Milagro Sala en la cárcel, 942 días presa sin condena

LA PRIVARON DE LA DETENCION DOMICILIARIA

El caso de la dirigente jujeña pone de manifiesto la nueva forma que ha adquirido la persecución a los opositores políticos, a través de la manipulación de causas judiciales y hasta designando jueces “a medida”.
IRINA SANTESTEBAN
Ya se ha comentado mucho cómo el gobernador Gerardo Morales se aseguró un Tribunal Superior de Justicia que le fuera totalmente adicto, cuando apenas asumido en diciembre de 2015 sus legisladores votaron la ampliación de este organismo de 5 a 9 miembros. La designación de jueces con militancia en el partido del gobierno, dos de los cuales pasaron de ser legisladores a magistrados -previo votar la ampliación del TSJ-, fue el siguiente paso, con lo que todo lo que vino después forma parte de la misma novela.

Hay que condenarla.
Milagro Sala cumple hoy 942 días con prisión preventiva, porque hasta ahora no tiene ninguna condena con prisión efectiva. En el primer juicio, en diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso, como “instigadora” de daños agravados en ocasión de un escrache contra Morales (en 2009) del que no participó. También fue juzgada por una contravención, a raíz del acampe en la plaza Belgrano de San Salvador, condenada a pagar una multa y a la realización de trabajos comunitarios (lo que hizo durante casi toda su vida), siendo inhabilitada por tres años para integrar organizaciones.
En otro juicio, en diciembre de 2017, acusada de amenazas telefónicas contra dos policías, fue absuelta; y actualmente está siendo juzgada en la causa denominada Pibes Villeros, donde se la acusa de “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”, por un Tribunal que fue cuestionado por Milagro.
En resumen, la dirigente jujeña está detenida con prisión preventiva, sin condena, y no puede permanecer en esta condición más de 3 años.

Detención arbitraria.
Hay que recordar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, dictaminó en octubre de 2016 que la detención de Milagro era “arbitraria” y cuestionó en su dictamen varias irregularidades judiciales de su proceso.
Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó a la jujeña en su prisión en julio de 2017 y se entrevistó con el gobernador, luego de lo cual elevó un crítico dictamen sobre su detención, planteando que, si se la mantenía presa, debía gozar de prisión domiciliaria.
Por resolución de la Corte Suprema de Justicia (diciembre de 2017), fue beneficiada con prisión domiciliaria, que estaba cumpliendo en una casa de la localidad de El Carmen, a 60 km de la capital jujeña. En ese lugar la entrevistamos para LA ARENA el pasado 20 de enero.

Volvió a prisión.
Sin embargo, y en medio de las audiencias públicas en el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Oral Nº 3 de Jujuy, el juez Pablo Pullen Llermanos revocó su prisión domiciliaria y la mandó a una cárcel federal, en la provincia de Salta. Sin dar razones que justifiquen su decisión, hoy la detenida afronta un juicio oral en un tribunal que se encuentra a una distancia de 100 km del lugar de su detención.
Los recursos presentados por sus abogados son incesantemente rechazados, sólo así se entiende por qué Gerardo Morales se preocupó de mantener al Poder Judicial provincial bajo su férreo control político.

Testigo trucho.
El día que Milagro era trasladada para su nuevo lugar de detención, había grabado un video desde El Carmen, donde cumplía la prisión domiciliaria, denunciando la detención de Américo Celestino Romay, por falso testimonio, luego de declarar como testigo en su juicio.
Romay era presidente de la cooperativa “Pan y Trabajo”, y su testimonio había sido fundamental para la acusación; sin embargo, al momento de declarar en el juicio, el jueves 2 de agosto pasado, se desdijo de todo y afirmó que Milagro nunca obligó a nadie a facturar por obras no realizadas y que todas las decisiones las tomaban colectivamente en las cooperativas. Inmediatamente fue detenido por falso testimonio. El problema para la acusación es si la falsedad se refiere a este juicio, o la declaración que realizó -según Milagro bajo presión de Morales- cuando ésta fue detenida.

Una jueza “flojita de papeles”.
Así calificó Milagro a la jueza en la primera audiencia del juicio que se le está realizando, por esta razón fue desalojada de la sala. A los pocos días sufrió una descompensación y fue internada en el Hospital Soria, por varios días. Finalmente, la trasladaron a la prisión federal en la localidad de Güemes, Salta, adonde todavía permanece, por resolución del juez Pullen Llermanos, quien sin dar razones fundadas revoca un beneficio que está contemplado en nuestra legislación, que fue aconsejado por la CIDH, resuelto por la Corte Suprema. Así, afecta los derechos humanos de una detenida, a la que todavía no han podido condenar con pruebas firmes.
Pero si la actitud de Pullen hacia Milagro carece de la objetividad que debe tener un juez, la magistrada que preside el Tribunal que la está juzgando, está en una peor situación.
En un extenso artículo sobre la jueza María Alejandra Tolaba, la periodista Alejandra Dandan (El Cohete a la Luna, 05/08) afirma que ésta fue denunciada por la abogada penalista Ivone Gareca Raldes por estar copiándose en el examen para juez que se realizó en la capital jujeña el día 10/02/2017. A pesar de haber sido denunciada, su examen no fue impugnado, pero no hizo falta, porque fue reprobada.
Según la nota de Daldan, la jueza Tolaba se recibió de abogada en 1990 e ingresó al Poder Judicial en 1997, fue defensora entre 2010 y 2015 y luego jueza correccional, un fuero encargado de faltas menores y contravenciones por delitos con sanciones de menos de tres años. No posee estudios de posgrados, ni investigaciones académicas ni publicaciones, sólo tiene cursos y ponencias sobre mediación, algo que no se puede aplicar en el fuero penal.
En un concurso posterior, este año, no le fue mejor, quedó fuera del orden de mérito porque no alcanzó el puntaje mínimo para aprobar (20 puntos). Sin embargo la presidenta del TSJ, Titina Langhe de Falcone, correligionaria de Morales, la defendió y la designó jueza del Tribunal que hoy tiene a su cargo juzgar a Milagro, pasando por encima de los otros postulantes para el cargo, que sí aprobaron, pero que no aseguran el resultado condenatorio que quieren Gerardo Morales y el Tribunal Superior.
Esto fue lo que denunció Milagro Sala en la primera audiencia oral, y fue retirada por la fuerza pública, según el diario Clarín, por haber “insultado” al Tribunal.