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Médicos y trabajadores contra imputaciones y ajuste

PROTESTAS EN CORDOBA

Una impresionante caravana de protesta en Córdoba contra la imputación a un médico por los contagios de Covid19 en un geriátrico no fue una protesta «anticuarentena» sino contra la persecución de la que son objeto quienes están en la primera fila del combate contra la pandemia.
IRINA SANTESTEBAN
La vuelta atrás en el protocolo contra el coronavirus, dispuesta por el gobierno de Juan Schiaretti, de la fase 4 a la 3 la semana pasada, y la vuelta a ésta última a partir del día de ayer, hizo creíble lo que sospecha gran parte de la población. Que la primera medida se tomó no por prevención al conocerse algunos casos de contagio de coronavirus en la zona del Mercado Norte, sino para poder aprobar sin molestas manifestaciones la ley para recortar jubilaciones y pensiones. Así, esa norma se dictó en una sesión legislativa virtual, con la ciudad vallada y los puentes cortados, y un proyecto cuyo texto se conoció el mismo día de su tratamiento.

Cordobazo.
Aunque el gobierno haya tenido éxito con tan antipopular medida, no pudo haber elegido peor fecha. El próximo viernes se cumplen 51 años del Cordobazo, una rebelión popular que aún en los tiempos que corren es recordada por la mayoría de la población como un estallido de legítima bronca popular contra los abusos del poder.
El lunes, Día de la Patria, centenares de autos marcharon durante más de media hora por las calles de la «docta», a bocinazo limpio, en una caravana filmada desde los balcones y aplaudida por la ciudadanía.
Los medios La Voz del Interior y Canal 12 (del grupo Clarín), Cadena 3 y periodistas muy críticos de la medida del aislamiento social impuesto por el gobierno nacional, intentaron mostrar a esta manifestación como una muestra de descontento con la cuarentena.
Nada que ver. Fue una protesta legítima de un sector que ve necesaria esa medida, justamente porque se encuentra en la primera trinchera de la lucha contra el Covid19 y porque muchos de los casos de contagio son de trabajadores y profesionales de la salud. El motivo central fue el rechazo a la imputación del médico Lucas Figueroa, que trabajaba en el geriátrico Santa Lucía en la localidad de Saldán, a 30 km al norte de Córdoba, caso que ya fue abordado en esta columna (ver La Arena, 22/04/2020). La indignación de los galenos y personal de salud es que se imputa al médico que se contagió de coronavirus en la residencia, pero nada se hizo contra los dueños de esa institución, a quienes Figueroa les había pedido que reforzaran las medidas de bioseguridad en resguardo de los pacientes de la residencia. Allí hubo 65 contagios y 3 fallecidos; la mayoría fueron derivados al Hospital Italiano, donde también se dio otro foco de contagio con una decena de trabajadores y médicos con Covid19.

La familia judicial.
La gran indignación de la comunidad de salud fue motivada porque a la par que se imputaba a Figueroa y al médico Marcelo Lázaro por «propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas» en calidad de autores, se conoció que el dueño del geriátrico es Rafael López Peña, padre de uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba difundieron comunicados de repudio a la decisión del fiscal Andrés Godoy, titular de la Unidad de Emergencia Sanitaria (UFES). Desde esa fiscalía respondieron que las imputaciones se sostienen con el material recolectado durante la instrucción, como el informe del área de epidemiología del Ministerio de Salud y testimonios del personal que desempeñaba tareas en la residencia, prueba informativa y documental.

Salud colapsada.
La movilización del lunes 25 no fue una protesta contra las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por el gobierno nacional. Al contrario, muchos médicos relataban que no estaban de acuerdo con el cambio de fase dispuesto por el gobierno provincial, pues aseguran que el sistema de salud pública no está preparado para atender los casos que se esperan con el pico de la pandemia previsto para junio. La falta de personal, que es un constante reclamo del sector de salud, se agrava, pues el consejo de todos los organismos internacionales para el combate contra el Covid-19 es justamente formar equipos que vayan rotando cada 15 días. Así se da tiempo, si hay contagios, a que ese personal se restablezca y luego pueda volver a trabajar sin riesgo. Eso no está sucediendo en ningún hospital porque no cuentan con el personal suficiente, y trabajan casi a destajo, con riesgo para su salud y de padecer stress laboral.
Los carteles en los autos decían: «Ni héroes ni asesinos, somos médicos», «basta de recortes a los jubilados», en rechazo a la ley aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, gracias a la mayoría absoluta que mantiene el oficialismo en ella.

Protestas gremiales.
En esta semana previa al aniversario 51° del Cordobazo, varios gremios se encuentran con medidas de fuerza y también han sufrido imputaciones judiciales. Hace dos semanas los trabajadores municipales manifestaron contra el dictado de la ordenanza que les recortó una hora la jornala laboral, con quita salarial, impulsada por el intendente Martín Llaryora. El fiscal Godoy imputó a once de los que participaron en la protesta, incluida la secretaria general del sindicato, Beatriz Biolatto. Los choferes de UTA, quienes no cobraron sus haberes de abril, y están de paro desde hace varias semanas, también se manifestaron y fueron imputados, incluida su secretaria general Carla Esteban.
Están de paro los bancarios, judiciales, docentes y de Luz y Fuerza, con distintas modalidades, quita de colaboración, no asistencia en el caso de trabajo presencial y no conexión en el teletrabajo. «La pandemia no ha suspendido los derechos laborales», dijo Biolatto, pero así parece estar ocurriendo en la Córdoba que gobierna hace más de 20 años el Partido Justicialista. El déficit de la Caja de Jubilaciones con que quieren justifican el recorte jubilatorio, no puede ser achacado sino a este mismo gobierno, que desde hace años intenta, sin éxito, soluciones con recortes en los haberes previsionales.
En una semana de honda conmemoración obrera y popular, el gobernador Schiaretti está jugando con la paciencia de los trabajadores, los médicos y la ciudadanía, en una provincia donde los índices de desempleo y pobreza son alarmantes.