Mendoza admite alta ineficiencia de riego

Las últimas manifestaciones mendocinas vinculadas al conflicto sobre el río Atuel mueven a nuevas reflexiones sobre el tema. Ocurre que los cuyanos, a través de sus máximas autoridades en la materia, han comenzado a debatir públicamente sobre el grado de eficiencia (acaso más apropiadamente podría decirse: ineficiencia) del riego con las aguas del río.
"Estamos obligados a ser eficientes en el riego y lograr gastar menos agua", dicen y en buena hora, pero omiten dos aspectos nada menores: el primero de ellos es que la cifra que reconocieron en esta ocasión es del 30 por ciento, cuando en la reciente audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia hablaron de un 43 por ciento. Semejante diferencia resulta por demás llamativa y despierta dudas sobre la eficiencia ya no del riego sino de los métodos de medición.
La segunda cuestión que sorprende es la ausencia total de cualquier mención a los derechos que le corresponden a nuestra provincia sobre un río reconocido como interjurisdiccional. Se sabe que la argumentación pampeana en cuanto al agua que le pertenece (y que los mendocinos dicen no poder suministrar) se basa, precisamente, en la ineficiencia de riego en el área y la posibilidad -mejorando esa limitación- de alcanzar un caudal que pueda destinarse a La Pampa.
Este sugestivo desfasaje en un dato de tanta importancia se suma al que, años atrás, diera a conocer otra alta autoridad de riego en Mendoza quien, en un estudio sobre el mismo tema, reconocía una eficiencia por debajo del 20 por ciento. Se trata de una cifra pobrísima si se considera que en muchos países están logrando superar holgadamente el 70 por ciento, un nivel que están muy lejos de lograr los cuyanos y que se evidencia en la cantidad de parcelas salinizadas y abandonadas.
La actitud no tendría que ser novedosa para los pampeanos, porque implica la continuidad de una política que ignora los derechos de la provincia, cualesquiera sean las razones alegadas y el origen que las avala. La Pampa toleró este proceder durante muchos años y a través de distintas gestiones de gobierno sin que se registrara progreso alguno al respecto; esa parsimonia se terminó recién cuando adoptó una posición más firme y acorde con las irrefutables pruebas presentadas. Fue entonces cuando los políticos cuyanos cedieron -verbalmente al menos- en su contumacia y buscaron un acercamiento, cierto que falaz, como fue el caso de la desaparecida e ineficiente Comisión Interprovincial del Atuel Inferior.
Las recientes declaraciones de las autoridades mendocinas vuelven a ignorar absolutamente los derechos pampeanos y ni siquiera mencionan al pasar la posibilidad de ceder los caudales que se recuperen con "el revestimiento de canales y el riego tecnificado en las fincas, con el objetivo de reducir la cantidad de agua que se pierde 'en el camino' del dique a los cultivos", según sus propias manifestaciones.
La postura es tan extrema que -dicho por las mismas autoridades cuyanas- su principal preocupación es conciliar los intereses de los regantes con los del turismo zonal, que también exige su porción de agua. De las necesidades largamente postergadas de La Pampa, ni una palabra.