Más contaminación en la cuenca del Salado

Al observar lo que se demora la implementación y puesta en marcha del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se advierte lo poco, o nada, que le ha interesado ese sistema fluvial al gobierno de la Nación, que privilegió el impulso de las provincias arribeñas antes que el desarrollo armónico de esa enorme porción central del país. En esa desidia también toleró, claro está, los disparates que esgrimieron los estados integrantes de la cuenca para justificar tamaño absurdo: río inexistente; sistema perimido; mero zanjón de desagüe… Esa falta de interés por un enfoque integral tarde o temprano tenía que evidenciarse en otros aspectos y el desempeño de un gobierno neoliberal ha sido el ideal para que ellos aparezcan.
Los últimos análisis de sus aguas han demostrado que el río La Palca, un afluente de tercer orden de la gran cuenca, situado en el noroeste de la provincia de San Juan, sufre un incremento exponencial de la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis fueron hechos por la Universidad Nacional de Cuyo y la causa de esos riesgos ciertos de envenenamiento para quienes se surten de su caudal está en la mina de oro Veladero, operada por la empresa Barrick Gold. El La Palca -al margen de un notable potencial hidroléctrico- representa un porcentaje de aporte al caudal del río Jáchal del orden del 70 por ciento, y los valores detectados no solamente son muy peligrosos para la salud humana sino que también están en el límite, o incluso lo transgreden, de algunos cultivos de la zona. Para que no queden dudas de la peligrosa irregularidad en los seis años anteriores de monitoreo del curso no hubo contaminación fuera de lo tenido legalmente por normal, pero desde el establecimiento de la compañía minera el aumento de algunos valores de riesgo fue del 5.000, 18.000 y 50.000 por ciento. Los grandes derrames al río, que se procuró ocultar, fueron de compuestos cianurados que se utilizan para la extracción de oro.
Ante semejante descubrimiento ¿qué está haciendo el Estado?: aceptar las falsedades de la compañía que procura ocultar los comprobados derrames de cianuro, y proteger a los infractores que en realidad están llevando a cabo acciones de extrema irresponsabilidad y muy peligrosos para la vida humana, animal y vegetal. Además hay que recordar que la explotación se encuentra en una zona prohibida por la Ley de Glaciares. Este instrumento jurídico-ambiental tuvo su origen en la necesidad de proteger la provisión de agua en los Andes Aridos pero el gobierno nacional no solamente no aplica la norma sino que intenta modificarla para avanzar con otros proyectos mineros que afectarían incluso el ambiente periglacial; la excusa utilizada forma parte de un repertorio conocido al sostener que obrando con semejante nivel de permisividad “se favorecerá la llegada de inversiones”.
Retomando las líneas iniciales de esta columna se advierte que la consideración integral de la cuenca no sólo sigue ignorada sino que su red de afluentes es agredida en función de intereses mucho más poderosos que los correspondientes a la tierra bajo riego a la cual se está poniendo bajo serios riesgos. Por no hablar de que la agresión ambiental se disimula con mentiras o, directamente, indiferencia.
En abierta complicidad, la Nación junto con el gobierno provincial y municipal sanjuaninos se empeñan en compartir el discurso de la compañía repitiendo que no hubo derrames y los ríos portan esos metales de “forma natural”. Despreciando los rotundos resultados de los análisis, comprobaciones y declaraciones el subsecretario de Minería de Nación, restó importancia al problema y en una postura muy parecida a la burla dijo que “el cianuro es una sal; lo pueden consumir los humanos y los animales”. Peor definición, imposible.