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Los miserables de Argentina con sede en Luxemburgo

LA SEMANA POLITICA

La realidad desnuda a nuestros miserables. No son los personajes del francés Víctor Hugo. Son monopolios, banqueros y terratenientes que presumen de argentinos aunque tienen sedes en Luxemburgo y la plata offshore.
SERGIO ORTIZ
La buena nota que mantiene Alberto Fernández por sus políticas durante la pandemia puede seguir, porque sigue cuidando la vida de los argentinos. Al cierre de esta nota el presidente iba a prolongar la cuarentena desde el lunes 25 hasta el 7 de junio.
Como se había empinado el número de contagios, hasta superar los 10.000, y también el de muertos, hasta 433, se estimaba que podría aumentar la otra grieta, que separa a buena parte del país del área más peligrosa, el AMBA. En la primera iba a continuar la flexibilización de algunas actividades, pero en el área metropolitana habría más controles, buscando disminuir la cantidad de gente que viaja de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires y a la inversa.
Cuando el cronista escucha que en la CABA viven 3 millones de personas que durante la jornada laboral se convierten en 7 millones y que en el conurbano viven 17 millones, le viene a la memoria el diálogo con un interlocutor de China. La pregunta fue hace un tiempo: «¿cuál es el principal objetivo revolucionario de China para los próximos años?». La respuesta, sorprendente, fue: «que las futuras ciudades no tengan más de 500.000 habitantes porque excediendo esa cantidad la vida se hace dificultosa en servicios, contaminación, enfermedades, etcétera».
Un plan de ese tipo debe ser muy dificultoso de llevar adelante, pero a la luz de la contaminación ambiental existente antes de la pandemia de Covid-19 y que continuará tras su futura superación, es un objetivo que la civilización debería tener en cuenta sino quiere suicidarse.
La pandemia demuestra que las ciudades altamente pobladas son peligrosas por los contagios. En especial lo sufren barrios populares y villas urbanas, muy vulnerables. Los últimos registros en esos sectores en CABA y similares del conurbano indican que allí están los focos de contagios numéricamente mayoritarios del país.
Si tuviera la oportunidad de dialogar otra vez con ese amigo chino le preguntaría cómo marcha ese plan de urbanizaciones limitadas. También le comentaría que la experiencia argentina (y ni qué hablar la brasileña, chilena, peruana, ecuatoriana, etc) arroja otra condición tan importante como la limitación del medio millón de habitantes: que el nivel de vida sea bueno, con vivienda digna, agua potable, cloacas, ingresos suficientes y acceso a un buen sistema de salud pública. En suma, un Estado presente que tenga por prioridad el bienestar de su gente y no los negocios de grupos concentrados y monopólicos, especialistas en fugar capitales y evadir impuestos.

Los miserables.
Varios personajes de la novela del francés Víctor Hugo son delincuentes que roban una y otra vez, en pequeña escala, buscan redimirse y ocasionalmente lo logran hasta tropezar con la próxima piedra.
Los miserables de Argentina en cambio son millonarios que figuran en los ranking de la revista Forbes entre los primeros de la región y, algunos pocos, en la lista mundial.
Varios están en la lista de quienes fugaron, durante los cuatro años del macrismo, 86.200 millones de dólares, según el informe que el Banco Central entregó el 14 de mayo pasado. El presidente Fernández, en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, lo había prometido para un plazo de quince días. Demoró dos meses, pero al final los datos estuvieron sobre la fuga total del cuatrienio. Una minoría adquirió gran cantidad de divisas: 67.000 personas compraron 16.200 millones de dólares en cuatro años, a un promedio de 241 mil dólares por cabeza, 60 mil dólares por año.
Una primera aclaración: a estos delincuentes de guante blanco no se los escrachó con nombre y apellido en los medios; ni como individuos ni a sus empresas. A los delincuentes comunes, en cambio, el público los conoce en los noticieros. A los presos políticos capturados por el macrismo, como Milagro Sala, Luis D’Elía, Amado Boudou, Julio De Vido y Carlos Zannini, se los fotografiaba al momento de la detención en pantuflas o cuando llegaban a Inodoro Py.
La segunda aclaración es más importante. ¿Qué medida se va a tomar con aquellos compradores y fugadores de dólares? El interrogante es válido especialmente respecto a los grandes empresarios y los funcionarios del gobierno anterior, como Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y otros responsables.
¿Esos personajes serán denunciados judicialmente? ¿Habrá consecuencias jurídicas y económicas para que afronten con sus patrimonios las deudas abultadas que dejaron como clavo al país?
Esas preguntas tienen una respuesta negativa, según presume el cronista, que desea estar equivocado y sorprenderse con que la tibia administración Fernández salga con los botines de punta y lastime los tobillos del establishment.
Los hechos indican que la política del fernandismo no es de confrontación sino de negociación y concesiones. Sólo en algún momento el jefe de Estado se exasperó con esos popes de los negocios y a uno lo llamó miserable. En general su política es de búsqueda de alianzas con los miserables. Por eso acudió a las citas empresarias de AEA, UIA y Cicyp, a estrechar vínculos con Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Luis Pagani (Arcor), Daniel Funes de Rioja (Copal), Alfredo Coto (Coto) y otros monopolistas que dejan chiquito a Jean Valjean, el lumpen de aquella novela que hurtaba pan, vajillas de plata y algunas monedas. Estos sí que se robaron un PBI de 350.000 millones de dólares o más de uno. Y encima lograron que Fernández les pague el 50 por ciento de los salarios de sus grandes empresas con el programa ATP. Lo consiguieron pese a que siguen frenando el proyecto de impuesto a la riqueza: se niegan a pagarlo aunque sea por única vez.

¿Van a pagar más?
Cuando el ministro Martín Guzmán presentó su propuesta de reprogramación y pago de la deuda externa, del segmento de 68.000 millones de dólares en títulos de moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera, dijo «de acá no nos movemos». Alegó que Argentina no podía ofrecer más de eso: un plazo de gracia de tres años y reanudar los pagos en 2023; rebaja de los intereses en 62 por ciento y del capital en 5,4 por ciento; baja de intereses anuales al 2,25 por ciento con pequeñas alzas.
Eso suponía reconocer a los bonistas extranjeros entre 38 y 40 centavos por cada dólar de sus 21 papeles, algunos de los cuales vienen de la renegociación kirchnerista de 2005 y 2010, y otros de la maldita gestión del PRO-Cambiemos.
Los acreedores agrupados en tres grupos no aceptaron esa oferta en la fecha prevista y empezó a correr un plazo de gracia de un mes hasta el 22 de mayo para hacer frente a tres bonos por un total de 503 millones de dólares que vencieron el 22 de abril.
Ese plazo expiró el viernes pasado y, al no pagarlo, Argentina técnicamente entró en zona de default. A modo de defensa, Fernández se mostró molesto en el norte argentino con algunos medios que decían que ese día se había ingresado en default. En realidad, aclaró, el default venía de 2019, cuando Macri defaulteó algunos bonos y los «reperfiló».
La verdad completa es que el default empezó con MM y ahora se profundizó. Desde el punto de vista económico-financiero, la agencia Moody’s afirmó que el default ya es un hecho, sin medias tintas. Y cargó las tintas, valga la redundancia, sobre las consecuencias negativas que tendrá la imposibilidad de acceder al crédito internacional, como si la salida a los dramas económicos de antes, durante y pos pandemia se pudieran curar con más deuda externa.
Sin embargo, no sonaron las alarmas de una ruptura total entre el gobierno y esa bandada de buitres encabezada por BlackRock y otros fondos que no son ningunos pichones. Las demandas aún no arribaron al juzgado neoyorquino, demandando al país por su incumplimiento. ¿Por qué la sangre aún no llegó al río?
La respuesta es simple, aunque el problema es complejo: Guzmán-Fernández han abierto una nueva negociación con los acreedores. Van a aumentar un poco su oferta de pago, con el objetivo de que los fondos bajen algo sus pretensiones.
Hasta el momento de abrirse el segundo round, de una pelea que presumiblemente tendrá varios más, Argentina ofrecía pagar 38-40 centavos de dólar y los fondos reclamaban 55-60. Ahora buscan un dudoso término medio que posibilite un acuerdo.
En esta negociación hasta el 2 de junio el gobierno arrastra cierta debilidad, por dos razones. Una, objetiva, es que su planteo de abril fue avalado por menos del 20 por ciento de los acreedores. La otra, política, es que no ha movilizado a la mayoría de la población, para unirla en torno a una postura nacional y popular (por la cuarentena, no se podía en las calles).
Se limitó a sentar en una mesa y en videos conferencias a Guzmán y los acreedores. En un tablero así, con cartas marcadas y tramposos como esos, es imposible llegar a un buen resultado para el país. Encima, varios miserables están parados detrás de Guzmán y delatan sus cartas a BlackRock, mientras otros le hacen el aguante haciendo sonar el Clarinete.