Medidas que no alcanzan y otras que llegan tarde

El 3 de junio se cumplieron seis años de la primera marcha Ni Una Menos, un jalón trascedental en el camino para erradicar la violencia de género. Hoy, las estadísticas nos muestran que los asesinatos de mujeres, travestis y trans, no disminuyen.
IRINA SANTESTEBAN
«Ni una menos! Vivas nos queremos! Fue el grito atronador que retumbó en las calles a lo largo y ancho de nuestro país aquel 3 de junio de 2015, en una enorme movilización que interpeló a la sociedad y al Estado contra la violencia machista.
La muerte de la adolescente Chiara Páez, de 14 años, por los golpes que le había propinado su novio, Manuel Mansilla, de 16, en la ciudad de Rufino, Santa Fe, fue el origen de una movilización que tuvo a militantes y periodistas feministas como sus principales impulsoras. La convocatoria sorprendió a propias y extraños, por la masividad y porque fue el puntapié inicial para el surgimiento de las asambleas Ni Una Menos en todo el territorio nacional, como continuidad de un movimiento de mujeres que se renovaba con la incorporación e impulso de las nuevas generaciones.
La interpelación fue hacia el Poder Judicial y las autoridades estatales, para que la violencia de género fuera parte importante de la agenda política, legislativa y judicial, y no una consigna con la cual sacarse fotos y difundir por las redes sociales.
Avances.
En estos seis años hubo muchos avances, gracias al empuje y la efervescencia de un movimiento que se masificó. En casi todo el mundo se replicó el movimiento «Ni Una Menos», como parte de una lucha integral contra el patriarcado. En 2018 surgió la «marea verde», que salió a las calles a exigir la legalización del aborto, reclamo que tuvo que ser mirado con atención por parte de los partidos tradicionales, pues hasta ese momento era una reivindicación de las fuerzas progresistas y de izquierda.
La ley de paridad de género fue otro avance para cambiar la composición de las cámaras del Congreso y las legislaturas provinciales. No tan así en los ámbitos de decisión ejecutiva, donde los ministerios, secretarías y áreas importantes, siguen siendo mayoritariamente ocupados por funcionarios varones.
La ley Micaela, aprobada en 2018, obligó al Estado nacional y los provinciales a implementar el programa para la capacitación y formación en género y violencia contra las mujeres, en toda la administración pública, incluidos el Poder Legislativo y el Judicial. Fue sancionada luego del femicidio de Micaela García, una joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche, en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de ataques sexuales.
La decisión del presidente Alberto Fernández de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, también fue un paso adelante para visibilizar la agenda de género en la política nacional.

No alcanza.
A la luz de las estadísticas sobre femicidios, así como en otros ámbitos donde las mujeres siguen siendo eternas relegadas, se puede decir, sin ánimo derrotista, que aún con esos avances, estamos muy lejos de erradicar la discriminación de género y la violencia contra las mujeres, travestis y trans. Y no se trata sólo de femicidios o agresiones físicas, pues la violencia de género adquiere diversas formas, tal como lo define correctamente la ley 26485, de erradicación de la violencia contra las mujeres: simbólica, mediática, económica, obstétrica, y podríamos agregar: política y sindical, dos ámbitos donde todavía no llega la tan proclamada y no cumplida igualdad.
En cuanto a programas para la ayuda de mujeres en situación de violencia, el ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta lanzó el plan Acompañar, que otorga un subsidio equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un lapso de seis meses, con la finalidad de ayudar a las víctimas de estas situaciones. Pero ese beneficio es incompatible con otros programas que otorga el ministerio de Desarrollo Social para quienes trabajan en la economía informal, en emprendimientos, comedores o merenderos. La mayoría de quienes reciben esos planes son mujeres, como es el caso del programa Potenciar Trabajo, que si bien es menor al que otorga el programa Acompañar, no tiene un término tan breve para su percepción. Las situaciones de violencia de género no se terminan en seis meses, sino que son arrastradas durante años, y es muy difícil salir de ellas. En muchos casos terminan con la vida de la víctima.

Femicidios.
Según el Observatorio Nacional sobre violencia de género de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año se registraron 94 femicidios en la Argentina, de los cuales 75 fueron directos, o sea mujeres asesinadas por hombres; 4 fueron trans o travesticidios; y 11 fueron femicidios vinculados, es decir cuando un varón mata a un niño o niña o a otra persona con el objetivo de hacer daño a una mujer.
Según registros de Mumalá, hubo además 140 intentos de femicidio y 21 muertes violentas que están en investigación. El 25% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor; el 14% de los agresores era personal de alguna fuerza de seguridad; y el 13% tenía antecedentes penales por violencia de género.
La mayor parte de los asesinatos fue cometida en el hogar donde convivían agresor y víctima, lo que indica la inseguridad en la que viven las mujeres que sufren la violencia machista. Según este estudio, el 71% de los femicidas asesinó a su pareja en su propia casa, el 10% en la vía pública, el 4% en descampados, otro 4% en el trabajo de la víctima y un 6% en otros lugares.
Como consecuencia de los femicidios 95 niños, niñas y adolescentes del país quedaron sin madre.
Por todo ello es que las organizaciones feministas siguen exigiendo al gobierno nacional la declaración de la emergencia nacional en violencias de género, para incrementar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres, tranvestis y trans en situación de violencia de género. Se dieron algunos pasos adelante, pero queda un camino muy largo sin recorrer y muchas vidas pueden perderse si no se implementan medidas efectivas y de fondo.