Inicio Opinion Macri, al servicio del encubrimiento del atentado a la AMIA

Macri, al servicio del encubrimiento del atentado a la AMIA

UNA NOTICIA BOMBA

Brasil y Paraguay se rehusaron a plegarse a la decisión argentina de estigmatizar a Hezbollah. Sin embargo, el canciller Jorge Faurie anunció la formación de un mecanismo regional con Estados Unidos para combatir «actividades delictivas» así como posibles vínculos «con el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo».
POR HORACIO VERBITSKY
Desde hace un cuarto de siglo, cada año al acercarse el 18 de julio, el gobierno argentino realiza algún anuncio tendiente a demostrar su interés en el esclarecimiento del atentado que en 1994 demolió la sede compartida por la DAIA y por la AMIA en la calle Pasteur al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a capitalizarlo en su favor. Pero no es lo mismo cualquier medida, ni cualquier gobierno.
Media un océano entre el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Argentino por no haber prevenido el atentado antes de que se produjera, y no haberlo investigado como se debía después, (que Néstor Kirchner firmó en el decreto 812 el 12 de julio de 2005), y la creación de un Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, que Maurizio Macrì incluyó este 17 de julio en el decreto 489, que al día siguiente fue invocado por la Unidad de Información Financiera para solicitar el congelamiento de fondos de Hezbollah y sus líderes. No por casualidad, esto coincidió con la primera visita a la Argentina del ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo, un halcón que participó en una denominada conferencia regional de 18 países contra el terrorismo y anunció el ofrecimiento de una recompensa millonaria por información sobre un evanescente ciudadano libanés o colombiano a quien menciona como Salman Raouf Salman, pero que también es mencionado como Samuel Salman El Reda. La inteligencia estadounidense lo sindica como dirigente de Hezbollah y organizador del atentado, con la única base de entrecruzamientos de llamadas telefónicas, desde la Triple Frontera. Ningún medio argentino informó que los otros países que comparten esa frontera, Brasil y Paraguay, rehusaron plegarse a la decisión argentina de estigmatizar a Hezbollah, que es un partido político que ocupa el 10% de las bancas del parlamento libanés. No obstante, el canciller Jorge Faurie anunció la formación de un mecanismo regional con Estados Unidos para combatir «actividades delictivas» así como posibles vínculos «con el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo». Ese mecanismo existe desde hace dos décadas, se llama 3+1 y sus conclusiones no avalan este reiterado alarmismo. El ex jefe militar de la embajada de Estados Unidos en la Argentina entre 2005 y 2008, coronel Joe Napoli, quien cumplió la misma función en Venezuela e Irak, dijo durante un seminario sobre seguridad que «la relación entre la Triple Frontera y la amenaza del terrorismo no es tan fuerte como creíamos en 2001» (Perfil, 23 de noviembre de 2014).
La abstención de Brasil y Paraguay, países que no gobierna el chavo-kirchnerismo, fue destacada en The Washington Post por su principal periodista en temas de seguridad nacional de Estados Unidos y ex jefa de corresponsales en América Latina, Karen de Young. Así se concreta el trueque anunciado al llegar a Washington por el embajador de Macrì en Estados Unidos, su ex empleado Fernando Orís de Roa: Trump tiene intereses de seguridad y Macrì necesidades económicas, que tratarán de conciliar. Al mismo tiempo, el FMI autorizaba nuevas remesas de dinero para la campaña electoral de Macrì, pese a que el informe de su staff comprueba que el crecimiento será la mitad de lo esperado y la inflación el doble. Pequeñas desviaciones que no empañarán una apuesta estratégica. Según el Departamento de Estado, Pompeo reafirmó el apoyo de su país a la agenda de reformas económicas de la Argentina.
La gran prensa comercial tampoco recogió la declaración del ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien refutó la alerta de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre la posible presencia de un cartel de droga de San Pablo en Posadas y dijo que las fuerzas provinciales controlaban el territorio bajo su responsabilidad.
Tampoco hay comparación entre las actitudes de cada gobierno respecto de la documentación acumulada: Kirchner desclasificó una enorme cantidad de documentos, lo que permitió trazar una hoja de ruta fiable sobre lo sucedido, en dirección a la verdad, y creó unidades especiales para trabajar en el tema. Macrì cerró esa puerta, disolvió las unidades o las puso al servicio del encubrimiento y cerró bajo siete llaves el material que falta analizar. Tiene, sin embargo, la responsabilidad de haber incidido en la designación del fiscal Natalio A. Nisman y de haber designado para asistirlo en una unidad especial generosamente financiada a Horacio Antonio Stiuso, el hombre fuerte de la SIDE. Esto ayudó a desentrañar el encubrimiento dispuesto por el gobierno del presidente Carlos Menem, con el auxilio del juez Juan José Galeano, otro sector de la SIDE y de la Policía Federal, pero al mismo tiempo generó un segundo encubrimiento. Ambos fueron sancionados por la Justicia, aunque en distinta medida. Antes, la causa durmió cinco años en el despacho del doctor Glock, hasta que la Cámara Federal decidió apartarlo por su manifiesta reticencia a profundizar la investigación respecto de su ex jefe y protector, Carlos Vladimiro Corach.
Con las alteraciones de la cronología y la lógica que han hecho de Julio Cortázar un autor hiperrealista, el encubrimiento de los autores del atentado comenzó antes de su investigación. La desclasificación ordenada por Kirchner permitió hallar la prueba de ello. Hace ya quince años, en mi nota La InfAmia, (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-38318-2004-07-18.html) revelé que a las pocas horas de producido el atentado, el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994. El atentado, que costó la vida a 85 personas y heridas a 300, había tenido lugar a las 9.53 del 18 de julio.
Otegui hizo en forma telefónica a la Cancillería el primer anuncio de que Rabin enviaría un representante personal para acordar la versión con Menem y lo detalló luego en el cable EISRA 010365/1994. Allí identifica al enviado como el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985, en los últimos años de la dictadura militar y los primeros del gobierno electo de Raúl Alfonsín.

«Una versión coincidente».
Antes de embarcarse hacia Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el enviado se comunicó en medio de la noche con el embajador Otegui para explicarle que Rabin había autorizado que apareciera junto con Menem en el programa de televisión de Bernardo Neustadt, porque lo consideraba beneficioso para el gobierno israelí. Según la información transmitida por el embajador Otegui, para el gobierno israelí «es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado», en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, «dado que partidos oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin». En ese momento, Rabin estaba muy avanzado en un acuerdo de paz con el gobierno sirio del presidente Hafez Al Assad, que hasta entonces había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de William Jefferson Clinton. El cable agrega que el «objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado» con el propósito de «presentar a la prensa -inmediatamente después del encuentro- una versión unificada de lo ocurrido».
Schmorak llegó por la noche del martes 19. Tal como se había solicitado, fue recibido por Menem, pese a que la jerarquía inferior de su cargo hubiera permitido sin mengua de las buenas relaciones derivarlo al canciller.
En un reportaje concedido al día siguiente al diario Clarín, Schmorak dijo que «el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano», agregó. La notoria ausencia en todas las declaraciones, del enviado israelí y de las autoridades argentinas, fue la pista siria, pese a las evidencias que saltaban a la vista desde el primer cuerpo del expediente judicial. Hubo un tercer actor que coincidió con la línea acordada a 48 horas del atentado entre los gobiernos de Israel y la Argentina. En la misma semana un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, afirmó que Siria no tenía nada que ver con el atentado. Esa línea se siguió en forma minuciosa en todas las investigaciones posteriores. Hasta el día de hoy, Siria es soslayada y todas las pistas se buscan en dirección a Irán.
Tampoco son equiparables los contextos internacionales de cada decisión. Kirchner firmó el decreto como consecuencia de la presentación previa del estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprometiéndose a ese reconocimiento de responsabilidad. En Estados Unidos gobernaba George W. Bush, quien fantaseaba con un ataque militar a Irán, al estilo del que en 2003 había acabado con el gobierno laico de Saddam Hussein en Irak. La investigación del atentado realizada por Nisman y Stiuso y protocolizada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien sucedió al doctor Glock, podría haber provisto la justificación que Bush necesitaba para desencadenar el ataque, como le reclamaba el primer ministro de Israel, general Ariel Sharon. Pero su derrota en las elecciones legislativas de 2006 melló el filo de ese proyecto.
Todo esto fue coordinado en forma explícita con el gobierno de Estados Unidos y con el lobby israelí que actúa en Washington y Nueva York y se extiende a Latinoamérica. Un ejemplo fueron los pronunciamientos del presidente del Congreso Judío Mundial, el fabricante de cosméticos René Lauder, y del presidente del Congreso Judío Latinoamericano, el financista argentino Adrián Werthein, sobrino segundo de Gerardo Werthein, el principal socio de Horacio Rodríguez Larreta en los negocios inmobiliarios con la tierra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como Bush entonces, Trump está escalando ahora la tensión con Irán, que ya ha incluido peligrosas escaramuzas en el estrecho de Ormuz, por donde navegan los grandes tanqueros que llevan el petróleo de Medio Oriente hacia los mercados de consumo de Europa.
Desde la oposición al gobierno, la única voz significativa que se levantó contra las últimas decisiones fue la del candidato presidencial del Frente de Todes, Alberto Fernández. Durante su gira proselitista por Córdoba, en compañía de Sergio Massa, Alberto le pidió a Macrì que fuera «más cuidadoso» con decisiones como la de considerar a Hezbollah como grupo terrorista. «Este no es un problema de la Argentina sino de intereses geopolíticos que no son los nuestros. Ya pagamos costos enormes, como el horrible atentado a la AMIA». La definición fue categórica, pero no figura en los buscadores de Clarín, La Nación e Infobae, medios que cubrieron ad nauseam la entrevista del candidato con el empresario de LV3 de Córdoba, Mario Pereyra, y los actos de Pompeo y Macrì en relación con Hezbollah.
Fernández padece el mismo destrato que su compañera de fórmula, CFK, lo cual refleja el pánico del gobierno y de sus bases patronales, internas y foráneas, ante la inminente derrota que Macrì y Mickey Vanilla no saben cómo evitar en las elecciones generales de agosto y octubre.