Mendoza apuesta a huir hacia adelante

I - Toda la expectativa que albergábamos la semana pasada sobre la segunda oportunidad que la Corte Suprema de Justicia le otorgó a Mendoza ampliando el plazo para acordar el caudal del Atuel, se desvaneció en un segundo no bien comenzó la reunión de la CIAI pedida por los cuyanos. Nuestro gobernador concurrió a la reunión obedeciendo a una vieja tradición pampeana en torno a la lucha por nuestro río robado que renueva en cada ocasión la esperanza de lograr de manera pacífica el uso compartido de ese recurso natural. Pese a la abrumadora evidencia de la nula voluntad mendocina de acordar el regreso del agua, el mandatario pampeano viajó a Buenos Aires haciendo gala de esa profesión de fe (profesión de fe que podría tildarse de inquebrantable si no fuera que, a esta altura de los desaires y agravios de Mendoza, debería catalogarse casi como de ingenua).

II - Pocos minutos bastaron para que Verna confirmara sus sospechas sobre la motivación inconfesable de la convocatoria de Cornejo. No bien su par mendocino expuso la disparatada propuesta de compensar el robo del río y el desastre ambiental causado en La Pampa, con un trueque por agua que sacarían de unas perforaciones, la reunión perdió todo viso de seriedad. Como el pastorcito mentiroso, el mandatario cuyano volvió a activar los mecanismos institucionales creados para tratar al máximo nivel los problemas de la cuenca, para seguir engañando a su propio pueblo sobre la seriedad del tema y ocultar las falacias de la posición mendocina. La propuesta fue vendida hacia dentro como un esfuerzo de Mendoza por acordar con una inflexible provincia de La Pampa. Seguramente muchos mendocinos compraron ese relato que desde hace décadas sostiene la mentira de que el Atuel es un río provincial. La realidad, que está quedando expuesta en la Corte, es que ese curso es también de La Pampa y que deben reparar el daño causado por su sustracción.

III - Ahora será la Corte la que deberá decidir. Mendoza desperdició la segunda oportunidad que le dio el máximo organismo judicial apostando a negar la realidad y tratar de eludir las consecuencias de su política hídrica apropiadora con la esperanza de que, como en el lema goebbeliano, la mentira en la que ha basado el uso del agua de La Pampa en su propio provecho, se convierta, si no en verdad, al menos en un hecho consumado que apuesta a imponer como un sustituto del derecho.

IV - La Cámara Federal de Bahía Blanca innovó en la jurisprudencia argentina a la medida de la política represiva que el gobierno nacional impone para intentar frenar las manifestaciones de descontento que dos años de deterioro económico y social despiertan cada vez más en amplios sectores de la ciudadanía. El procesamiento del profesor universitario acusado de arrojar huevos contra el auto del presidente en su pasada visita de campaña a la capital provincial, pone en evidencia la sintonía que ha logrado el poder político con algunos estrados judiciales que parecen actuar como el brazo punitivo del control social imprescindible en este nuevo experimento neoliberal en marcha.

V - Un informe publicado en estas páginas revela que en menos de dos meses, diez pampeanos perdieron la vida en las rutas de la Argentina fuera de la provincia. Esa cifra estremece no solo porque la muerte en las rutas en los llamados accidentes es siempre un indicio del desprecio por la vida que gana a muchos de los que conducen, sino además porque señala con claridad la ausencia de políticas públicas activas. La mayoría de los hechos luctuosos ocurridos en las rutas de La Pampa y fuera de ella tiene como origen maniobras de sobrepaso no solo expresamente prohibidas en la ley de tránsito, sino contrarias al más elemental y primitivo instinto de supervivencia del que ha sido dotado el hombre. La ausencia de controles de estas maniobras y la falta de un mecanismo eficiente y responsable de denuncias por conducción peligrosa, le quitan a la posibilidad de prevención una de sus únicas herramientas. Mientras las licencias de conducir se sigan otorgando privilegiando unas normas de manejo urbanas que no representan peligro alguno (como estacionar marcha atrás) y se deje sin ningún tipo de evaluación el comportamiento de los conductores en rutas, no habrá posibilidades de esperar una mejora en estos pavorosos índices que horrorizan a la ciudadanía día a día y convierten cualquier viaje por una ruta en una posibilidad de tragedia con desenlace fatal. (LVS)