Mendoza arma un grupo de tareas

La fotografía que se destacaba en la tapa de este diario el jueves último acaso podía pasar como una ironía sobre un tema recurrente; en ella se calificaba al río Atuel como «desobediente», ya que escurría sin tener en cuenta las intenciones, y acciones, del gobierno de Mendoza en su afán por sofrenarlo a pesar de su condición interprovincial.
Más allá de esa lectura irónica -y, desde luego, valedera- una mirada más profunda permite extraer conclusiones sobre un aspecto mucho más serio: la desobediencia, y no del río esta vez sino del Estado mendocino, para con la Corte Suprema de Justicia, que en una sentencia ratificara la interprovincialidad del río y ordenara la liberación de un caudal que debe ingresar a La Pampa.
La reacción gubernamental mendocina fue la de siempre: la irracionalidad. Desconocieron el fallo y uno de sus dirigentes más conocidos -y exgobernador- lanzó una ridícula proclama amenazando con separarse del Estado nacional. Semejante despropósito político y jurídico no hizo más que inscribirse en la política de barreras sucesivas que mantiene Mendoza desde hace décadas para negarle agua a La Pampa. Ahora, demolidas las defensas argumentales con el fallo de la CSJ optaron, lisa y llanamente, por desobedecerlo en una actitud que no reconoce antecedentes.
En los últimos días el gobierno cuyano anunció la constitución de un «comité asesor» para abocarse «al estudio y defensa del recurso hídrico, sobre todo en conflictos con provincias vecinas», un eufemismo que apunta no solo a seguir desoyendo los justos reclamos pampeanos -y una sentencia de la Corte- sobre el Atuel sino también para contrarrestar las crecientes protestas de las provincias condóminas del río Colorado referidas a la inconsistencia ambiental y económica de la represa de Portezuelo del Viento.
Dos aspectos de este anuncio subrayan la impostura cuyana: primero, que el comité está integrado por funcionarios provinciales de primera línea; el otro que uno de sus frentes de «trabajo» estará vinculado con la denominada «región hídrica del río Desaguadero». Esta denominación significa, desde su propio nombre, la oposición a que se constituya un organismo de cuenca sobre ese extenso sistema hídrico interprovincial.
Tras afirmar que Mendoza es una provincia caracterizada por la escasez de agua (como si en las otras no hubieran vastas áreas desérticas) y que «la defensa del dominio público hidráulico resulta trascendental», esta decisión mendocina termina reconociendo que la formación del cuerpo tiene lugar en virtud de los «nuevos conflictos interjurisdiccionales en materia de aguas sobre diferentes ríos de la provincia de Mendoza», los cuales «requieren la adopción de políticas de Estado permanentes destinadas a prevenir o atender las acciones iniciadas» por otros ante entidades de distinta condición.
Es evidente que las autoridades mendocinas se afianzan en su empecinamiento y difícilmente cambien esa actitud. Se diría que ante semejante postura, las demás provincias -y La Pampa especialmente- deberían explorar acciones más enérgicas ya que la buena voluntad y las gestiones diplomáticas y judiciales, por sí solas, no lograron avances significativos en esta larga lucha.