Los que sumergen a la Justicia en el desprestigio

La nota que el Colegio de Magistrados le cursó al Consejo de la Magistratura para advertir la ilegalidad de los concursos para el ingreso y ascenso de jueces y funcionarios judiciales, le dio nuevo impulso a un tema que, hasta ahora, era sostenido por periodistas y diputados opositores.
El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la reforma constitucional de hace 20 años con la declarada intención de limitar la discrecionalidad del partido del gobierno en el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. Pero a veinte años de su creación está claro que su conformación fue un engaño y que la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios judiciales ha tomado otra forma pero continúa, y tal vez, agravada.
La integración del Consejo está en el origen de esta práctica. Conformado por tres miembros que responden, más o menos directamente al partido del gobierno, solo el representante de la matrícula de abogados suele escapar a esa identificación. La oposición política no tiene injerencia en la elección de las ternas ni en su orden de méritos. Eso lo deciden tres personas que deben su cargo al oficialismo más o menos directamente: un miembro del Superior Tribunal, un diputado designado por el bloque oficialista y un representante del Poder Ejecutivo.
Así conformado el resultado es previsible. Si los integrantes estuvieran a la altura de la delicada misión que le encarga la sociedad y cumplieran su tarea sin favoritismos, tal vez no habría quejas. Pero no ha sido así y los elegidos son, invariablemente, uno de los suyos. Para comprobarlo solo basta con darle una ojeada a los dictámenes del consejo: esposas, hijas, parientes, amigos, socios de conspicuos integrantes del partido del gobierno y su entorno, resultan favorecidos en desmedro del mérito de otros que no tienen padrinos o no los tienen en el gobierno.
Lo que hizo perder la paciencia de los magistrados es que, en el colmo de la eliminación de barreras que interfieran en la digitación, el Consejo de la Magistratura cambió la exigencia de una oposición escrita donde los postulantes debían resolver un caso judicial concreto por una simple entrevista donde la sesgada subjetividad de los integrantes se las rebusca para calificar a los que quiere acomodar.
Esta maniobra desnuda la digitación en toda su dimensión pues de lo que se trata es de favorecer a sus protegidos de la mayor experiencia de otros funcionarios judiciales que se presentan para ascender en la escala judicial a cargos más importantes y mejor rentados. Estos funcionarios de carrera son un estorbo a la hora de meter a los suyos en las vacantes. Por eso eliminan la exigencia de resolver un caso concreto. Porque allí se pondría en evidencia quién es el mejor, en la práctica.
Quienes han ideado esta apropiación ilegal e ilegítima de cargos públicos vitalicios intentan desviar la atención acusando a quienes los ponen en evidencia de querer desprestigiar al Poder Judicial. En realidad, el desprestigio no deviene del hecho de informar sobre lo que está pasando sino de esta forma escandalosa de acomodo que pergeñan quienes persiguen fines distintos de los que, se supone, debe ser portadora la Justicia que esperan los pampeanos.