Los jubilados sienten demasiado gusto a poco

En política se puede agrandar o achicar la importancia de los hechos y es parte del juego. Pero con los jubilados no se juega. Un aumento del 2,3 por ciento y suma fija de 1.500 pesos tiene sabor a muy poco.
SERGIO ORTIZ
Como parte de ese juego político el gobierno de Alberto Fernández amplifica que el 62 por ciento de los jubilados tendrá en marzo, a cobrar en abril, un ingreso superior en casi dos puntos respecto al que le hubiera correspondido de seguir en vigencia la fórmula de movilidad. Un comunicado oficial llevó esa proporción al 83 por ciento, contando a los beneficiarios de AUH y pensiones.
Es así, unos 4,8 millones de jubilados, que cobran el mínimo, tendrán ese beneficio, que como se verá es muy magro. Otros 2.7 millones de abuelos y abuelas, en cambio, van a percibir sumas inferiores a las que les hubieran correspondido con la fórmula suspendida por la pomposamente denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
En la conferencia de prensa donde se hicieron los anuncios estuvieron el presidente Fernández, el titular del Anses, Alejandro Vanoli, y la jefa del PAMI, Luana Volnovich.
Los aumentos fueron dispuestos por Decreto de Necesidad y Urgencia. Como los cambios en estas remuneraciones deben ser por ley, estos decretos no podrán extenderse mucho más. El Ejecutivo ya envió una propuesta al titular de Diputados, Sergio Massa, propiciando la formación de una comisión con tres delegados del gobierno y varios legisladores a fin de acordar un proyecto para una nueva fórmula jubilatoria. No lo dijo, pero está claro que el FMI será el gran opinante, con voz y voto, aún por fuera de la futura comisión.
¿Cuánto más cobrarán los casi 5 millones de jubilados de la mínima? Este segmento mayoritario percibirá 195 pesos más que si le hubieran actualizado , el 11,5 por ciento según la fórmula anterior. En sus bolsillos, por el DNU, habrá 1.626 pesos más y la jubilación mínima llegará a 15.694 pesos. A partir de 19.000 pesos de jubilación en adelante, lo decretado por el gobierno resulta inferior a lo que habría correspondido con la ley suspendida.
Y cabe destacar que el grueso de los 2.7 millones de personas que tienen un haber superior a la mínima no son millonarios ni jubilados de la Corte Suprema de Justicia. Quienes perciben 20, 30 o 40.000 pesos, que son la abrumadora mayoría del sector, están por debajo de la línea de pobreza. Según el Indec, en diciembre del año pasado una familia tipo necesitaba 38.960 pesos para no ser pobre.
Con esos números queda claro que se trata de un ajuste. Y una gruesa contradicción del peronismo, que siempre se ufanó que en materia de salarios y jubilaciones había que emparejar hacia arriba. Ahora está achatando la pirámide previsional, subiendo muy poquito a los de muy abajo y ajustando a los de abajo, los del medio y más de arriba.

«Es el FMI, estúpido».
Resta saber cuáles son los 170 medicamentos gratis que Fernández, Vanoli y Volnovich dijeron que van a ser gratis. El número suena interesante pero habrá que ver qué drogas y para atender qué enfermedades. En la campaña electoral Fernández prometió que todos los medicamentos iban a ser gratis para los jubilados, contraponiendo ese gasto a lo que el Central pagaba a los bancos por las Leliq.
Ya está de vuelta de esa promesa, tanto como de la otra, de que el sector recuperaría el 20 por ciento de los ingresos perdidos en cuatro años de Macri. Lo anunciado a percibir en abril, a cuatro meses del cambio de gobierno, quedará lejos de ese marketing electoral.
Las razones de ese desdibujamiento y pérdida de filo social están a la vista. Desde el 11 y hasta el 19 de febrero está en el país la misión del Fondo Monetario Internacional. En esas reuniones el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobierno todo mediante la ley para dar curso a la renegociación de la deuda, insistirán en su voluntad pagadora de la misma, pero al mismo tiempo en la necesidad de que la entidad conceda tiempo y facilidades de pago.
El tira y afloje entre el gobierno y el Fondo es complicado, como se reflejó hace una semana en la polémica entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el vocero fondomonetarista Gerry Rice.
Cristina dijo desde Cuba, donde presentaba su libro, que tenía que haber una quita de la deuda en el crédito por 44.000 millones que el Fondo entregó al gobierno de Macri. Y también propuso crear una CONADEP de la deuda, para investigar quiénes endeudaron y fugaron capitales, apelando a los datos del Banco Central.
Rice replicó que según la Carta del FMI no puede haber quitas, no a Argentina sino a ningún país. «Puedo asegurarle a todos que no hubo violación de las reglas del FMI», añadió. La expresidenta mostró que aquella Carta también establece que ningún país podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. «¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero», argumentó.
En un reportaje de Radio Rivadavia sobre esa polémica, el presidente avaló a su vice: «la observación de Cristina es muy pertinente». Claro que los matices y diferencias se notaron, porque Fernández nunca habló de pedir una quita de la deuda al FMI, como sí hizo aquella en La Habana. Además el presidente en esa misma nota opinó: «siento que no estamos mal con el Fondo». Y no parece ser ese el sentimiento cristinista.
Parafraseando al eslogan de Bill Clinton en 1992 se podría decir, respecto a la situación argentina, «Es el FMI, estúpido». Así y todo nos quedaríamos cortos, porque al FMI se le deben 44.000 millones despilfarrados por Macri. Pero la deuda pública argentina era de 339.000 millones (a julio de 2019), e incluye a los bonistas privados y fondos de inversión más exigentes de Kristalina Georgieva. Se lo notó en el rechazo sufrido por Axel Kicillof para demorar hasta mayo el pago del bono BP21 y la licitación desierta de Guzmán por el bono AF20.

Urgente un Plan B.
Los acreedores son dos, no sólo el Fondo pues hay que contar a los fondos de inversión con bonos en moneda extranjera. La línea del gobierno parece ser llegar a una componenda con el FMI y ser un poco más duro con los bonistas privados. Por ejemplo, a éstos últimos les pedirá una quita del interés y una dilación de pago de capital, que como se dijo recién, difícilmente serán aceptados por la mayoría.
Y al Fondo, con el apoyo de una serie de gobiernos, se le solicitará que se posterguen hasta 2023 los pagos del crédito. También es dudoso que se obtenga un Sí del board de la entidad; a lo sumo pueden ofrecer demorar un par de años el capital y querrán cobrar buena parte de los intereses.
Argentina en 2020 debería pagar deuda por 63.706 millones millones de dólares, de los cuales 48.868 millones de capital y 14.838 millones de intereses. Es obvio que no hay ni el 15 por ciento de eso para afrontar vencimientos. Cualquier suma que se llegue a negociar y aceptar supondrá un duro sacrificio para millones de argentinos, postergados en sus demandas elementales de trabajo, recuperación del salario, mejora de las jubilaciones, ampliación de los presupuestos de salud y educación, reactivación de la obra pública para afrontar planes de vivienda e infraestructura, etc.
Aunque el FMI y fondos como Templeton, Elliot y otros manejados por bancos internacionales se hubieran de pronto convertido en una santa Teresa de Calcuta (que no era tan santa), y dijeran a Argentina, «bueno, nos hicimos buenos, páguennos en 2020 sólo el 15 por ciento de la factura que nos deben», no habría cómo oblarles 9.400 millones de dólares. Mejor dicho, sí, maneras habría, pero a costa de ajustes brutales como los que realizaron Carlos Menem con Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa con Cavallo, y Macri con Prat Gay y Dujovne.
Frente a tan graves frentes de tormenta, el gobierno de Fernández no dispone de un Plan B. Sólo está jugado a negociar con el Fondo, lograr su aceptación y luego conversar con los fondos de inversión, a los que supone convencer de postergar sus cobranzas.
Ese plan habría sido fortalecido, según una errónea visión, por el apoyo de Jair Bolsonazi, luego de la incursión en Brasilia del canciller Felipe Solá, el peligroso Gustavo Béliz y el mediocre Daniel Scioli.
¿De verdad creen que una declaración favorable del neonazi del Planalto va a aflojar billeteras internacionales?
¿No habrá llegado el momento de elaborar el Plan B? O sea, aumentar los ingresos del Estado afectando a los bancos que ganaron 243.000 millones de pesos en once meses de 2019 y todavía no se los tocó ni con un impuesto. Crear una Auditoría Nacional e Internacional de la Deuda Externa y, mientras se analiza la ilegalidad de la misma, se suspendan los pagos. Lanzar una campaña por todos los medios a favor de «Vivir con lo nuestro», movilizando con la idea nacional de Aldo Ferrer. Convocar a un foro mundial sobre el FMI y la deuda externa, invitando a Rafael Correa, Eric Toussaint (CADTM), Alejandro Olmos Gaona, etc, y representantes de México, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Movimiento de Países No Alineados, CELAC, ALBA, etc.
Caso contrario, si el Fondo y los bonistas nos hacen el 2-1, el otoño e invierno próximos serán duros como los de Alvaro Alsogaray.