Inicio Opinion Macri, dispuesto a cualquier cosa por la reelección

Macri, dispuesto a cualquier cosa por la reelección

ASI PREPARAN LA TRAMPA

Nada le impedirá dar el número que prefiera la noche de las PASO, y validarlo con el martilleo de los medios que le responden. Basta con una alteración de pocos puntos para maquillar una derrota. Cuando el escrutinio definitivo ponga las cosas en su lugar, no todos se enterarán y el gobierno ya habrá conseguido los objetivos políticos y económicos que persigue.
POR HORACIO VERBITSKY
La presentación que el Frente de Todes hará el martes 6 ante la jueza electoral María Servini, reclamando que se excluya a la empresa SmartMatic del escrutinio provisorio del próximo domingo, es un intento por romper la trampa preparada por el Poder Ejecutivo para acomodar las cifras a las conveniencias del presidente Maurizio Macrì, quien imagina posible continuar otros cuatro años como Jefe Supremo de los Restos de la Nación y está dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Esto incluye sacrificar al Hada Buena, que con alta probabilidad perderá la gobernación bonaerense, lo cual es también expresión del vengativo espíritu presidencial, que no perdona los pujos de autonomía demostrados a partir de la crisis cambiaria de 2018.
El apoderado de Todes, Jorge Landau, señala en el escrito que al no haber recibido el código fuente del software que se empleará en las PASO, los principales partidos de la oposición no estarán en condiciones de fiscalizar la limpieza de los datos que se difundan el domingo 11, atribución que el Código Nacional Electoral confiere en su artículo 108 a los partidos políticos. También menciona diversos antecedentes de la empresa, como una elección en Filipinas, donde SmartMactic cambió el software en medio del escrutinio y a partir de ese momento se invirtió la tendencia de los resultados. Esto derivó en una denuncia penal y varios directivos huyeron del país. Uno de ellos está ahora en la Argentina, practicando su arte de prestidigitación electoral.
El fiscal electoral Jorge Di Lello dijo que no hay riesgo de fraude porque el sistema electoral vigente es seguro. Pero se refería al escrutinio definitivo, que estará terminado entre dos y tres semanas después de la votación y que es el único que tiene valor legal. Su control está a cargo de la Cámara Nacional Electoral y de los fiscales y jueces electorales de cada distrito. Di Lello y Servini cumplen esa función en la Capital Federal. Servini deberá resolver la presentación de Todes en un plazo perentorio y el gobierno o el Frente podrán apelar su decisión ante la Cámara Nacional Electoral. ¿Darán los tiempos?

Suficiente antelación.
El escrutinio provisorio tiene mínimo sustento legal. El Código Electoral Nacional, sancionado en agosto de 1983 por el decreto 2135 del dictador Benito Bignone, con vistas a las elecciones en las que se impondría dos meses después Raúl Alfonsín, fue modificado en enero de 1995 por la ley 24.444, como parte del proceso que conduciría a la reelección de Carlos Menem.
Su artículo 108, sólo dice que el control de los comicios por los partidos políticos comprenderá «la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será verificado por la Junta Electoral que mantendrá una copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que deberá estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación».
¿Qué antelación se considera suficiente? En 2005, la Cámara Nacional Electoral emitió la Acordada 96 estableciendo que la «suficiente antelación» de la ley no podía ser inferior a 30 días. En enero de 2017, en la Acordada 3 solicitó que se digitalizaran los datos y se transmitieran desde los lugares de votación, y reiteró el mismo plazo de control partidario fijado en 2005. Por eso, el pliego del concurso de precios convocado por el gobierno nacional para seleccionar a la empresa que se encargaría de cumplir con los requisitos del artículo 108, fijó ese lapso en 30 días. Pero el mismo gobierno lo viola sin escrúpulo porque las Acordadas de la Cámara no tienen el peso de una ley. Algunos especialistas consideran que, si se dispone del software y de los códigos utilizados, ese plazo es razonable. Pero otros señalan que resulta exiguo para realizar una auditoria que garantice su buen funcionamiento y, sobre todo, la seguridad de que no contiene órdenes ocultas que tergiversen los datos que se cargan o que pueda ser hackeado. Es decir que, en el mejor de los casos, esos 30 días constituyen el mínimo admisible.
El contrato con SmartMatic, que se adjudicó la tarea por haber ofertado el precio más bajo, también incluyó ese requisito. Como las PASO se celebrarán el 11 de agosto, el software y sus códigos fuente debían estar disponibles el 11 de julio. Pero nada de eso ocurrió y en el simulacro realizado el 20 de julio, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, Adrián Pérez, dijo que el software aún no estaba terminado, que continuarían las pruebas y que se entregaría a la justicia electoral 48 horas antes de los comicios. Ése ya sería motivo suficiente para excluir a Smartmatic de una tarea crítica para que el acto central de la democracia sea cristalino e insospechable. Pero además, el señor Pérez se negó a responder quién y cómo garantizaría la seguridad informática y uno de sus colaboradores adujo para ese secretismo antirepublicano… razones de seguridad.
El gobierno que contrató al proveedor debería ser el principal interesado en exigir el cumplimiento de lo pactado. Por eso es tan llamativa la actitud entre reticente y encubridora del señor Pérez, cuya respuesta más frecuente ante las preguntas de los periodistas fue «No sé», y con ostensible fastidio terminó diciendo que si alguien no estaba de acuerdo podía recurrir a la Justicia. Así fue.
Por cierto, esto es posible porque los medios comerciales y con orientación política pro PRO, ni preguntan como podrían, ni reflejan los titubeos y falacias de las respuestas, ni dan lugar a las voces críticas.

El detalle que faltaba.
Por ejemplo, el matutino Clarín publicó el jueves 1° de agosto una columna titulada Actualizar el sistema electoral, de eso se trata, en la que se defiende al oficialismo ante «un sector de la política que quiere dejar todo como está. El PJ pide volver ‘al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas’, un sistema que ha demostrado serias falencias. Estamos dando un paso adelante, Argentina se actualiza y acorta la brecha que lo distancia de aquellos países que han aplicado tecnología en sus procesos electorales a los efectos de hacerlos más íntegros, más competitivos y equitativos». Su autor es Leandro Querido, a quien Clarín presenta como presidente de la ONG Transparencia Electoral. Querido cuenta que en 2017 «mandamos a hacer una encuesta» en la provincia de Buenos Aires. Sus resultados indicaron que «el 31,2% de los consultados no confiaba en la correcta contabilización de su voto. El 34,3% consideraba muy probable que se realizara un fraude. El 39,1% algo probable. El 56,8 % se mostró de acuerdo con la incorporación de tecnología en el escrutinio de mesa».
Muy Pro: modernidad, interés por la opinión del ciudadano y mejora de la calidad institucional.
Pero ni el diario ni el columnista explicaron quién era Leandro Querido. En 2017, ante las denuncias de Unidad Ciudadana sobre irregularidades en la carga de los datos de las PASO, el presidente Maurizio Macrì respondió con un informe sobre el escrutinio provisorio elaborado por el Ministerio del Interior, basado a su vez en una auditoria realizada por la ONG Transparencia Electoral. El blog El Disenso informó que el director ejecutivo de Transparencia, el radical Leandro Querido, era empleado del ministro Rogelio Frigerio y de la Legislatura porteña. También verificó que la presunta ONG no poseía empleados registrados ni realizaba aportes patronales. Uno de sus cuatro directores, Adrián Veleff, era apoderado del frente UCR / Cambiemos en El Chaco; otro, Jesús Enrique Delgado Valery, pasó de recomendar «cómo combatir el mal aliento y blanquear tus dientes utilizando conchas de banana» a realizar análisis políticos y electorales de Venezuela y la Argentina. Transparencia no tenía sede propia. Alquilaba el uso de una mesa y una silla y una sala de conferencias en una oficina compartida por la que pagaba 3.000 pesos al mes. Frigerio admitió que Querido era empleado del Ministerio, pero negó haber pagado la auditoria. Tal vez él no, pero el ex director nacional electoral y ahora Director de Asuntos Públicos del Correo Argentino, Alejandro Tulio, contrató a Transparencia Electoral por 200.000 pesos para auditar el escrutinio de las PASO. Tulio, a quien designó Director Nacional Electoral el malogrado Fernando De la Rúa, ha dictado seminarios junto con Querido. En noviembre de 2016, María Eugenia Vidal recibió una distinción en Washington por su impulso a la reforma política de la provincia de Buenos Aires para terminar con las reelecciones indefinidas. Se la entregó Querido. Un querido compañero de causa.

El pen drive de Clarín.
El primer simulacro se realizó el sábado 29 de junio, sin aviso previo a los partidos políticos ni a los periodistas. Incluso hubo directores de colegios que no fueron notificados. Fue un fracaso por falta de conectividad. El segundo se planificó para el sábado 20 de julio, ya vencido el plazo legal de los 30 días.
En la conferencia de prensa posterior, se detectó un alto porcentaje de incidencias en distintas provincias. Incidencias es el nombre técnico de los errores, debidos a fallas en la lectura de las actas de cada lugar de votación. En Chaco, los errores llegaban al 22% de las actas; en San Juan al 37%: en Santa Cruz y Misiones al 56% y en La Rioja al 96%. El periodista de El Destape Ari Lijalad, preguntó por esa anomalía.
Luego de confirmar con gestos y palabras que no tenía idea de lo que estaba hablando, el señor Pérez llamó a una técnica del Correo Oficial, Sandra, quien dijo que los errores se habían introducido con toda intención para comprobar si el sistema los detectaba. Con pura lógica, Lijalad le pidió el documento en el que constara esa deliberación. Le dijeron que se lo darían luego de concluida la conferencia de prensa. Sólo quedaron cuatro periodistas esperando. Luego de una hora, al jefe de redacción de El Destape le entregaron fotocopia de dos telegramas de La Rioja con errores, pero nada que certificara la cantidad de incidencias presuntamente programadas en esa provincia.
Luego de relatar este episodio en una nota del domingo 28 de julio, recibí un atento email del periodista de Clarín Alejandro Alfie. Narra que «si bien demoraron casi una hora, cuando volvieron nos trajeron un pendrive, con todos los telegramas. Ahí sólo quedábamos un periodista de Perfil, otro de no sé qué medio y yo. Entonces, me lo dieron a mí, con el compromiso que le pasara los telegramas a los otros dos periodistas que habían quedado en ese entonces, que eran casi las 14 horas. Así que después les pasé un par de telegramas a ambos periodistas, para no pasarles los más de 800 que estaban en el pendrive. Pero no es que sólo había dos telegramas. De hecho, recién le pasé al de Perfil otros 60 telegramas de La Rioja. Así que si los necesitás, también te los puedo pasar. Ahí esos telegramas figuran con números insólitos, que obviamente iban a dar error, porque tienen más votos que electores. Bueno, acá te adjunto algunos telegramas de La Rioja, como para que tengas una idea de qué pusieron ahí. Siempre leo tus notas y me parecen muy documentadas, así que no quería dejar pasar esta ocasión, para mencionarte lo que ocurrió ese día».
En otro mail posterior, Alfie agregó que «revisando nuevamente esos telegramas de La Rioja, me di cuenta que están hechos el 13 de julio, que es la semana anterior a la que supuestamente se tendrían que haber realizado. Es decir, no serían del simulacro del 20 de julio. Eso surge de las propiedades de cada archivo». Al recibir los archivos, Lijalad se comunicó con Hernán Etchaleco, encargado de prensa de Adrián Pérez y la persona que entregó el pendrive con los telegramas de La Rioja y los dos telegramas en papel el día del simulacro del escrutinio.

No sabe/No contesta.
La respuesta de Etcheleco ante la consulta fue que se trataba de los telegramas que se usaron el 20. Ante la repregunta de Lijalad de que tenían fecha del 13 de julio, por lo que era imposible que fueran los utilizados el 20, le dijo de mala manera que publicara lo que quisiera, que no le iban a responder. Pero poco después volvió a comunicarse por mensaje para decirle que lo que le había dicho «preliminarmente no es correcto». En la nueva respuesta, el vocero del Señor Pérez dijo que los telegramas que les dieron a los periodistas tenían fecha del 13 de julio porque eran los que se imprimieron para el simulacro del 20.
-Si esos pdf se confeccionaron antes, ¿cuáles son los pdf que se crearon el 20 en el simulacro y fueron visualizados el 20 por los operadores?- insistió Lijalad.
-Esa es la respuesta, cerró el vocero del Señor Pérez.
Lijalad se comunicó con la Dirección Nacional Electoral y le repitieron esa versión. Volvió a solicitar la planificación del simulacro donde constara que La Rioja iba a dar un 96% de fallas. No se la dieron. Preguntó por qué el Señor Pérez dijo que era imposible que una provincia tuviera fallas superiores al 50%. Tampoco hubo respuesta.
La suma de No sabe/No contesta indicaría que los funcionarios a cargo de la operación revistan en la categoría de los indecisos, pero en este caso ocurre todo lo contrario. La decisión de toquetear los números es firme y sólo se modificará si la justicia lo impone así.

La órbita exclusiva del Poder Ejecutivo.
Luego de la afirmación del fiscal Di Lello en entrevistas de prensa, hubo un pronunciamiento unánime de la Cámara Nacional Electoral, ante sendas presentaciones del Frente de Todes y de Consenso Federal. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía reiteraron la afirmación del fiscal: el escrutinio provisorio es «un elemento secundario o publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados» y, pese a los reiterados pedidos del tribunal, «continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral». Este es «un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre su integridad», ya que queda «bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado».
Esta es una respuesta directa al señor Pérez, que en la conferencia de prensa derivó la responsabilidad hacia ellos.
A los presidentes de mesa, sobre quienes el tribunal tiene imperio, la Cámara les indicó que deberán facilitar que los fiscales registren con sus celulares el Acta de Escrutinio y el telegrama. El resto son sugerencias al gobierno, que hará con ellas lo que le plazca: Colocar afiches que describan los pasos para el escaneo y la transmisión de los telegramas; acreditar a los fiscales a presenciar el escaneo y transmisión; constatar la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados, para lo cual la Dirección Nacional Electoral y el Correo Oficial deberán documentar el procedimiento, que deberá ser público y con acceso de los fiscales informáticos o tecnológicos de los partidos; garantizarles una herramienta o acceso para seguir en tiempo real los telegramas correspondientes a su distrito, su estado de carga y visualizar la imagen escaneada de cada uno; y asegurar que cuenten con los mecanismos o la información para seguir el documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga.
Como era previsible, el Señor Pérez se manifestó conforme, ya que el problema está en la transformación del documento enviado en formato .tiff, en otro .pdf, lo cual es imposible de controlar sin acceso al programa y el código fuente con la «suficiente antelación» que exige el Código Nacional Electoral, para lo cual ya expiró el plazo técnicamente necesario.
Esto no es nuevo ni sorprendente. El retoque digital de los telegramas ya se produjo en las elecciones legislativas de 2017, como investigó El Disenso (https://www.eldisenso.com/politica/mas-ejemplos-del-fraude-photoshop-escrutinio-provisorio/). El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en su visita a la Universidad de Texas el 15 de abril de este año: «Cuando yo era un cadete, la consigna en el Colegio Militar de West Point era: No mentirás, no engañarás, no robarás ni tolerarás a quien lo haga. Yo fui director de la CIA: mentíamos, engañábamos, robábamos. Todo eso hacíamos. Era como si… hasta teníamos cursos completos sobre…». Su gobierno financia, vía el FMI, la campaña de Macrì y Pompeo inspira sus métodos: esta semana la ex directora jurídica de Vialidad denunció la estafa de Macrì para que sus empresas viales fueran indemnizadas por incumplimientos del concedente estatal, inventados en la semana en que ganó las elecciones de 2015; Macrì acaba de jactarse ante las Fuerzas Armadas de haberlas reequipado y profesionalizado, cuando la inversión en material es la más baja desde 1983; el vaciamiento del Correo Argentino (la expresión es de Gerardo Morales, que en 2003 lo denunció ante la justicia) sigue arrastrándose desde hace casi dos décadas en los tribunales porque Macrì se niega a pagar lo que adeuda; el blanqueo de capitales, presentado con astucia como reparación histórica a los jubilados, para que su hermano, su suegra, sus cuñadas, su socio-testaferro legalizaran a un costo ínfimo la posesión de dinero clandestino en el exterior; el impuesto a las ganancias, extendido a mayor número de trabajadores, cuando en la campaña anterior Macrì prometió que lo suprimiría; el uso de los jueces para la persecución de opositores, con la inestimable colaboración de la línea Lorenzetti, Irurzun, Stornelli-Bonadío, que ha convertido a la Justicia en la institución menos apreciada del país; la pretensión de que hoy se respeta la libertad de expresión y rige el pluralismo en los medios públicos, cuando hay dueños de medios presos por negarse a cooperar, otros fueron chantajeados para que censuraran a sus periodistas si no querían correr la misma suerte y entre el 60 y el 90% del espacio en los medios públicos se dedica a la promoción de los amarillos. Esto tiene sus efectos colaterales. Hace tres semanas, Macrì volvió a Mendoza a buscar votos. Para recibirlo, la UCR encargó globos amarillos, blancos y rojos. El mayorista dijo que cerró la única fábrica nacional de globos y que no los importaba porque eran carísimos.
El gobierno necesita reducir a unos pocos puntos la ventaja de les Fernández en las PASO, para que el dólar, que el viernes volvió a venderse a 46 pesos, no remonte vuelo en lugar de los globos. De otro modo, octubre sería su Waterloo en primera vuelta y no llegaría al ansiado balotaje. Nada le impedirá dar el número que prefiera la noche de las PASO, y validarlo con el martilleo de los medios que le responden. En una elección relativamente cerrada, basta con una alteración de pocos puntos para maquillar una derrota. La comprensión de cómo se realiza el truco es compleja y si los grandes medios audiovisuales reproducen en forma acrítica la información oficial, esa tenderá a instalarse como verdadera. Cuando el escrutinio definitivo ponga las cosas en su lugar, no todos se enterarán y el gobierno ya habrá conseguido los objetivos políticos y económicos que persigue.