demostrado hasta el hartazgo carecer de voluntad negociadora (ver el otro artículo inserto en esta misma página).
A su vez, La Pampa, y al igual que otras provincias petroleras, seguirá el mismo camino judicial con su reclamo de inconstitucionalidad del decreto que congeló por 90 días el precio de los combustibles en virtud de su incidencia negativa en la percepción de regalías.
En el pantano en que se encuentra el gobierno nacional, víctima de su propia incompetencia y sus anteojeras ideológicas, una veintena de gobernadores le marcaron la cancha y le dijeron que no solo debe pensar en sus amigos los «mercados» a la hora de las medidas económicas.