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Los tejes y manejes del holding Macri

CAUSA CORREO ARGENTINO

En la causa del Correo Argentino se exige a la empresa de la familia Macri que pague la deuda que mantiene hace veinte años, por no pagar el canon cuando tenía la concesión de ese servicio. El Estado no ha podido percibir un centavo de ese incumplimiento.
IRINA SANTESTEBAN
La causa por la concesión del Correo se inició en 2001, cuando la empresa entró en concurso de acreedores; luego el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión por falta de pago del canon. La deuda del grupo Macri, que explotaba el Correo desde 1997, ascendía a 296 millones de pesos, que equivalía a la misma cantidad en dólares, porque regía la convertibilidad y el 1 a 1.
Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En 2016, con Macri como presidente, el Estado aceptó una segunda oferta que fue objetada por la fiscal Gabriela Boquin, por «ruinosa y abusiva». Se pretendía pagar en 15 años, terminando en 2032, con un interés de 7 por ciento. Unos días antes del acuerdo, la empresa le había iniciado juicio al Estado por supuestos incumplimientos, pretendiendo el pago de una deuda de 2.300 millones de pesos, con un interés de un 11 por ciento. Ello fue considerado por la fiscal como «mala fe».
Para Boquin la empresa se había beneficiado con un estado de «eterno concurso» al suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, entre ellos el Estado.
En aquel momento fue un escándalo que obligó al entonces presidente a dar marcha atrás. Su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, tuvo que concurrir al Congreso a dar explicaciones por haber aceptado ese acuerdo perjudicial para los intereses del Estado.

Hostigamiento.
Desde ese momento, y tal como lo sucediera con otros funcionarios judiciales durante el gobierno de Cambiemos, que no respondían a los intereses oficiales, la fiscal Boquin sufrió un constante hostigamiento, con falsas denuncias de maltrato laboral, para obligarla a renunciar. Ella no cedió a esas presiones y hoy continúa en su cargo, haciendo honor a su papel como representante del Ministerio Público Fiscal, esto es, defender los intereses del Estado en las instancias judiciales.
Esa causa judicial va a cumplir 20 años. Entonces gobernaba Fernando de la Rúa y atravesó los sucesivos gobiernos sin que los Macri desembolsaran un peso, merced a maniobras que contaron con complicidad judicial e inacción de funcionarios.
La intención de Macri durante su presidencia fue la de condonar esa deuda, pues la oferta implicaba una quita prácticamente del 98%, lo que fue abortado por la fiscal Boquin. Se entiende entonces el odio de Macri hacia esta funcionaria. Además de no pagar, los Macri llevaron adelante un vaciamiento de Correo Argentino que fue descubierto por Boquin y que forma parte de la causa penal por la que está imputado el propio Macri.
Esa causa tramita en Comodoro Py, en el juzgado de Ariel Lijo; entre esas maniobras figuran pagos millonarios a estudios de abogados que eran a su vez apoderados o directivos de Correo Argentino.

Trabas.
Ya fuera del gobierno, Macri siguió utilizando sus vínculos judiciales para embarrar la cancha en el Correogate. El año pasado logró que la Cámara Federal, con Martín Irurzún y Mariano Llorens, reabriera una presentación de Socma que cuestionaba la designación de una interventora en el Correo Argentino, apuntando nuevamente contra la fiscal Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, a quienes se les pidió el registro de sus llamadas telefónicas, correos electrónicos y computadoras personales. Todo ello cuando avanzaba la quiebra del Correo y cuando esa causa había sido cerrada por el juez Sebastián Casanello por «inexistencia de delito». Obvio, con esa denuncia se intentaba poner trabas al expediente concursal.

Nueva oferta.
Cuando ya la quiebra era inevitable, los Macri mejoraron su oferta a último momento, ofreciendo pagar el 100% de la deuda al Estado Nacional, propuesta que fue rechazada por Zannini, pues el grupo Socma determinó la deuda en 1.011 millones de pesos. El Estado Nacional sostiene que es de aproximadamente 4.300 millones, y el Ministerio Público Fiscal entiende que superaría los 70.000 millones, según un cálculo actualizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones del MPF (DAFI).
La jueza a cargo del concurso, Marta Cirulli, admitió el pedido de la Procuración, lo que provocó la indignación del ex presidente que denunció a los representantes estatales por «hostilidad manifiesta», calificó de «mentirosa» a esa cifra y se quejó de ser objeto de una «persecución política».
El Procurador Zannini solicitó a la jueza Cirulli que decrete la quiebra de la firma, y si esta medida se concreta, el holding deberá responder con su patrimonio. Para la Procuración, tal como antes lo había dictaminado la fiscal Boquin, hubo por parte de la empresa de los Macri, «mala fe y conducta dilatoria». También negó la supuesta hostilidad que acusa el Correo, sino que la intención del Estado es, simplemente, «lograr la satisfacción de su acreencia, cada vez más postergada, licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino». Según Zannini, no puede hablarse de «actitud hostil» cuando quien realiza la oferta irrisoria es la empresa concursada.
Mientras tanto, por Twitter, el ex presidente MM continúa con su habitual costumbre de presionar a los jueces, al escribir que espera que la jueza (Cirulli) «rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% de la deuda».
Curiosa manera de calcular ese 100%, veinte años después, cuando los números tanto de la Procuración como del Ministerio Público Fiscal, representantes del Estado, marcan otra cosa muy diferente.
La del Correo Argentino no es la única causa judicial que pesa sobre el ex presidente y su grupo empresario: parques eólicos, peajes y la reciente querella criminal por el endeudamiento con el FMI realizado durante su gobierno, son otros procesos que debe afrontar. No puede hablar de «persecución judicial» quien tenía en su gestión una «Mesa Judicial» para perseguir opositores, y menos aún quejarse porque el Poder Judicial investigue los turbios negocios que su familia realiza desde hace décadas, cuando eran parte de la «Patria Contratista» de la dictadura militar-cívica.