Los gobiernos se defienden

La recuperación económica es, junto al cuidado sanitario, la principal preocupación de casi todos los Estados del mundo. Los privados alardean, pero no invierten.
JOSE ALBARRACIN
El gobierno de EEUU está impulsando, con el beneplácito del FMI, una nueva normativa internacional que imponga un mínimo sustancial al porcentaje que cobran los gobiernos a las empresas multinacionales por impuesto a las ganancias. La medida implicaría una homogeneización de los sistemas tributarios de todos los países, que tendería a evitar la evasión por parte de las grandes empresas, pero también una suba efectiva de impuestos a los poderosos con miras a asegurar que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad en las condiciones de tributación.

Los 20.
La propuesta norteamericana será debatida en la próxima reunión del Grupo de los 20, y se estima que tendría una acogida favorable, ya que las grandes inversiones que ya están haciendo los estados nacionales para fortalecer sus golpeadas economías no pueden sostenerse sin un efectivo aporte de los sectores con mayor poder contributivo.
Particularmente irritante es comprobar -como ha hecho el FMI en forma reiterada- que las grandes corporaciones económicas aprovechan estas discrepancias de las legislaciones nacionales para evadir impuestos. Como cuentan con sedes en distintos países, suelen declarar ganancias en las sucursales de estados donde se pagan menos impuestos, aunque esas ganancias hayan sido generadas en otras jurisdicciones, lo cual por cierto constituye una conducta delictiva.
Para eso utilizan no sólo las cuevas fiscales que proporcionan islas exóticas y piratescas, o minúsculos estados europeos de nombre impronunciable, sino también estados hechos y derechos como Irlanda, miembro de la Unión Europea, donde las grandes compañías tecnológicas declaran ganancias para pagar menos impuestos. Está visto ya que estos movimientos ficticios de capital no generan inversiones ni empleo, como pudieron comprobar los irlandeses tras la crisis de 2008, cuando después de protagonizar un supuesto «boom» económico, pasaron de la noche a la mañana a integrar el triste lote de los PIGS, sigla que vale por Portugal, Irlanda, Grecia y España, pero que en inglés es una palabra que significa «cerdos».

Trumps.
En una más de sus medidas revirtiendo políticas de su predecesor (que redujo ese impuesto del 35 al 21%, sin que se generara el anunciado incremento en las inversiones) el presidente Joe Biden propone fijar el mínimo internacional en una tasa del 28%. EEUU no sólo ha aprobado ya un paquete de salvataje económico de cifras siderales: lo cierto es que el nivel de infraestructura del país (caminos, puentes, conexión a internet) deja muchísimo que desear, y en amplias zonas asemeja más el paisaje de un país del tercer mundo que al de la primera potencia económica mundial.
La falta de inversión en infraestructura, endémica durante los últimos cuarenta años gracias a la prédica del neoliberalismo, ha sido tan dañina, que algunos municipios del país optaron por dejar de mantener el asfalto de las calles, optando en cambio por el suelo natural. Otro tanto cabe decir del acceso a internet, que la pandemia ha revelado como un servicio público esencial, y que en vastos sectores del país del norte o bien brilla por su ausencia, o bien es muy caro y de mala calidad. La situación de los puentes no es menos grave, al punto tal que buena parte de estas estructuras, construidas a comienzos del siglo pasado, ya están obsoletas y amenazan con derrumbarse, como ya ha comenzado a ocurrir, incluso con pérdida de vidas humanas.
La apuesta de Biden en este sentido, al proveer financiamiento público a estas necesarias obras de infraestructura que obviamente el sector privado jamás encarará, es no sólo solucionar un problema grave para la estructura económica y productiva de su país, sino también, al mismo tiempo, crear los puestos de empleo que esas obras demandarán, y estimular el crecimiento económico con el salto que estos nuevos ingresos provocarán en el consumo.

Consenso.
Como se ve, estos proyectos globales, impulsados por actores insospechables de simpatías con el socialismo (hay que agregar en esta lista a la conservadora alemana Angela Merkel) son bastante más ambiciosos que la ley argentina que impuso una contribución a las grandes fortunas por única vez, sin ocuparse de subir los impuestos en forma permanente.
Y si el problema de infraestructura es grave en los EEUU, qué cabría decir respecto de Argentina, donde buena parte de las rutas nacionales (y La Pampa puede atestiguarlo) están en un estado lamentable por falta de mantenimiento. Para no hablar de la ausencia de un sistema nacional de ferrocarriles, cuya reinstalación abarataría enormemente el costo del flete de las mercaderías, e incrementaría la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional. ¿Y el acceso a internet? Acaso no haya mejor postal de la desolación creada por la pandemia, que la de esos niños que debieron caminar kilómetros y subirse a una loma, sólo para tener señal de celular y poder, así, conectarse con la escuela para acceder a unos contenidos educativos mínimos.
A más de un cuarto de siglo de su presencia entre nosotros, está claro que las compañías telefónicas internacionales, que gozan de un virtual monopolio de estos servicios, no están dispuestas a hacer las inversiones necesarias para garantizar a la población argentina este derecho humano básico.
Y lamentablemente, si se recorren las páginas de la prensa nacional, estos temas que están en el debate público global, y que incluso gozan ya de un consenso considerable, no son objeto de mayor cobertura, salvo, claro está, para defender los intereses de los poderosos y achacar al gobierno nacional una supuesta tendencia estatizante y autoritaria.