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Más femicidios y menos presupuesto para políticas de prevención

VIOLENCIA DE GENERO

El año arrancó con una estadística estremecedora: 27 femicidios durante enero, contra 20 registrados en mismo mes de 2018. El presupuesto 2019 tiene reducción en partidas para prevención.
IRINA SANTESTEBAN
No fueron sólo femicidios, también en enero se registró un transfemicidio, el de Mirna Antonella Di Marzo, en Güemes, provincia de Salta, cuando salía de un boliche y fue atacada a golpes por José Gustavo Gareca, con antecedentes penales por violencia de género.
Los colectivos de la diversidad sexual denunciaron que en enero se produjeron 10 muertes de travestis y trans, a causa de enfermedades relacionadas con su condición sexual y por la extrema vulnerabilidad material y social que padecen, en una sociedad que las discrimina.

Embarazada.
Uno de los casos más tremendos fue el de Jessica Riquelme, asesinada por su pareja en Federal, provincia de Entre Ríos. Jessica cursaba un embarazo de siete meses y murió en el hospital Justo José de Urquiza, donde se le realizó una cesárea y nació una beba que se encuentra internada en grave estado en Concordia.
Su pareja y asesino, Jesús Sánchez, ya tenía orden de restricción por denuncias anteriores de violencia hacia Jessica, con quien había tenido otros dos hijos pequeños. El lunes, mientras se encontraba detenido en la alcaidía de la jefatura de policía de Federal, fue encontrado muerto en el baño, ahorcado con vendas que le habría dado otro detenido.
El caso provocó marchas en Federal, y en varias ciudades de Entre Ríos y de todo el país, de las organizaciones de mujeres, en repudio por el asesinato y para exigir políticas públicas de prevención de la violencia de género, y protección efectiva hacia las víctimas.

Emergencia.
Desde el movimiento de mujeres y la asamblea Ni Una Menos se exige la declaración de la emergencia en violencia de género, ante la cantidad de femicidios desde que comenzó el año.
Según un relevamiento del Observatorio «Ahora que sí nos ven» de la organización MuMaLa, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 29 de mayo de 2018, hubo 871 femicidios y 24 travesticidios; el 10% de las víctimas tenían medidas de protección dictadas por el Poder Judicial.
La emergencia implica que se tomen medidas para la prevención de la violencia de género, así como el monitoreo efectivo acerca de su implementación y cumplimiento, para la evaluación de los resultados. Entre las medidas, se pide que un 10% de los presupuestos de cada ministerio se destine a políticas de igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes; desarme de miembros de las fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género y protocolos en las provincias con ese mismo fin; dispositivos electrónicos para agresores sexuales que incumplen las restricciones judiciales; una asignación económica para las víctimas de violencia de género, así como ayuda económica, becas y renta para alquilar; aplicación de la Ley Micaela que prevé la capacitación y formación obligatoria con perspectiva de género para quienes trabajan en el sistema judicial, de salud, educación y seguridad.

Más prevención y educación.
Sin perjuicio de esas medidas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y las restricciones y/o condenas hacia los violentos, ellas por sí solas no alcanzan para frenar los femicidios. No es sólo la actitud de varones violentos hacia «su» mujer -a la que consideran «una cosa» que les pertenece, y a la que pueden maltratar y hasta matar-, sino que se trata de modificar y erradicar una cultura machista en la sociedad, que involucra también a las mujeres.
A fines del año pasado, la Iglesia católica, junto a cultos evangélicos y sectores conservadores, llevaron adelante una campaña para impedir lo que denominan «ideología de género» en las escuelas. «Con mis hijos no te metás», era la consigna, y muchas de las participantes en esas marchas eran mujeres. La escuela, lo mismo que la familia, son los ámbitos donde se debe promover una educación no sexista, no violenta, basada en el respeto y la igualdad de trato entre varones, mujeres y personas con otras orientaciones sexuales.
Esos sectores no parecen tan preocupados por las jóvenes atacadas, violadas y asesinadas. Su campaña no es contra los femicidios, sino contra la educación sexual integral (ESI), que es la que permite, entre otras cosas, que los niños, niñas y adolescentes puedan debatir con libertad no sólo sobre su sexualidad, sino también sobre los estereotipos patriarcales, que son la base de la violencia machista.

No hay presupuesto.
Es muy difícil que las medidas que se piden en la declaración de Emergencia vayan a ser adoptadas por Mauricio Macri, responsable de haber recortado las partidas para políticas de prevención de la violencia de género, en el presupuesto 2019. No estuvo solo en eso: lo acompañaron diputados y senadores del PJ, sin cuyos votos hubiera sido imposible aprobar un presupuesto dictado por el FMI dirigido por una mujer, pero que no tiene nada de feminista.
La cantidad de víctimas de femicidios no han provocado un solo comentario del jefe de Estado, tampoco de la gobernadora Vidal, ni del jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. No han expresado ni repudio hacia esos crímenes, ni han anunciado acciones para promover la protección de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
Ante el robo de un celular (hecho menor comparado con un femicidio), y ante la decisión de una jueza de imponer una probation al autor del delito, Macri denunció a la magistrada y promovió su destitución.
El Che Guevara decía: «Vale millones de veces más la vida de un solo ser humano, que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra». Una frase que resume los valores de una sociedad que pone por encima la vida, la salud y la educación de su población. Será por eso que en Cuba no hay femicidios.