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Masivo reclamo contra la violencia de género y los femicidios

NI UNA MENOS

Con 113 mujeres asesinadas en los primeros 5 meses del año, la declaración de Emergencia en Violencia de Género, sigue siendo un pedido sin respuesta del Movimiento de Mujeres.
IRINA SANTESTEBAN
El pasado 3 de junio se realizó la quinta marcha del colectivo «Ni Una Menos», iniciado en 2015 para reclamar al Estado y la Justicia mayores acciones para la prevención de la violencia de género y terminar con los crímenes cometidos contra las mujeres. El fin de semana previo, dos nuevos femicidios en Córdoba, daban cuenta de la gravedad de estos hechos, que tienen su origen en una sociedad donde los patrones socioculturales machistas, violentos y patriarcales, no han sido erradicados. Aydée Alejandra Palavecino, una joven madre de 18 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Facundo Giménez, de 21 años, en Anisacate, a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En la misma provincia, en General Viamonte, Jessica González, de 29 años, fue degollada delante de sus hijos pequeños por su pareja, Raúl Ovando.

Emergencia.
Según la Casa del Encuentro, asociación civil que comenzó en 2008 a difundir datos estadísticos sobre femicidios, ante la falta de índices oficiales, desde ese año hasta 2019, son 2.952 las mujeres muertas víctimas de este delito. Una cifra espeluznante: ¡un femicidio cada 32 horas! No se trata sólo de las mujeres asesinadas, porque se calcula que en ese mismo período (2008-2019) fueron 3.717 los niños y niñas que perdieron a sus madres muertas por la violencia de género.
La declaración de Emergencia implica una serie de medidas para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, la atención inmediata y seguimiento de las denuncias por maltrato, educación y difusión para combatir los estereotipos que justifican actitudes violentas hacia las mujeres, etc. Sin embargo, el presupuesto nacional del presente año, sufrió un significativo recorte en esta área, un 18% menos que en 2018.
El ajuste que viene aplicando tanto el gobierno nacional como los provinciales y municipales, impacta de lleno contra los programas y políticas públicas que se necesitan para la atención de las víctimas y su entorno familiar, así como para la prevención de los femicidios.

Cifras que espantan.
Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2018 hubo 278 víctimas femicidios, una cifra similar a la de 2017, con una tasa de 1,1 muerte cada cien mil mujeres. En estos casos se incluyen 4 travesticidios y 23 femicidios vinculados (personas allegadas a la víctima que también fueron asesinadas).
La OM, creada en 2006 por la fallecida ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, se encuentra hoy a cargo de la única mujer integrante del alto tribunal: Elena Highton. Del informe, que se dio a conocer ayer en el sitio web del Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte, surge que sólo 31 de las víctimas contaban con alguna medida de protección judicial previa, como la exclusión del violento, prohibición de contacto, botón antipánico, etc.
De estos casos relevados por la OM, surge que las víctimas eran mayoritariamente mujeres jóvenes, de entre 24 y 44 años, que en el 83 por ciento había un vínculo previo con los femicidas y que el 66 por ciento de los hechos ocurrieron en el hogar de la víctima. De estos 278 episodios quedaron un total de 202 niños, niñas y adolescentes sin madre.
Dentro de ese contexto familiar, el 42 por ciento de las mujeres convivía con el femicida, y sólo en un 6 por ciento actuó un varón desconocido. En el 21 por ciento de los hechos, el victimario se suicidó después de cometer el crimen.

Miles por «Ni una menos».
El lunes 3 fueron decenas de miles de mujeres las que marcharon en las ciudades grandes y pequeñas. Los documentos aprobados en masivas asambleas abarcaron una amplia gana de demandas del movimiento Ni Una Menos, entre ellas «la declaración de Emergencia en violencia de género» porque «desde 2015 hubo alrededor de 1.193 femicidios», y se exigió el «fin de los femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio».
El reclamo más visible de esta jornada fue el decir «Basta a la violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular».
El documento incluyó especialmente «a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones».
El reclamo por la legalización del aborto también estuvo presente, a través del ya famoso «pañuelazo verde», que la semana anterior había inundado las calles, cuando se presentó ante el Congreso Nacional por octava vez consecutiva el proyecto para su legalización. La declaración incluyó el reclamo para «la incorporación al sistema de salud de la provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la Anmat».
Hubo un capítulo para el rechazo a las «violencias económicas», a través del endeudamiento: «la deuda con el FMI es fraudulenta e ilegítima y sólo financia la fuga de capitales, endeuda nuestras economías domésticas y atenta contra la soberanía de nuestro país».
También se demandó «la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa» y que se reconozcan las «tareas de cuidado», llevadas a cabo casi íntegramente por las mujeres, siendo «trabajo no remunerado y quienes lo llevan a cabo deben ser reconocidas.