Los presos que pagan el pato

La cerrada actitud del Servicio Penitenciario Federal sigue provocando graves problemas en La Pampa con relación a las condiciones de encierro de los detenidos alojados en alcaidías y comisarías. El problema no es nuevo pero sigue sin solucionarse porque el organismo nacional continúa incumpliendo un convenio firmado hace varios años. Mediante ese acuerdo la Provincia construyó cuatro pabellones en la Colonia Penal de Santa Rosa con capacidad para alojar a 300 reclusos pampeanos, sin embargo el SPF, una vez concluida la obra, solo cedió un tercio de esos lugares y el resto lo está utilizando para alojar a convictos provenientes de otras provincias.
Ante esa situación los condenados pampeanos son alojados en comisarías en donde las condiciones de encierro distan mucho de ser las que puede ofrecer un establecimiento carcelario, cuyas instalaciones están especialmente adaptadas para la vida de las personas que deben pasar en situación de confinamiento durante tiempos prolongados.
El crítico informe, y el recurso de habeas corpus, que semanas atrás presentaron los defensores oficiales sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos en comisarías de General Pico reactualizó este problema. Ahora el juez de control de esa ciudad rechazó parcialmente el habeas corpus pero tuvo que reconocer que la situación en las comisarías de esa ciudad dista mucho de ser aceptable. El magistrado, que realizó una visita de inspección, se negó a hablar de "hacinamiento" y prefirió un término más amable: "superpoblación". Pero más allá de esta cuestión semántica prohibió nuevos ingresos, derivó reclusos a General Acha y pidió que se refuercen las tramitaciones ante las autoridades del SPF para lograr lo que hasta ahora ha sido un imposible: descomprimir las comisarías trasladando presos a la Colonia Penal.
Hay datos que denuncian un panorama muy preocupante. La Comisaría Tercera de General Pico aloja a 81 detenidos, de los cuales el 60 por ciento ya tiene condena por lo tanto ya deberían ser instalados en una unidad carcelaria en lugar de una dependencia policial. Esta situación implica, como ayer relatara el jefe de la Policía pampeana a este diario, que calabozos construidos para una persona lleguen a albergar tres y hasta cuatro internos. Qué difícil se hace no hablar de hacinamiento frente a esta durísima, y riesgosa, realidad. El juez de control ordenó que se instalen mayor número de camas en los calabozos, pero es evidente que se trata de apenas un paliativo, una medida de emergencia que en nada soluciona el problema de fondo.
Otra discrepancia hubo entre el juez y los defensores: estos últimos, en su informe, hablaron de un trato "degradante" e "inhumano" a los presos, descripción que fue refutada por el magistrado porque en su visita ningún recluso se expresó en esos términos. Más allá del discutible grado de libertad para hablar que pueda tener una persona en un entorno carcelario, la sola descripción del jefe de Policía debería alcanzar para tomar conciencia de que, en estas condiciones, se torna extremadamente difícil cumplir con el propósito implícito en una condena: la resocialización y no el castigo de los reos.