Maltrato a los más débiles

Los abusos contra los débiles siguen siendo moneda corriente en el país y en nuestra provincia. A pesar de los avances sociales que pueden advertirse en los últimos años luego de la gran crisis que provocó el derrumbe de la Convertibilidad, persisten todavía notorias asignaturas pendientes en materia social y laboral. El notable crecimiento de la macroeconomía ni por asomo beneficia al conjunto de la sociedad.
Las condiciones que permiten la precarización del trabajo también están lejos de haberse superado y en los últimos días la capital pampeana pudo ofrecer al mundo un ejemplo que provoca vergüenza. Una treintena de trabajadores de la construcción, provenientes de provincias del norte argentino y de Paraguay, viven hacinados en un sucucho soportando espantosas condiciones de vida. Este lunar social no fue conocido hasta que, casualmente, una patrulla policial que estaba realizando un operativo de seguimiento se encontró con tan deprimente cuadro.
Sólo la insistencia del periodismo, en particular de este diario, logró que semejante situación tuviera estado público y que los organismos públicos y el sindicato de la construcción se despertaran de su siesta y se vieran en la obligación de decir -y hacer- algo.
Resultó particularmente enojoso escuchar, o leer, los testimonios de varios funcionarios que ponían más énfasis en eludir su responsabilidad por razones de jurisdicción que en preocuparse y comprometerse a trabajar en forma rápida y eficaz para terminar con ese cuadro lastimoso. “No nos corresponde a nosotros”, “hay un vacío legal”, fueron algunos de los pretextos que se oyeron.
Un subcontratista trajo los trabajadores a Santa Rosa y los depositó en un habitáculo más propio de un depósito de herramientas que de un recinto para alojar personas. Cuando periodistas de este diario se apersonaron en el lugar, el empresario se mostró ofuscado y amenazante y trató con rudeza a los hombres de prensa que sólo intentaban conocer el problema.
Desde el sindicato se adujo que se conocía la situación de los obreros, que se había formulado la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo pero que “no se la había hecho pública”, lo cual aparece como inexplicable ante la demora del organismo en intervenir y solucionar tan grave situación. Lo cierto es que ese cuadro de tratamiento inhumano permanecía, y permanece, sin que se adviertan acciones para terminar con él.
El Estado tiene una gran parte de la responsabilidad. Los trabajadores maltratados se desempeñan en una obra pública: la remodelación de la avenida de Circunvalación, por lo tanto es esperable que se interese por las condiciones de seguridad e higiene que reina en el lugar.
La circulación de asalariados por la geografía nacional es una realidad vieja como el país. Generalmente son obreros de la construcción o zafreros que se desplazan de provincia en provincia según la oferta de trabajo. Cuando caen en manos de empresarios inescrupulosos son explotados en condiciones indignas y alojados -o arrojados- en galpones donde viven hacinados los meses que dura el trabajo.
Lo que se preguntan los pampeanos es cómo pudo un empresario que construye una obra pública tener a sus empleados en semejantes condiciones. A la hora de escribir estas líneas la situación continuaba sin alteraciones a pesar del tiempo transcurrido.
Fue necesario -lamentablemente- que el periodismo comenzara a escarbar para que, recién después, funcionarios y dirigentes sindicales se comprometan públicamente a ocuparse de un tema que debería haberlos desvelado mucho antes y sin necesidad de intervención de la prensa.