Los monopolios confían en el amparo de la justicia

La decisión de la presidenta Cristina Fernández, a través del decreto de necesidad y urgencia 441/11, para que el Estado pueda nominar directores en las empresas privadas donde tiene participación, ha generado duras discusiones.
IRINA SANTESTEBAN
El 13 de abril la presidenta Cristina Fernández, en uso de sus facultades constitucionales, dictó el decreto de necesidad y urgencia 441, que dispone que el Estado puede nominar más directores suyos en firmas privadas donde tiene una significativa porción del paquete accionario. Antes había un inciso de la ley, que en 2008 traspasó los fondos previsionales de manos privadas (AFJP) al Estado (Anses), que establecía un tope del 5 por ciento para esa participación estatal en los directorios de esas empresas.
Pero resulta que en 42 empresas de la Argentina hay un porcentaje de acciones en poder de la Anses muy elevado, pues si bien en algunos casos se dispone del 5 por ciento, en otros, como en Siderar (del grupo Techint) esta participación accionaria alcanza el 25,97 por ciento y en el Banco Macro llega al 30 por ciento.
Mientras la tenencia accionaria del Estado en 2008 alcanzaba una cotización de 7.000 millones de pesos, en la actualidad esa porción se elevó a 22.000 millones. Esto quiere decir que hay más dividendos para repartir, hay más planes de inversión que discutir y hay más impuestos que pagar, con el consiguiente ingreso de fondos para el fisco.
En suma, mediante el DNU 441/11, la presidenta de la Nación no hace más que disponer que la Anses, legítima tenedora de esas acciones que heredó de las AFJP, pueda opinar sobre estos y otros temas, y votar en consecuencia con los lineamientos del gobierno nacional, amén de poder controlar mejor qué se hace con el dinero de los trabajadores activos y pasivos.

Alarma empresaria.
Los abogados de las empresas y los mismos directores privados pusieron el grito en el cielo, y han presentado las cosas casi como si se tratara de una confiscación y expropiación sin indemnización. Así de alarmista es el mensaje empresarial, que no sólo emitieron los hombres de negocios directamente alcanzados -como Paolo Rocca, CEO de Techint- sino las respectivas corporaciones empresariales: la Unión Industrial Argentina y la Asamblea Empresaria Argentina. La primera está ahora liderada por Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Eduardo Duhalde, y la segunda por Jaime Campos, ejecutivo de Aceitera General Deheza.
Estos mismos empresarios no se quejaban cuando las AFJP, que eran propiedad de una docena de bancos internacionales y nacionales, adquirían acciones de sus empresas y les inyectaban fondos frescos por esa vía. Claro que nunca se imaginaron que, con el tiempo y una correcta decisión del gobierno nacional, se establecería por ley el fin de esas administradoras, y su paso a manos de la Anses.
Algunos privados quisieron volver a comprar las acciones en poder estatal, pero desde la Casa Rosada no se quiso vender. Así puede el Estado averiguar qué se cocina en los balances de las empresas más poderosas de la Argentina.
¿Qué hubiera pasado si la presidenta hubiera dispuesto, al estilo del venezolano Hugo Chávez, la nacionalización de las empresas del grupo Techint? Si por disponer la participación que les corresponde, como porción minoritaria del paquete accionario, ha despertado tanta alarma en el empresariado argentino, ¿qué hubieran hecho ante una nacionalización o expropiación?

Poca ventura.
El periodista de La Nación, Adrián Ventura, opinó al día siguiente de la publicación del DNU que "el decreto por el cual la presidenta Cristina Kirchner acaba de autorizar el desembarco de un mayor número de directores estatales en empresas privadas es inconstitucional y algunas firmas están consultando a sus abogados" ("Una nueva amenaza para las empresas", del 14 de abril).
Calificar de "inconstitucional" el decreto fue una barbaridad sólo entendible en la constante guerra que practican tanto La Nación como Clarín, contra todas las decisiones del gobierno nacional que tengan un matiz "nacionalista". Tan grande fue la metida de pata de Ventura que ocho días después tuvo que admitir que "hay errores que se pagan caros. La reforma de 1994 incorporó los DNU en la Constitución. Fue una idea de la UCR, que creía que de ese modo limitaría el uso que el entonces presidente Carlos Menem hacía de ese instrumento. Fue una ingenuidad. Todos los presidentes continuaron abusando de esa atribución. Ahora, el país paga caros esos errores. El DNU le permite al presidente tomar una decisión salteando al Congreso" ("Un error que se paga caro", La Nación, 22 de abril).
O sea que no era algo ilegal y menos aún inconstitucional.

Legislatura parada.
Si el Ejecutivo optó por la vía del decreto en vez de enviarlo al Congreso -como cuestionó también Daniel Novegil, titular de Siderar- fue por la sencilla razón de que ese legislativo está empantanado y no resuelve ninguno de los temas incluso más importantes que debería tratar.
En particular la Comisión Bicameral que debe analizar la validez de esos DNU está empatada en ocho miembros del gobierno y otros tanto de la oposición, de modo que enviar algo allí es para que duerma el sueño de los justos. Y en un año electoral, directamente una pesadilla.
Tal como sucedió con la nueva Ley de Medios, ahora el grupo Techint con el aval de Clarín y demás monopolios, se juegan a que una acción de amparo los defienda de la "furia estatista" del gobierno nacional.
Así, una Cámara Comercial deberá resolver sobre el recurso presentado por Siderar, en tanto en el Juzgado Comercial Número 12 se dirimirá la demanda presentada por la Anses. La Comisión Nacional de Valores dictaminó como irregular e inválida la reunión de accionistas de la siderúrgica donde se rechazó la designación de directores del Estado y se dejaron sin distribuir varios miles de millones de pesos en dividendos.

Dime quién te defiende.
El diario The Wall Street Journal, cuyo nombre remite al que defiende los intereses de la bolsa de valores del mismo nombre, sostuvo en una columna firmada por su corresponsal Mary Anastasia O'Grad: "Aquí no hay ningún misterio. Kirchner sigue las teorías económicas no sólo de Chávez, sino también de Juan Perón. La Presidenta quiere que el control estatal sobre la industria apuntale su poder". O'Grady se preguntaba si "la Argentina podrá soportar otros cuatro años con la presidenta Cristina Kirchner al frente del Poder Ejecutivo". Su propia respuesta no dejó lugar a dudas sobre su pensamiento: "Pocos expertos confían en que la Argentina pueda soportar otros cuatro años de demagogia y progresivo autoritarismo".
Hay otros casos de empresarios dentro del grupo de los 42 privados, como Eduardo Constantini, de la inmobiliaria Consultatio, y el banquero Jorge Brito, del Macro, que pueden llegar a aceptar los razonamientos y pedidos del Estado. Pero la tendencia general en esos ámbitos es pintarse la cara para hacer la guerra al DNU.
El diferendo tiene de interesante que obligará al gobierno, y en general a la sociedad, a reflexionar sobre quiénes son los verdaderos amigos y quiénes los enemigos.