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Macri exige lo que no otorgó

El expresidente Mauricio Macri no quiere que la jueza María Romilda Servini realice un peritaje de su celular en el marco de una causa judicial. Quien permitió que se desarrollara la estructura de escuchas telefónicas ilegales más colosal bajo un gobierno electivo, pretende apelar al «derecho a la intimidad» para esquivar una investigación en su contra.
Si no fuera tan grave, daría risa. Sobre todo porque ahora hay una jueza que autoriza la investigación, algo que no ocurría cuando Macri era presidente y las escuchas se ordenaban desde la AFI o desde altos despachos del Poder Ejecutivo sin control judicial.
En su presentación, Macri sostiene que lo dispuesto por la jueza «vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta».
Tarde se acuerda Macri de estos derechos. Cuando fue la máxima autoridad política de la Nación no se preocupó por garantizárselos a quienes sufrían encarcelamientos sin condena por la aplicación de la inconstitucional «doctrina Irurzun», y una vez presos ni siquiera se les respetaba el derecho a hablar con sus abogados libres de escuchas ilegales. Es muy difícil encontrar un ejemplo parecido en la historia de los gobiernos constitucionales.
Otra de las cosas que le pidió Macri a la jueza fue que se lo exima de presentarse a declarar ante los tribunales federales en virtud del «estado de excepción» que reina en el país por la epidemia de coronavirus y la imposición del aislamiento social obligatorio. Luego de su reciente, y sospechoso, viaje al Paraguay muy poca autoridad le queda al expresidente argentino para hacer semejante petición. Nunca se supo el motivo de ese traslado que obligó al país vecino a modificar los protocolos sanitarios. Para peor, las razones ofrecidas -un encuentro motivado por su condición de dirigente de la FIFA- fueron inmediatamente desmentidas.
La causa a cargo de Servini investiga las denuncias formuladas por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, quienes fueron perseguidos, encarcelados y obligados a desprenderse de numerosas compañías durante el gobierno de Macri. El caso alcanzó notoriedad por la suma de cargos injustos y de presiones judiciales arbitrarias que sufrieron ambos hombres de negocios, quienes, según expresaron en reiteradas oportunidades ante la prensa y los tribunales, fueron hostigados por su negativa a prestar sus medios para una campaña en contra de la expresidenta Cristina Kirchner.
Además de Macri, la jueza investiga al exjefe de Gabinete, Mario Quintana; al extitular de la AFIP, Alberto Abad; al exintegrante de la «mesa judicial», Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y al empresario Nicolás Caputo. Todos están implicados en la causa acusados de presionar a López y De Souza para desapoderarlos de sus empresas.
¿A qué le teme Macri? ¿Por qué pretende semejantes excepciones y privilegios en una investigación llevada a cabo con todas las garantías legales que él no brindó como presidente?