Los presos también tienen derechos

PABLO TOMAS RICCI
Como consecuencia de la pandemia que nos afecta, se han producido reclamos en diferentes unidades penales en los que los internos reclamaban su liberación -o mejores condiciones de detención- a fin de no verse afectados por el Covid-19. Se han formado comisiones de evaluación del pedido y se ha generado en la sociedad -a instancias de algunos medios amarillistas- una discusión sobre la resolución que habría que tomar. Esto me ha motivado como ciudadano, como profesional del derecho -jubilado actualmente- no vinculado al trabajo en el fuero penal durante mi ejercicio profesional, a expresar mi opinión.
Creo necesario señalar que todos los reclusos, sin excepción, están sometidos a la autoridad de un juez o tribunal de ejecución penal, que es la única autoridad que puede determinar su liberación, excarcelación o externación. En consecuencia, no corresponde atribuir facultades al Poder Ejecutivo -tanto de la Nación como de las provincias-, ni al Poder Legislativo.
Según la normativa dictada en consonancia con los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y las provinciales, los presos pierden algunos de sus derechos, entre ellos el principal, el derecho a la libertad. Pero de ningún modo puede colegirse que ello implica la renuncia y mucho menos la pérdida de su derecho a la vida y a la salud. Es responsabilidad del Estado, bajo cuya custodia se encuentran estas personas, proveer los medios para conservar dichos derechos incólumes. En este marco se inscriben tanto los reclamos como los análisis que se realizan y las decisiones que se tomen.
Deben dejarse de lado los pensamientos estigmatizantes que considero como verdaderos callejones ciegos, porque no nos llevan a ningún lado, salvo a profundizar una situación de injusticia y división social. De nada sirven las expresiones «nosotros con rejas y ellos libres», o «entran por una puerta y salen por la otra», sugiriendo que los presidiarios podrían constituir una fuerza de choque del gobierno de turno lo que nos lleva al límite del absurdo.
Lo cierto es que determinados sectores de la sociedad terminan convirtiéndose en verdaderos promotores de considerar la naturaleza de la pena aplicada a cada persona encarcelada, como un castigo adicional y permanente durante toda su vida (la del preso), y un estigma del que no podrá -según esta línea de pensamiento-, librarse jamás. Son los «puros y asépticos» que no saben que también pueden llegar a ingresar a un penal por diversas circunstancias, y por lo tanto consideran que la mera restricción de la libertad ambulatoria no es suficiente castigo, y que el preso debe sufrir para no reincidir.

Pensamiento meritocrático.
Debo decir que estoy absolutamente distante de este pensamiento, y que me provoca una molestia difícil de controlar cuando algunas personas se creen mejores que otras, sin tener en cuenta desde qué línea ha partido cada uno, en un ensalzamiento del pensamiento meritocrático que me indigna, y en una situación normal pretenden condenas «de por vida» o muy extensas, para delitos que no lo ameritan.
Volviendo al inicio, es cierto que no todos los delitos son iguales. Lo que sí es cierto es que no tiene ninguna razonabilidad someter a una persona joven (por ejemplo de 25 ó 30 años), con una pena no mayor a los 8 años, al riesgo de contagiarse del Covid-19 y perder la vida. Y no solo no es justo, sino que considero como una obligación del Estado proceder a poner a disposición de los jueces los medios para externar a los detenidos que ellos consideren posible por su baja peligrosidad o el poco tiempo que falte para el cumplimiento de su condena, dejando en los establecimientos carcelarios solamente a los autores de delitos aberrantes, sexuales, de lesa humanidad o con penas muy extensas, lo que permitiría su reubicación dentro de los penales para evitar el contagio.

Visión piadosa.
Creo que debemos mantener la tranquilidad de que estas decisiones se toman en forma meditada y con los elementos de juicio suficientes para ello. No es que automáticamente se abren las puertas de los penales para que salgan todos los reclusos en forma indiscriminada, sino que los casos se analizan en forma individual. Y como dato adicional, señalo que la tendencia mundial en política criminal promueve que cada vez sean más la cantidad de delincuentes que cumplan su pena en libertad, porque está probado que el sistema penitenciario es caro, deficiente en muchos aspectos, susceptible de venalidad, y lo principal, no contribuye o lo hace en un porcentaje muy mínimo, a preparar a los presidiarios para una futura reinserción en la sociedad. Y para aquellos que sostienen que todos los delincuentes deben estar encarcelados, les pongo como ejemplo las detenciones de ciudadanos por infracción a la cuarentena, que han implicado para algunos permanecer varias horas en una celda en compañía de imputados de delitos importantes, lo que confirma mi teoría de que son muchos los caminos por los que se puede llegar a la cárcel, y que nadie está exento de un momento de ira, de un error propio o de quien juzga la situación.
Convoco a tener una visión más piadosa sobre quienes se encuentran encarcelados, a considerarlos seres humanos iguales a los que estamos libres, pero que han cometido errores. Y fundamentalmente, que son personas que tienen derecho a conservar su derecho a la vida y a la salud.